El plan anticontaminación de Carmena, pendiente de la guerra electoral de 2019

La lucha contra la contaminación y, por extensión, el desarrollo de un modelo de ciudad sostenible prometen convertirse en uno de los principales temas de la campaña electoral para el Ayuntamiento de Madrid en 2019. Varias de las medidas estructurales incluidas en el plan de calidad del aire que el Gobierno de Ahora Madrid hizo público este lunes no se implantarán hasta la próxima legislatura. Este es el caso de la prohibición del aparcamiento en el interior de la M-30 a vehículos sin distintivo ambiental, prevista para 2020, o la restricción a su circulación en todo el término municipal en 2025.

Otras de ellas entrarán en vigor antes de que finalice el mandato de Manuela Carmena, como la limitación de la velocidad a 70 km/h en toda la M-30 y accesos, la restricción de la circulación en el distrito centro a los no residentes o la creación de zonas limitadas a 30 km/h. Desde el PP, avanzan ya que el plan es revertible, parcialmente o en su totalidad, si hay cambio de Gobierno en 2019. El actual equipo municipal también podría establecer modificaciones durante el preceptivo periodo de alegaciones, sobre el que el PSOE-M se ha pronunciado, avanzando que "rectificará temas y añadirá ideas".

En realidad, todos los grupos de la oposición son conscientes de que los puntos clave diseñados por el actual Ejecutivo se aplicarán en el próximo mandato municipal y, por tanto, dependerán en gran medida de quién sea el siguiente inquilino en el Palacio de Cibeles. En el partido de centro que lidera Begoña Villacís, son claros al respecto afirmando directamente que este plan "se sale de las competencias del Gobierno de Carmena". Los socialistas, en la misma línea, ya avanzan que participarán activamente en el periodo de enmiendas que se abrirá después de que la Junta de Gobierno apruebe el proyecto, y reiteraron la exigencia de que haya un compromiso claro por parte de todas las fuerzas políticas.

El concejal del PSOE encargado de esta materia, Chema Dávila, afirmó no querer "debates partidistas" e insistió en la necesidad de que "sea un proyecto de ciudad, independientemente de las legislaturas y de quién gobierne", apelando al consenso de los cuatro partidos con representación en el consistorio y a la necesaria cooperación de otras administraciones implicadas, como es la Comunidad, dirigida por Cristina Cifuentes.

Aun así, el PSOE-M lanzó críticas al proyecto ideado en el área de Inés Sabanés, buscando desmarcarse de Ahora Madrid y deslizando ciertos tintes electoralistas: "Nosotros habríamos separado el plan de calidad del aire y uno distinto sobre el cambio climático, porque estamos minusvalorando un tema fundamental que implica muchas más cosas que el estado del aire", zanjó el concejal del equipo de Puri Causapié.

La oposición: alternativas vs. prohibición

En todo caso, las formaciones políticas no han tardado en posicionarse sobre las líneas maestras presentadas por la alcaldesa y la delegada del área de Medio Ambiente. El portavoz municipal del PP, Fernando Martínez Vidal, prioriza el desarrollo de alternativas disuasorias para disminuir la contaminación en la ciudad "antes de prohibir o restringir".

Sin oponerse directamente a que los vehículos más contaminantes no circulen por el centro de la ciudad, reclama más aparcamientos disuasorios, renovación de la flota de autobuses de la EMT o ayudas a taxistas para adquirir vehículos cero emisiones. Medidas todas ellas previstas en el plan de calidad del aire. Sobre la reducción de la velocidad en la M-30 y accesos, desde el grupo municipal del PP tachan esta medida, adelantada por este diario, de "cruzada contra los conductores". Argumento similar al utilizado coincidiendo con la semipeatonalización de la Gran Vía durante el periodo navideño.

En esa línea, Ciudadanos —que también hace hincapié en los aparcamientos disuasorios— encuentra esencial que el plan incluya una bajada significativa en el precio del bono del metro y que, de forma paralela, se aumenten las frecuencias. Un mejor funcionamiento de este servicio, unido al de autobuses de la EMT, puede constituir "el arma más potente" frente al uso de vehículo privado, apunta Brabezo. El partido de centro tampoco apoya la peatonalización de las arterias principales, empezando por la Gran Vía y siguiendo por la calle Toledo, Atocha o San Bernardo —que en 2018 formarán parte del Área de Prioridad Residencial (APR) de Centro—, al entender que "generará un colapso brutal en los alrededores". Los socialistas, por su parte, recalcaron la necesidad de que haya gratuidad del transporte público en los episodios de alta contaminación y ayudas a pequeños empresarios que no puedan cambiar sus coches a tiempo, previendo incluso una moratoria para los que no tengan recursos.

Calendario de aplicación y ensayos previos

El calendario previsto para la aplicación del plan de calidad del aire dejará su implementación en manos del próximo Gobierno, irrumpiendo de lleno en la campaña electoral. Los resultados de las encuestas realizadas por el equipo de Carmena respecto a los ensayos en la Gran Vía, así como el amplio apoyo en las votaciones participativas a las propuestas ciudadanas relacionadas con la sostenibilidad, hacen pensar al actual Ejecutivo municipal que estas cuestiones suman entre el electorado.

De los 212.000 madrileños que votaron en la última consulta ciudadana, el 89,16% apoyó la propuesta 'Madrid 100% sostenible', que incluía acciones asociadas al fomento del transporte público, el uso de vehículos sostenibles, la peatonalización de las calles o el diseño de un plan para sustituir paulatinamente por vehículos eléctricos todo el parque móvil dedicado al transporte público y los vehículos municipales. Sobre las preguntas centradas en la Gran Vía, a las que respondieron 83.100 personas, un 85,49% afirmó estar de acuerdo con la ampliación de las aceras de esta calle, frente al 13,79% que rechazó la medida.

No son los únicos datos que muestran un amplio respaldo social a la estrategia de Ahora Madrid. En la misma encuesta, el 66,74% abogaba por incrementar el número de pasos de peatones, frente al 31,44%, y un 92,23% de los participantes consideró que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad en la circulación rodada en la Gran Vía, frente al 6,71% que se manifestó en contra. Porcentajes que se suman a otros datos recogidos durante el periodo de implantación de medidas restrictivas en Navidad, según los cuales el 73,3% de los encuestados las consideró positivas por disminuir el ruido, y el 65,3%, por reducir la contaminación atmosférica.