El Supremo decide este mes el futuro de 21 proyectos y 135.000 viviendas de Madrid

Siete sentencias que afectan a 21 ámbitos de Madrid y que decidirán el futuro urbanístico de la capital. El Tribunal Supremo tiene previsto hacer públicas este mismo mes de septiembre siete sentencias que resolverán recursos presentados contra la llamada revisión exprés que el Ayuntamiento de Madrid hizo en el año 2013 de su plan general de ordenación urbana, que el Supremo había anulado un año antes. En el aire se encuentran 135.000 viviendas (ya está construido un pequeño porcentaje) e importantes desarrollos de la ciudad, como todo el Desarrollo del Este (los Ahijones, los Cerros, Valdecarros y Berrocales), Campamento, Valdebebas o Arroyo del Fresno, y según las previsiones que hizo el anterior Gobierno local, del PP, más de 200.000 empleos.

La decisión está en manos de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que puede anular nuevamente la revisión hecha por el equipo que dirigía la exalcaldesa Ana Botella (del PP), darla por buena o anular solo algunos de los 21 ámbitos analizados. Joaquín Gómez, gerente de Los Berrocales, donde está previsto construir 4.500 viviendas a partir del año 2018, es optimista. "La revisión que hizo el consistorio en 2013 ya ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2016, por lo que creemos que el Supremo no la anulará". Gómez asegura que Los Berrocales ha invertido 193 millones en infraestructuras de la zona "que ya dan servicio a la ciudad de Madrid".

Madrid aprobó su plan general de ordenación urbana (PGOU) en 1985, que fue modificado en 1997. El origen del problema fue el método utilizado en la revisión de 1997 para desproteger algunos terrenos que habían sido valorados medioambientalmente en el PGOU de 1985. Dicha desprotección fue recurrida por el PSOE y por Ecologistas en Acción. En febrero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón, parcialmente, a los recurrentes, y anulaba la desclasificación de terrenos de 28 ámbitos urbanísticos de la capital. Tanto el ayuntamiento como el Gobierno regional interpusieron entonces sendos recursos de casación que dieron lugar a una nueva resolución judicial, esta vez del Tribunal Supremo, en julio de 2007.

El Supremo anuló finalmente 22 de los 28 ámbitos recurridos. Pero el litigio no finalizó aquí. El Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón realizó dos nuevas modificaciones con la intención de subsanar los errores formales de la desprotección, pero no sirvió de nada. El Supremo las rechazó en septiembre de 2012 y bloqueó de nuevo 21 desarrollos urbanísticos: Colonia Mingorrubio, calle Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, colonia militar Cuatro Vientos, Campamento, El Salobral, La Dehesa, Vallecas-La Atalayuela, los cuatro desarrollos del este (Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales y Valdecarros), Ciudad Aeroportuaria y Parque de Valdebebas, Ensanche de San Fernando, Aravaca-La Escorzonera-Monte del Pilar, Remate Suroeste (Campamento), Solana de Valdebebas, Fuente Fría Norte, Arroyo del Fresno, Valdegrulla y Sistema Aeroportuario Barajas.

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En estos desarrollos, estaba prevista la construcción de más de 135.000 viviendas. La sentencia del Supremo de 2012 desclasifica (recupera la clasificación de suelos no urbanizables que tenían en el plan de 1985) parte de los terrenos que componen los 21 ámbitos afectados. Porque la sentencia habla solo de 21. Existe otro más, el 22, el Ensanche de Coslada, que finalmente quedó excluido, al haberse producido una alteración de los términos municipales entre Madrid y Coslada, pasando los suelos correspondientes a este ámbito de la capital a formar parte de esa localidad. Pero la sentencia del Supremo de 2012 no supuso el fin del recorrido judicial del PGOU de Madrid.

Revisión exprés

La alcaldesa que sucedió a Gallardón, Ana Botella, buscó entonces una solución rápida para resolver el futuro de estos 21 desarrollos que afectaban a centenares de propietarios de suelo y cooperativas constituidas, que habían continuado con los trámites, que habían empezado a urbanizar y en algunos casos a construir, como en Valdebebas. Así, se optó por una revisión exprés que en siete meses hizo un trabajo que normalmente dura cuatro años: la revisión parcial del PGOU del 85 y la modificación del plan revisado en 1997. Botella aprobó su revisión en agosto de 2013, cuando ya había concedido licencias para construir 5.000 viviendas, pero el PSOE volvió a presentar un recurso de casación, al que se unieron algunos propietarios de suelo y la empresa Acciona.

Para Ecologistas en Acción, la revisión exprés del ayuntamiento fue una "huida hacia adelante", ya que se negó a entrar en el fondo de la sentencia del Supremo de 2012, tratándola como un simple problema de defecto de forma. "En realidad, la sentencia exige una motivación real de la pérdida de valores naturales para reclasificar el suelo protegido. Esa motivación no se consiguió tramitando un nuevo plan en siete meses con informes hechos a medida". En este punto del camino, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dictada este año, ha avalado la revisión exprés que hizo el consistorio, que afecta a 8.900 hectáreas.

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En febrero de este año, el TSJM ratificó la revisión realizada por el ayuntamiento para restablecer la seguridad jurídica de los 21 ámbitos urbanísticos afectados por las sentencias del Supremo, desestimando el recurso de un particular, que pidió la suspensión y anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 1 de agosto de 2013, que había aprobado a su vez la revisión del consistorio. "No contemplamos otra opción que el Supremo diga lo mismo que el TSJM", señala Jorge Serrano, gerente del consorcio de Valdebebas.

El caso de Valdebebas es especial. Este ámbito contempla la construcción de 11.400 viviendas, de las cuales ya se han entregado 4.100, hay 1.500 en marcha y otras 1.600 están tramitando licencia de obras. En julio de este año, en un proceso judicial independiente al que se sigue en el Supremo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de Madrid anuló el proyecto de reparcelación económica, un revés que ahora deberá dilucidar el TSJM. La reparcelación económica es un instrumento jurídico cuya finalidad, básicamente, consiste en repartir o distribuir los beneficios y cargas urbanísticas entre todos los propietarios de terrenos ubicados en un mismo ámbito. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha paralizado la nueva concesión de licencias hasta que el Supremo decida.

3.700 millones en proyectos de urbanización

La pelota está ahora en el tejado del Supremo, que tiene que decidir si avala al TSJM y ratifica la revisión que hizo el ayuntamiento en 2013, o sigue la línea de sus anteriores sentencias y anula por los mismos motivos que ya hizo en 2007 y 2012 la revisión realizada en 2013. El momento es crucial, en una nueva etapa en que el actual equipo municipal, dirigido por Ahora Madrid y Manuela Carmena, ha querido dar un giro a la política urbanística de Madrid presentando por ejemplo dos proyectos diferentes a otras dos grandes operaciones de la capital, la operación Chamartin y la operación Calderón, que se levantarán en los terrenos de la antigua fábrica de cerveza y del estadio del club colchonero.

Las siete sentencias del Supremo decidirán pues si siguen en marcha proyectos de urbanización por valor de 3.700 millones de euros, de los cuales ya se han invertido por las comisiones gestoras (que dirigen estos ámbitos) y las juntas de compensación (que aglutinan a los propietarios de suelo) más de 1.000 millones de euros. No hay que olvidar que los efectos anulatorios de las anteriores sentencias del alto tribunal son 'ex tunc', es decir, que los mismos se producen no a partir de los fallos judiciales, sino que se retrotraen al momento mismo en que se aprobó el plan general anulado.