Dos ancianos sordomudos, desahuciados en enero tras avalar la vivienda de un hijo

La orden judicial es clara. Antonio y María del Carmen deberán abandonar la casa en la que llevan viviendo más de 40 años antes del 30 de enero de 2017. Él tiene 76 años y ella 81. Ambos son sordomudos (ella de nacimiento y él por una meningitis contraída cuando era niño), no saben leer ni escribir y tienen una minusvalía reconocida del 70%. A pesar de su delicada situación, un juzgado de Parla les notificó el pasado 28 de septiembre que deben "desalojar y dejar a la libre disposición del ejecutante la vivienda situada en la calle Velázquez de Pinto bajo apercibimiento". El piso lo reclama Bankia, la entidad que concedió un préstamo de 230.000 euros a su hijo Gregorio.

El barrio de El Prado, en Pinto, un municipio del sur de Madrid donde vive el anciano matrimonio, se ha empezado a movilizar para intentar ayudarles, incluso con un vídeo para contar su historia. Su abogada, Carmen Ten, ha pedido una moratoria del alzamiento para ganar tiempo. Cree con toda seguridad que Antonio y María del Carmen están dentro de los supuestos de especial vulnerabilidad recogidos en la ley. Desde mayo de 2013, las "medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social" permiten una moratoria de dos años en la ejecución de desahucios para familias numerosas, familias monoparentales con dos hijos, familias con un menor de tres años, las víctimas de violencia de género o aquellas familias con algún miembro discapacitado.

El reloj, no obstante, ha empezado su cuenta atrás para Antonio y María del Carmen mientras el juzgado no autorice la moratoria. Lo que sí ha autorizado a la entidad financiera es a que "pueda valerse del auxilio de la fuerza pública y de los servicios de un cerrajero". En realidad el reloj empezó a retroceder en marzo de 2005, cuando el hijo pequeño del matrimonio (tuvieron cuatro hijos, pero uno falleció con 21 años) llevó a sus padres a un notario de Parla para que avalaran con su casa de Pinto un préstamo para comprarse una vivienda. El crédito fue de 219.500 euros. Cinco años después, en febrero de 2010, se produjo una ampliación del préstamo por valor de 10.407 euros. Esta vez en un notario de Pinto.

Firman con un garabato

"Mis padres no sabían en ningún momento lo que estaban firmado. Son analfabetos. No sabían que estaban avalando un préstamo. No lo sabían. Mi hermano les utilizó. Firman con un garabato", señala Benjamín Pleguezuelos, otro de los hijos. En ambas escrituras (las del primer préstamo y la ampliación) los notarios dejan claro "que no saben leer" y "por mis explicaciones verbales, hacen constar su consentimiento a la presente escritura y la firman conmigo". Pero lo más llamativo es que aunque el matrimonio es sordo, el notario les lee "en voz alta". Benjamín muestra su indignación. "¡El notario les lee en voz alta! Pero si debe saber que son sordomudos. No saben ni siquiera el lenguaje de signos. Nos comunicamos con una especie de lenguaje propio que hemos inventado. Los notarios debían saber que mis padres no estaban capacitados para firmar nada".

La abogada del matrimonio solicitó la nulidad del préstamo "por vicios en el consentimiento", pero el juzgado rechazó la petición. Para ello utilizó una sentencia del Tribunal Supremo de 1934, que señala que los notarios dan fe de la capacidad legal de las personas, y por tanto que si certificaron la firma del préstamo este tiene validez. Un argumento que obviamente no comparte la letrada Carmen Ten, que ha recurrido esta decisión en la Audiencia Provincial de Madrid. También prepara una querella pena por un presunto delito de falsedad en documento público contra los dos notarios (el que validó el primer préstamo y el que validó la ampliación posterior), "ya que deberían haber sabido que Antonio y María del Carmen no tienen plena capacidad para firmar lo que firmaron".

Benjamín Pleguezuelos espera mientras tanto que Bankia reconsidere su decisión, ya que sus padres necesitan su casa, acondicionada para su minusvalía. Un sistema de luces les ayuda a saber cuando llaman a la puerta o al teléfono. Y si no es así, que les ayude con un alquiler social. "El banco también tiene su responsabilidad. Mi hermano volvió a utilizar a mis padres y les utilizó para solicitar una línea de crédito de 6.000 euros. Tampoco sabían lo que estaban firmando y el banco lo consistió". La situación es delicada. "Mi hermano dejó de pagar al banco. Tenemos entendido que vendió el piso que compró usando el aval de mis padres, pero hace tiempo ya que no hablamos con él. Ha dejado a mis padres al borde del desahucio".

Los dos llevan muchos años jubilados. Antonio fue carpintero y luego trabajó muchos años colocando puertas blindadas. María del Carmen ha sido toda su vida ama de casa. Él cobra una pensión de 600 euros y ella una ayuda del Estado de 150 euros por su minusvalía. Bankia, por su parte, asegura que les va ayudar ya que la entidad ha firmado el código de buenas prácticas. "Son deudores hipotecarios y su situación es especial, es un colectivo de especial vulnerabilidad. Se les va a dar una solución habitacional, que seguramente pase por un alquiler social".