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La Audiencia ya investiga por malversación el falso 'pelotazo' del Canal de Isabel II en Brasil
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La Audiencia ya investiga por malversación el falso 'pelotazo' del Canal de Isabel II en Brasil

Inassa, la filial suramericana del Canal, adquirió por 21 millones de euros la sociedad Emissao, que un año después valía cuatro veces menos. Cifuentes lo denunció a la Fiscalía

Foto: Trabajadores del Canal de Isabel II
Trabajadores del Canal de Isabel II

La Audiencia Nacional ya investiga la sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros, cuatro veces menos. La Audiencia ha abierto una investigación para ver si hubo malversación de fondos públicos en esta operación, que supuso la destitución de la directora financiera que avaló la compra, María Fernanda Richmond.

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El gran investigado, no obstante, es el que fuera presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, que también fue destituido por la presidenta regional, Cristina Cifuentes, después de que El Confidencial desvelara que aparecía en los 'papeles de Panamá' ocupando cargos de responsabilidad en tres firmas de Hong Kong (paraíso fiscal hasta abril de 2012) constituidas por el bufete panameño Mossack Fonseca. La investigación ha llegado a la Audiencia después de que el Ejecutivo autonómico presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado tras detectar "anomalías" en la compra de Emissao. Según fuentes jurídicas, el caso ha recaído en el juez de refuerzo del juzgado número 6 (cuyo titular es Eloy Velasco). Este magistrado de apoyo acaba de finalizar su comisión de servicios, luego el caso pasará a Velasco.

Fuentes del Canal aseguran que el precio de compra de Emissao fue muy superior valor de la compañía cuando se adquirió y que no se realizaron los controles de auditoría que exige una operación de este tipo. Además, Inassa pagó la compra en tres plazos que se abonaron en apenas dos meses, algo totalmente inusual en este tipo de operaciones. El vendedor, un empresario brasileño, exigió que 57 de los 68 millones de reales se transfirieran a la sucursal suiza del Royal Bank of Canadá.

Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa "constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL", con domicilio social en Montevideo, Uruguay. La principal actividad de esta sociedad es la "inversión y tenencia de activos", según reza el informe financiero del Canal del año 2014.

Foto: María Fernanda Richmond.

El 14 de noviembre de 2013, Soluciones Andinas adquirió el 75% de Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda., con sede en Río de Janeiro (Brasil) y especializada en ingeniería de obra pública relacionada con el mantenimiento, explotación, distribución y saneamiento del agua. Esa compra se ejecutó con Edmundo Rodríguez como presidente de Inassa. Para realizar la adquisición de Emissao, Canal Extensia prestó 14,4 millones a Soluciones Andinas y siete millones a Inassa. En esos momentos, el presidente de la Comunidad era Ignacio González y el presidente del Canal, Salvador Victoria, imputado en la actualidad en el caso Púnica.

Pero Soluciones Andinas de Aguas no se constituyó de la nada, como deja entrever ese informe. Ya existía. Antes se llamaba Turman Investments, creada en septiembre de 2008 en Uruguay. Turman cambió de nombre en marzo de 2013, por lo que ocho meses antes de su supuesta constitución, Soluciones Andinas ya estaba creada. Canal Extensia e Inassa no tienen el 100% de Soluciones Andinas del Agua, sino el 90,6%. ¿Quién tiene el resto? Según el registro, otra empresa, Yavango Investment INC. La denuncia inicial del Gobierno de Cifuentes relata con mucho detalle estas sospechosas relaciones societarias.

Foto: Cifuentes hace balance gestiÓn

Yavango aparece también en los ya famosos papeles de Panamá. Fue constituida en noviembre de 2006 en Panamá por el bufete Mossack Fonseca. La orden partió de la empresa Igmasa Management, propiedad del abogado andorrano Ignasi Maestre Casanovas, testaferro de futbolistas de élite e imputado por un juzgado madrileño por diseñar el entramado societario que trasladó a Portugal los derechos de imagen de Xabi Alonso, ex futbolista del Real Madrid.

Cifuentes 'invita' a irse al gerente de la Triple A

Otro de los directivos latinoamericanos del Canal que dejará el cargo es Ramón Navarro Pereira. Es gerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP (más conocida como la Triple A colombiana), la 'joya de la corona' del Canal al otro lado del Atlántico. El Canal tiene el 67,9% de la Triple A a través de Inassa, su filial.

Navarro Pereira dirige junto a su mujer la firma Quartsun Develop Inc., creada por el despacho Mossack Fonseca en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. El escándalo publicado por El Confidencial provocó que el Ejecutivo autonómico haya exigido la marcha de Navarro Pereira, que ha aferrado a la silla durante meses. Finalmente dejará el cargo voluntariamente el 31 de diciembre, aunque fuentes del Gobierno regional aseguran "que se le ha invitado a irse". 

La Audiencia Nacional ya investiga la sospechosa compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Como adelantó El Confidencial, el Gobierno regional presidido entonces por Ignacio González pagó 68 millones de reales brasileños (21,4 millones de euros) por esta compañía, que un año después tenía un valor contable de solo cinco millones de euros, cuatro veces menos. La Audiencia ha abierto una investigación para ver si hubo malversación de fondos públicos en esta operación, que supuso la destitución de la directora financiera que avaló la compra, María Fernanda Richmond.

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