Es noticia
Cifuentes contrata a Garrigues (en un día) porque Gallina Blanca exige 72,5 millones
  1. España
  2. Madrid
por un pelotazo fallido en arganda

Cifuentes contrata a Garrigues (en un día) porque Gallina Blanca exige 72,5 millones

La Comunidad de Madrid adjudica en un tiempo récord por 230.000€ al prestigioso bufete la asesoría jurídica tras la multimillonaria demanda de la empresa que hace las sopas

Foto: La presidenta regional, Cristina Cifuentes.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes.

La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes ha contratado al prestigioso bufete Garrigues para que la asesore en la defensa jurídica tras la demanda que ha presentado contra el Gobierno regional la empresa Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas Gallina Blanca. Airina reclama desde mayo de este año una indemnización de 62.916.000 euros, a los que hay que sumar 9.631.319 euros de intereses, por el fallido pelotazo en los terrenos que esta compañía tenía en Arganda del Rey y que vendió a la empresa pública Arpegio, dependiente del Ejecutivo autonómico.

Madrid pagará a Garrigues 225.000 euros tras licitar un contrato negociado sin publicidad que se adjudicó en un tiempo récord, un día laborable. Y es que los plazos apretaban, se justifican desde Nuevo Arpegio (la nueva denominación de Arpegio, ente público que Cifuentes ya ha anunciado que va a fusionar en Obras de Madrid). El juzgado de primera instancia número 84 de Madrid notificó la demanda civil de Airina el 26 de mayo, y daba un plazo de 20 días a Nuevo Arpegio para presentar alegaciones y contestar a la demanda. Si no era así, "se declaraba en rebeldía a Nuevo Arpegio y no podríamos haber acudido a ningún otro trámite en el juicio", explican desde la comunidad.

Foto: Los terrenos que Airina vendió a Arpegio y donde se celebraron tres ediciones del Rock in Rio

El 3 de junio, viernes, Nuevo Arpegio solicitó a cuatro prestigiosos despachos, Uría Menéndez, Pérez Llorca, Garrigues y Cuatrecasas, que presentaran ofertas para la asistencia jurídica. De los cuatro, solo dos quisieron participar en la licitación, Uría Menéndez y Garrigues, que presentaron su presupuesto: Uría, 230.000 (IVA no incluido), y Garrigues, 225.000 euros. La mesa de contratación se reunió el 6 de junio, lunes, tras el fin de semana, y propuso la oferta más barata, la de Garrigues. Las normas de contratación permiten que las adjudicaciones de servicios jurídicos, con independencia de su cuantía, se liciten por procedimiento negociado sin publicidad tras la invitación de al menos tres ofertas. Desde la comunidad recalcan que la "imperiosa urgencia" de la demanda exigía este tipo de contratación.

Nuevo Arpegio analizó la demanda con su personal jurídico en cinco días, entre el 26 de mayo y el 3 de junio, periodo en el que además se preparó el pliego de condiciones del contrato de asistencia jurídica y se invitó a varios bufetes. "Luego se adjudicó exclusivamente a precio, a la oferta más barata". Desde Ciudadanos, destacan la falta de previsión de este Gobierno y de sus predecesores, ya que se estaba hablando y negociando con Airina desde el año 2012 y se sabía que la demanda podía llegar en cualquier momento.

"Plazos extraordinarios"

"Se forzó a los concurrentes a aceptar un plazo extraordinario para presentar oferta, dejando a las empresas jurídicas que querían hacerlo apenas un día laborable para, nada menos, analizar una demanda compleja y analizar los recursos necesarios que tienen para contestarla", señala la diputada de Ciudadanos Dolores González, que ha llevado al asunto a la comisión de vigilancia de contrataciones de la Asamblea. "Una de dos: o Arpegio tenía la decisión tomada de antemano sobre a quién se iba a adjudicar o, lo que es peor, quizá la adjudicataria ya estaba trabajando de antemano y, por tanto, estaba haciendo uso de información confidencial antes de la firma de un contrato", señala González.

Airina, que tuvo en Arganda del Rey sus granjas avícolas, vendió el 7 de julio de 2005 a Arpegio 35 parcelas (2,3 millones de metros cuadrados) por 5,83 millones de euros (IVA incluido) y el "26% de la edificabilidad lucrativa neta total, obtenida como resultado del proceso de recalificación urbanística que afecte a la totalidad de las fincas transmitidas", según reza la escritura de compraventa. "Por edificabilidad lucrativa neta se entiende la susceptible de comercialización por parte del promotor o propietario y referida al suelo destinado a actividades empresariales, industrial, terciario o similar". El presidente de Arpegio cuando se produjo la firma era Francisco Granados, hoy en prisión por el caso Púnica.

El precio de esas 35 parcelas se valoró en 20 millones de euros. Es la cantidad que Nuevo Arpegio tiene consignada en sus cuentas, "el valor de la deuda que existía con Airina". Arpegio tenía siete años para desarrollar el ámbito y venderlo, algo que finalmente no se ha hecho. Once años después, Arpegio no ha podido revender los terrenos y ya ha desembolsado 33 millones en gastos. Airina, por su parte, reclama 62,9 millones (y 9,6 millones de intereses) porque considera que es el valor actual de los derechos de edificabilidad que no ha recibido porque la operación no ha cuajado.

Foto: Los terrenos adyacentes al parque de la Warner, en San Martín de la Vega.

Gastos y más gastos

El ámbito, junto al kilómetro 32 de la A-3, en el término municipal de Arganda del Rey, fue bautizado como Unidad de Ejecución 141 Gallina Blanca. Para desarrollarlo, hubo que firmar un convenio con el ayuntamiento, que ha supuesto el mayor gasto hasta la fecha, 11,2 millones de euros. Mientras llegaba un comprador, el consistorio solicitó parte de los terrenos para celebrar el festival de música Rock in Rio, que solo albergó tres ediciones: 2008, 2010 y 2012. La construcción de un tercer carril en la A-3 para facilitar el acceso a este festival supuso un gasto de 1,43 millones. Arpegio también gastó 300.000 euros en liquidar los derechos de explotación mineros que tenían algunas de las fincas afectadas. Los proyectos de demolición han supuesto 746.000 euros y los proyectos técnicos de urbanización de la zona, otros 447.400 euros. Las propias obras de urbanización suman otros 6,3 millones de euros.

La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes ha contratado al prestigioso bufete Garrigues para que la asesore en la defensa jurídica tras la demanda que ha presentado contra el Gobierno regional la empresa Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas Gallina Blanca. Airina reclama desde mayo de este año una indemnización de 62.916.000 euros, a los que hay que sumar 9.631.319 euros de intereses, por el fallido pelotazo en los terrenos que esta compañía tenía en Arganda del Rey y que vendió a la empresa pública Arpegio, dependiente del Ejecutivo autonómico.

Garrigues Cristina Cifuentes Indemnizaciones Adjudicaciones Noticias de Madrid
El redactor recomienda