La cruzada del alcalde de Alcorcón: 302 multas a vecinos incívicos (que le insultan)

La Policía Local de Alcorcón (municipio del sur de Madrid de 168.000 habitantes) ha impuesto en los dos últimos años (ejercicios 2015 y 2016) un total de 302 multas a vecinos de la localidad que han incumplido la ordenanza municipal de convivencia, que castiga por ejemplo insultos y burlas. De todas ellas, siete se tramitaron porque los presuntos infractores menospreciaron al alcalde, el popular David Pérez, en la picota mediática por sus comentarios machistas que han provocado que la oposición en pleno haya pedido su renuncia y varias manifestaciones exigiendo su dimisión.

Como ya publicó el Confidencial, Peréz utiliza esta ordenanza, que aprobó el Gobierno socialista que le precedió, para perseguir económicamente a los vecinos que le hacen algún gesto, le insultan, le increpan o simplemente reprueban su gestión. Como Ángel Fernández, multado con 1.000 euros en julio de este año después de dirigirse al regidor llevándose la palma de la mano a la cara, es decir, realizando el gesto de caradura. El artículo 9.1 señala que "está prohibida toda conducta de desprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea de contenido xenófobo, racista, sexista o de cualquier otra condición personal o social mediante insultos, burlas, molestias, coacciones, agresiones o conductas análogas, de hecho, de palabra o por escrito". Considerada infracción grave, la multa por insultar puede llegar a los 1.500 euros.

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EC/Agencias

En un principio, un portavoz del Ayuntamiento informó a El Confidencial que desde que David Pérez gobierna (junio de 2011), la Policía Local había aplicado el artículo 9.1 contra vecinos de la localidad en 35 ocasiones, sin matizar, "por protección de datos", cuántas multas se habían impuesto por conductas de desprecio contra el regidor. Una vez publicada la información, el Consistorio comunicó a este diario que se había equivocado al contabilizar los datos, y que solo en los dos últimos años, 2015 y 2016, las sanciones por el artículo 9.1 ascendían a 67, de las que siete se habían expedido contra vecinos que han insultado a Pérez. Obviamente no están todas las que son. Este diario ha accedido a multas por "proferir insultos contra el excelentísimo alcalde de Alcorcón en su presencia" puestas en ejercicios anteriores, como 2012.

La cruzada cívica de Pérez ha sumado solo en estos dos últimos años 302 sanciones por incumplir esta ordenanza. Las multas suman 87.300 euros. Esta normativa, titulada "para la convivencia ciudadana y de prevención de actuaciones antisociales", entró en vigor en abril de 2007. Su articulado es bastante amplio y su objeto, "establecer aquellas normas que favorezcan el normal desarrollo de la convivencia ciudadana y sirvan de prevención de actuaciones perturbadoras". El PSOE, que gobernaba cuando se aprobó, asegura que nunca la aplicó para castigar a los vecinos que criticaban la gestión del alcalde. La cuantía de las sanciones oscila entre los 750 y los 3.000 euros.

Competencia de la Policía Local

Un portavoz municipal asegura que son "los agentes de la Policía Local los que tienen la competencia única en esta materia" y que no hay ninguna orden de David Pérez para perseguir a los vecinos que le increpan. "Esta normativa no se ha hecho para el alcalde, ni es él quien manda a la Policía a multar. No se puede consentir que se insulte a ningún policía, así como a ninguna autoridad ni ningún vecino. Si los agentes municipales vieran cualquiera de estas situaciones y no hicieran nada harían dejación de sus funciones", señalan desde el Ayuntamiento.

"También hay multas por insultos a policías y otras por insultos o conductas contra ciudadanos de a pie. Además, se sancionan otro tipo de conductas incívicas así como cualquier comportamiento discriminatorio, colocar carteles, pancartas o adhesivos que no estén situados en lugares apropiados, venta ambulante, prácticas de juegos con instrumentos y objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público o realizar actividades y prestar servicios no autorizados en los espacios públicos, entre otros. Curiosamente, de las 67 multas que se han puesto por insultar, las del alcalde son las que conllevan una sanción económica más alta, 1.000 euros.

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La ordenanza también prohíbe "la venta ambulante o en puestos o mercadillos que no se encuentren debidamente autorizados". Estas han sido las más comunes: 198 multas. También llama la atención que Alcorcón haya puesto 11 multas por "realizar actividades y prestar servicios no autorizados en los espacios públicos, como dar masajes, videncias y tarot". En estos dos años también se han tramitado cinco multas por "prácticas de juegos con instrumentos u objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público o que puedan afectar a la integridad de los bienes, servicios, instalaciones públicas o privadas" y otras cuatro por "la práctica de juegos de acrobacia y juegos de habilidad con patines o monopatines fuera de las áreas destinadas a tal fin, así como realizar tales prácticas en escaleras para peatones o cualquier instalación de mobiliario urbano".

También dentro de los plenos

Al margen de la ordenanza de convivencia, David Pérez ha impulsado multas a los vecinos que acuden a los plenos municipales y al parecer no se comportan como a él le gusta. El pasado mes de junio, Ana Gómez, la concejala delegada de Presidencia, presentó en la Junta de Gobierno Local una proposición para iniciar expedientes sancionadores contra 36 vecinos. La Policía Local elevó dos informes "donde constan los nombres y números de DNI de personas que fueron expulsadas de distintas sesiones del pleno por el señor alcalde". Para sancionar a estos vecinos, el ayuntamiento utiliza el Reglamento Orgánico Municipal.

Según el artículo 79.3 del mismo, "el público asistente a las sesiones no podrá intervenir en estas, ni tampoco se permitirán manifestaciones de agrado o reprobación, ni utilizar voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión, pudiendo el presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión e incluso ordenar su detención si sus acciones fueran pertinaces o punibles". Las sanciones oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.