La Cámara paga el abogado de su 'ex' Arturo Fernández, investigado por prevaricar

La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, una corporación de derecho público tutelada por el Gobierno regional, está asumiendo actualmente los honorarios de la defensa del que fuera su presidente Arturo Fernández. No en el caso de las 'black', en el que Fernández está procesado por la Audiencia Nacional por gastarse 37.326 euros con las tarjetas opacas durante su etapa como consejero de la entidad, sino en otro procedimiento abierto por el juzgado de instrucción número 23 de Madrid, después de que la Fiscalía detectara anomalías en el método de contratación de la arquitecta que llevó a cabo las obras de remodelación de una de las sedes de la Cámara, la de la plaza de la Independencia.

Un portavoz de la Cámara ha confirmado que la institución "cubre los gastos de don Arturo Fernández que pudieran derivarse de ese procedimiento judicial, ya que en el año 2013, fecha en la que se llevó a cabo la contratación de la dirección facultativa de las obras de la plaza de la Independencia, Arturo Fernández era el presidente de la Cámara de Madrid". El mismo portavoz destaca que "es política general de la Cámara asumir los gastos que pudieran derivarse de algún procedimiento judicial contra alguna persona o directivo, por el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio obviamente, en caso de resultar condenado, de reclamarle la devolución de las cantidades satisfechas en su defensa".

Fernández ya ha sido llamado a declarar como investigado (la nueva figura jurídica de la imputación), al igual que el actual director gerente de la Cámara. También han sido citados como testigos la arquitecta contratada para la remodelación, Begoña Díaz-Urgorri, y otros dos profesionales que también presentaron oferta. El juzgado inició la investigación a finales de agosto de 2016, meses después de que Fernández se viera obligado a dimitir (febrero de 2016) acosado por los múltiples frentes judiciales que tenía y tiene abiertos, presionado por la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

La Cámara de Cuentas de Madrid (que también fiscaliza a la Cámara de Comercio) ya aseguró en un informe que la cuantía de la contratación del arquitecto que iba a remodelar la sede exigía que "se adjudicase mediante procedimiento abierto". Sin embargo, se propuso "la contratación por medio de adjudicación directa sin justificar la concurrencia de alguna de las causas que permiten la utilización de este procedimiento de adjudicación". Posteriormente, una vez tramitado el procedimiento de adjudicación, Arturo Fernández (presidente entre 2010 y principios de 2016) suscribió que la licitación directa se había seguido "por razones de imperiosa urgencia", cuando al parecer no se daban los criterios para esa extrema necesidad.

TE PUEDE INTERESAR

Cisma en la Cámara de Madrid por el destino de 403.000€ en época de Arturo Fernández

David Fernández

"La necesidad de contratar la dirección facultativa de unas obras programadas no puede, salvo mejor explicación, considerarse de imperiosa urgencia por acontecimientos imprevisibles para la Cámara y no imputables a ella", señala en su informe la Cámara de Cuentas. La Mesa de Contratación de la Cámara de Comercio pidió tres ofertas a tres estudios de arquitectos, que presentaron presupuestos por valor de 141.000 euros, 308.000 euros y 342.514 euros. La Cámara solicitó después una rebaja de las ofertas.

Finalmente, el presidente decidió adjudicar el contrato al estudio que inicialmente había realizado la oferta más cara por un precio de 220.000 euros, "aduciendo como justificación que a dicho profesional ya se le había encomendado la dirección de otras obras, las del Palacio de Santoña, y considerando la amplia experiencia y profesionalidad demostrada en la relación habida hasta el momento con él". Se trata de Begoña Díaz-Urgorri, que ya había realizado la remodelación de otra de la sedes de la Cámara, la de la calle Huertas.

De la Cámara de Cuentas a la Fiscalía

Las conclusiones de la Cámara de Cuentas eran demoledoras: "El correspondiente expediente de contratación adolece de una completa falta de transparencia, de manera que no están justificadas las razones de la adjudicación directa. Se desconoce por qué se invitó a tres profesionales determinados así como cuáles eran los criterios de adjudicación inicialmente previstos. Además, los motivos indicados para realizar la adjudicación no explican por qué no se realizó a quien había presentado la mejor oferta una vez que había sido invitado a participar porque era considerado solvente para acometer la prestación". Por último, "la tramitación seguida contradice la imperiosa urgencia que se utiliza como justificación, ya que la tramitación de la adjudicación realizada personalmente por el presidente al margen de toda previsión en las normas internas retrasó un mes todo el proceso".

La Cámara lo remitió a la Fiscalía, que decidió la apertura de diligencias ante indicios de que pudo cometerse un delito de prevaricación. "Desde un punto de vista procesal, la apertura de esta investigación no supone ninguna inculpación. El juzgado no ha formulado ninguna acusación, limitándose a tramitar una denuncia conforme al procedimiento habitual. Rige, por supuesto, la presunción de inocencia de las personas investigadas", señala el acta del pleno de la Cámara donde se trató el asunto. El mismo acta que revela que el comité ejecutivo de la Cámara decidió por unanimidad el pasado 22 de septiembre "asumir el pago de todos los gastos, fianzas, responsabilidad civil o garantías de cualquier clase, y honorarios profesionales, a que pudieran quedar sometidas las personas investigadas, y en su caso, cualesquiera otros miembros del comité ejecutivo y pleno, directivos y empleados que pudieran ser citados como investigados en el futuro en dicho procedimiento".

TE PUEDE INTERESAR

El juez de Púnica investiga la financiación ilegal del PP con contratos de Arturo

David Fernández José María Olmo

Llama la atención también que en el acta que recoge lo hablado en la reunión del pleno, el presidente de la Cámara, Juan López-Belmonte, señaló que había informado de este procedimiento judicial a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y también a la directora general de Comercio y Consumo, "expresando ellas su apoyo" al director gerente, que también ha sido citado a declarar como investigado.

Otro juzgado, el número 46 de Madrid, investiga si la Cámara financió irregularmente a algunas asociaciones empresariales, un caso que también ha salpicado a otro expresidente de la institución, Salvador Santos Campano. La Fiscalía indaga si las subvenciones que recibía la Cámara para realizar cursos de formación fueron utilizadas por la patronal madrileña CEIM para financiarse irregularmente. ¿Cómo era la operativa? CEIM pedía al Gobierno regional ayudas públicas para formar a sus trabajadores, y luego transfería ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la Cámara, para que impartiera los cursos.

Para realizar los cursos, la ley permite que un 10% de la subvención retorne a las entidades empresariales para poder sufragar actividades relacionadas con los cursos, como puede ser pagar publicidad para promocionarlos, pagar las facturas de la luz durante las clases o material relacionado con las mismas. Ese 10%, conocido como retorno, pudo ser utilizado para otros fines (como ferias de la tapa), según los investigadores, que ayudaron a financiar irregularmente a las asociaciones empresariales.