Carta de los okupas de Pozuelo a los vecinos: "Solo queremos gozar de buena convivencia"

Los ocho okupas asentados en los chalés unifamiliares del Camino de Húmera de Pozuelo de Alarcón permanecen a la espera de su futuro en la localidad con rentas más altas de toda España, que podría resolverse este jueves en la celebración del juicio rápido después de que el propietario de la vivienda —el Banco Popular— haya denunciado formalmente la okupación. La intranquilidad de los vecinos prevalece, pese al despliegue de la Policía Municipal —que sigue patrullando las 24 horas en la zona—, y el ayuntamiento que lidera la popular Susana Pérez Quislant permanece a la espera de la actuación judicial, al carecer de competencias para actuar.

Pero en los últimos días el fenómeno okupa ha dado un paso más, dejando atónito a gran parte del vecindario de la Colonia de los Ángeles. Se trata de una carta de presentación escrita por los nuevos inquilinos... y dirigida a los propietarios colindantes. En la misiva, los okupas se presentan "con cortesía y amabilidad" para advertir de que, al menos de momento, "pasamos a ser unos vecinos más del barrio". En ella, aseguran ser conscientes de que existen "herramientas jurídicas para salvaguardar su seguridad" pero, afirman, "también queremos que sean conscientes de que no somos yonkis, ni delincuentes ni tenemos coches de lujo aparcados en la puerta del que hoy es nuestro domicilio".

Fuentes del consistorio también reconocen su perplejidad ante el contenido del escrito, en el que los okupas aseguran estar "tristes y disgustados" al sentirse "prejuzgados" por culpa de malas experiencias que hayan podido tener los propietarios de la zona previas a esta okupación. "No queremos asustarles, ni que nos vean como monstruos desalmados que se drogan y se dedican a la mala vida", dicen para afirmar que su intención no es otra que la de "aportar el grano de arena necesario para la buena convivencia". La intención de 'colaborar' es tal que la carta afirma la posibilidad de, "dependiendo de la decisión que tome la autoridad judicial" —es decir, si consiguen permanecer en el inmueble—, "sanear el lugar". Y para ello los okupas proponen "pedir al 010 de este nuestro ayuntamiento los cubos de basura pertinentes para colaborar con el buen aspecto de la calle".

Los habitantes del Camino de Húmera 60 no cesan en sus propuestas y animan a los vecinos "a participar de estos cambios en favor de la comunidad", tras afirmar que no tienen "ningún problema en que nos conozcan" y, de hecho, insisten: "No tenemos problema en devolverles el saludo si eligen saludarnos". En la despedida, los okupas insisten en que "solo queremos un sitio donde dormir, fuera del banco de un parque o un cajero" y recordando que "no le roban la casa a nadie" porque los chalés ocupados —tres en total, que se comunican desde el interior— y cuyo propietario es una entidad bancaria, pertenecen a una obra paralizada hace años. "Nuestro deseo es que ambas partes gocemos de una convivencia constructiva, humana y solidaria".

El consistorio de Pozuelo, por su parte, desplegó la semana pasada tres patrullas de la Policía Municipal mañana, tarde y noche a las puertas de la vivienda para asegurar, en la medida de lo posible, la tranquilidad de los vecinos en un barrio completamente residencial, aplicando las escasas medidas a las que el ayuntamiento tiene acceso, dadas sus competencias. Los próximos pasos dependerán del procedimiento que inicie el juez, previsiblemente este jueves.

La decisión que tome el magistrado será crucial para las medidas que puedan tomarse después de que el propietario se pronunciara hace días formalizando la denuncia. La única posibilidad efectiva, según explicaron fuentes jurídicas consultadas por este diario, sería que la autoridad judicial imputara un delito de desobediencia a los okupas, que fueron desalojados el pasado 14 de febrero y que retornaron a la vivienda por haber incumplido la orden de lanzamiento emitida por un juez. Si el desalojo se produce, el propietario ya podría poner en marcha otras medidas cautelares, como tapiar la puerta de entrada y contratar seguridad privada para evitar que nuevos okupas tomen el lugar.

Las mismas fuentes insisten en que si el propietario del inmueble no actúa y si no se realiza un cerramiento de la vivienda, es probable que otros okupas entren en la casa e inviten a otros nuevos a los que no se les pueda aplicar el delito de desobediencia, habida cuenta de cómo funciona el 'modus operandi' del movimiento.

Los conocimientos jurídicos de los okupas

Aunque la carta dirigida a los vecinos ha sumido a vecinos y corporación municipal en el asombro, no es la primera vez que los okupas demuestran sus conocimientos jurídicos vía escrito. De la puerta principal cuelga desde hace días un documento impreso que pone negro sobre blanco el asesoramiento jurídico que los okupas reciben y, según ellos, de forma gratuita.

"Advertencia legal sobre la vulneración de la inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales", afirma la nota de los ocupantes, que lanzan un verdadero órdago a las autoridades y a la corporación municipal: "Este es —al menos provisionalmente— nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí. Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa, a recurrir la vía judicial". Y es más, afirmaban: "La entrada a este nuestro domicilio sería denunciada porque incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada".