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Cifuentes reclama 15,1 millones a Florentino Pérez por el fiasco de la línea 7 de Metro
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Cifuentes reclama 15,1 millones a Florentino Pérez por el fiasco de la línea 7 de Metro

El Gobierno regional presenta una reclamación por daños contra Dragados, adjudicataria de la ampliación de la línea 7, tras tener que invertir en obras de mejora desde el año 2008

Foto: Florentino Pérez y Cristina Cifuentes.
Florentino Pérez y Cristina Cifuentes.

El Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes ha presentado una reclamación de daños y perjuicios contra la constructora Dragados, propiedad de ACS, tras el fiasco que ha supuesto la obra de ampliación de la línea 7 de Metro de Madrid, que conecta la capital con el municipio de San Fernando de Henares. Este tramo fue inaugurado en mayo de 2007, pero los problemas comenzaron un año después, en agosto de 2008. Desde entonces, la Comunidad de Madrid se ha gastado 15,1 millones en trabajos de mejora, sobre todo en asentar un terreno que sufre de continuas filtraciones de agua. El Ejecutivo autonómico tiene claro que la constructora dirigida por Florentino Pérez es la responsable de los vicios ocultos detectados tras las obras. La cantidad exacta: 15.110.743 euros. Es solo el primer paso, ya que la comunidad está reclamando ahora las obras que ha tenido que asumir y que ya están finalizadas, no las que sigue realizando sobre el terreno. En los próximos meses, la Consejería de Transportes exigirá a Dragados otros seis millones de euros más por estos trabajos aún sin finalizar.

La prolongación de la línea 7 del metro fue ejecutada por el Gobierno de Esperanza Aguirre entre los años 2003 y 2007. El proyecto se dividió en tres tramos, aunque el que ha dado problemas es el tercero, entre Coslada y San Fernando de Henares, con una longitud de 6,65 kilómetros y seis estaciones, una de ellas intercambiador. Aguirre inauguró los tres tramos el 5 de mayo de 2007 (con una paella para 2.000 personas y un concierto de Antonio Carmona incluido), 22 días antes de las elecciones autonómicas. Dragados se llevó la adjudicación de dos de los tres tramos por 220 millones de euros.

Pero los problemas comenzaron enseguida, en agosto de 2008, sobre todo porque el terreno en el que se construyó el último tramo adolece de un problema endémico: filtraciones de agua con alto contenido en sales que afectan al suelo. Metro ha tenido que hacer trabajos en 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. De hecho, aún continúan las obras. El tramo entre las estaciones de La Rambla y Hospital del Henares (cinco paradas) se tuvo que cerrar en noviembre del año pasado "para acometer unas obras de consolidación del terreno". En abril de este año, Metro reabrió dos de las cinco estaciones, pero tres todavía seguirán cerradas previsiblemente hasta el 9 de octubre de este año.

El problema es el terreno. Siempre lo ha sido. El suelo es de "alta complejidad y riesgo, con abundante presencia de yesos y sales", como ya explicaba el año pasado en la Asamblea de Madrid el director general de Infraestructuras. El trazado de ampliación de la línea 7 discurre por una zona de vertientes y terrazas del río Jarama, cuyo curso se encuentra próximo a dos de las estaciones, Jarama y Henares. "El sustrato de la zona está formado por los materiales detríticos terciarios típicos de la cuenca de Madrid, constituidos por arenas y arcillas, alternando con yesos, y que conforman un acuífero multicapa, sobre el que se encuentran depósitos aluviales cuaternarios muy permeables, especialmente al final del tramo. Los materiales cuaternarios dan lugar a acuíferos libres colgados y superficiales muy ligados al régimen de precipitaciones".

Sales no identificadas en estudios geológicos

La comunidad está convencida de que Dragados ha sido negligente y que realizó "una deficiente ejecución de las obras", lo que provocó unos "vicios ocultos" que no se manifestaron cuando se inauguró el tramo, sino después. Los terrenos de la zona contienen arcillas y yesos, en algunos casos con presencia masiva en proporciones superiores al 80%". Estos yesos contienen sales: halita, thenardita y glamberita, de gran solubilidad. Durante la ejecución de la obra no se tuvo en cuenta la presencia de estas sales, y además se utilizaron cementos sin cualidades sulforresistentes para actuar mejor contra esas sales. Un cóctel peligroso. En definitiva, Dragados no se percató de esas sales en los estudios geológicos del proyecto y encima utilizó materiales que no minimizaban sus efectos.

Para intentar resumir gráficamente lo que ha pasado, esta gran cantidad de sales ha generado cavidades y compactación del terreno, lo que en cierta medida ha retorcido el túnel del metro (en algunos tramos, descendió 10 centímetros). Además, "un deficiente funcionamiento" de las juntas de impermeabilización entre las dovelas del túnel ha hecho que se filtre agua por ellas, perjudicando toda la infraestructura. El Gobierno regional ha tenido que construir un túnel alrededor del túnel, realizando importantes perforaciones de cemento para consolidar y elevar el túnel en algunos tramos.

Foto: Cristina Cifuentes, en la presentación de la campaña que autoriza la entrada de perros en el metro de Madrid.

Es como si el túnel fuera una pajita para beber y se pusiera alrededor "el tejido de una oruga, llena de pinchos para consolidar el túnel". Dragados ya ha recibido la reclamación y el expediente que la acompaña y ahora tiene un plazo para presentar alegaciones. De todas formas, si decide no pagar, el Gobierno regional está dispuesto a llegar a los tribunales para que se le compense por todos los daños.

Por ejemplo, una de las zonas más afectadas, el pozo de ventilación y bombeo que da a la calle De la Presa, ya en San Fernando de Henares, provocó daños en una escuela infantil, una escuela de idiomas, el Instituto de la Mujer, un museo municipal y en alrededor de 300 viviendas de las calles Vergara, Lisboa y Somorrostro. También se tuvo que demoler un gimnasio y desalojar una guardería. La primera queja de los vecinos llegó a la consejería el 8 de octubre de 2009 con la aparición de las primeras grietas. Han pasado siete años y 15 millones de euros gastados en obras para consolidar el terreno. Metro de Madrid tiene que vigilar a partir de ahora constantemente ese tramo para que en un futuro, cuando terminen las obras, no se detecten los mismos problemas debido a la peculiar característica de ese suelo.

Una larga lucha vecinal

Mintra, empresa pública ya extinta que se encargaba de licitar las ampliaciones de la red de Metro, inspeccionó en el año 2009 las viviendas afectadas. Mintra se lavó las manos: "Ni en la fase de ejecución de las obras ni posteriormente se han medido parámetros u observado circunstancias en las que puedan ser atribuidos los agrietamientos en la edificación del entorno del túnel". El Ayuntamiento de San Fernando de Henares decidió en febrero de 2010 ejecutar subsidiariamente las obras de consolidación de los terrenos bajo los inmuebles afectados.

Los vecinos no se conformaron. La comunidad de propietarios de la calle Vergara número 16 presentó el 19 de agosto de 2010 una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados en la construcción de la línea 7. El procedimiento, contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid, fue desestimado por los tribunales de primera instancia en febrero de 2012. La sentencia fue entonces recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la denuncia se amplió a los diseñadores y constructores del túnel. El tribunal volvió a fallar en contra de la comunidad de propietarios en febrero de 2015, dando por agotado el procedimiento judicial.

Los vecinos de la calle Vergara no tuvieron suerte, pero los de la calle Pablo de Olavide también presentaron reclamaciones en octubre de 2010 y febrero de 2011 tras la aparición de fisuras y grietas. Mintra sí actuó, y empezó a controlar con mediciones los riesgos en noviembre de 2010, comprobando que en este caso se estaban produciendo movimientos en alguno de estos inmuebles. En febrero de 2011, Mintra decidió actuar en el terreno.

En junio de 2011, Mintra adjudicó unas obras de emergencia para la impermeabilización del túnel en el tramo Coslada Central-Hospital del Henares. En agosto de 2013, la Consejería de Transportes dictaminó que "el tratamiento de consolidación del terreno ha sido ejecutado con éxito, paralizando asientos e incluso recuperando una parte importante de los mismos, y, gracias a ellos, se ha conseguido la estabilización del terreno". Aunque la vía judicial no ha tenido éxito, al final la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, una vez disuelta la empresa pública Mintra, asumió que había problemas y consolidó una campaña de inspección de las viviendas afectadas, que dio lugar en 2015 a la adjudicación del contrato de reparación de las viviendas de San Fernando. En total, 76 viviendas han presentado reclamaciones.

El Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes ha presentado una reclamación de daños y perjuicios contra la constructora Dragados, propiedad de ACS, tras el fiasco que ha supuesto la obra de ampliación de la línea 7 de Metro de Madrid, que conecta la capital con el municipio de San Fernando de Henares. Este tramo fue inaugurado en mayo de 2007, pero los problemas comenzaron un año después, en agosto de 2008. Desde entonces, la Comunidad de Madrid se ha gastado 15,1 millones en trabajos de mejora, sobre todo en asentar un terreno que sufre de continuas filtraciones de agua. El Ejecutivo autonómico tiene claro que la constructora dirigida por Florentino Pérez es la responsable de los vicios ocultos detectados tras las obras. La cantidad exacta: 15.110.743 euros. Es solo el primer paso, ya que la comunidad está reclamando ahora las obras que ha tenido que asumir y que ya están finalizadas, no las que sigue realizando sobre el terreno. En los próximos meses, la Consejería de Transportes exigirá a Dragados otros seis millones de euros más por estos trabajos aún sin finalizar.

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