PARA INQUILINOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Carmena y el PSOE legalizan la ocupación de pisos de protección oficial

Los estatutos de la EMVS invalidaban hasta ahora el derecho a una vivienda pública en propiedad de la empresa municipal a estos ocupantes sin titularidad

Foto: La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre (d), conversa con la teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras (i), a su llegada al debate sobre el estado de la ciudad. (EFE)
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre (d), conversa con la teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras (i), a su llegada al debate sobre el estado de la ciudad. (EFE)

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) ha aprobado esta mañana unos criterios para la "regularización excepcional de las ocupantes sin título", según los cuales las personas en situación de vulnerabilidad que hayan ocupado una vivienda pública desde hace más de un año podrán negociar un arrendamiento. La medida se ha aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE, mientras que PP y Ciudadanos se han opuesto. 

Los estatutos de la EMVS invalidaban hasta ahora el derecho a una vivienda pública en propiedad de la empresa municipal a estos ocupantes sin titularidad, por lo que se trata de una modificación puntal. Solo podrán acogerse a este cambio normativo aquellas personas sin recursos que hasta enero de 2016 llevasen al menos 12 meses residiendo en ellos, por lo que se evita así un 'efecto llamada'. Según los cálculos oficiales, afectará a 88 viviendas de las 6.280 con que cuenta el parque de vivienda municipal.

El Gobierno municipal prepara también una modificación integral de los estatutos, pero esta tendrá que pasar antes por el pleno. La intención de la Concejalía de Derechos Sociales y Vivienda que dirige Marta Higueras pasa por que las personas desahuciadas por alquiler sin posibilidad de acceder a una vivienda tengan asegurado un techo.

Desde las filas populares han criticado que con esta acción, Ahora Madrid, con el beneplácito de los socialistas, "lo que hace es defender el interés de sus amigos okupas, como Pablo Iglesias, que disfruta de una vivienda social de la que no tiene derecho". El concejal Borja Fanjul ha rechazado el proceso de regularización llevado a cabo por el consistorio para beneficiar a sus "amigos okupas" frente a la situación de las más de 10.000 familias que están esperando una solución para obtener una vivienda pública en la que vivir.

La modificación estatutaria prevista por Ahora Madrid posibilitará que el ayuntamiento construya vivienda nueva, lo que hasta ahora estaba vetado. De este modo, el Gobierno municipal planea iniciar a la mayor brevedad posible la construcción de entre 600 y 700 nuevas vivienda. El objetivo se centra en “recuperar el carácter social” de la EMVS.

Requisitos de regularización

Los interesados cuentan con un plazo de seis meses para instar el procedimiento de regularización y deben contar con un informe emitido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la EMVS, de cumplir con las normas de la comunidad, el correcto uso de las instalaciones comunes y el compromiso, por parte del ocupante, de abonar las rentas de alquiler y cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de la ocupación hasta un máximo de cinco años. En caso de dificultades económicas por parte del ocupante para abonar en un solo pago las rentas adeudadas, la EMVS facilitará el pago fraccionado mensualmente junto a la renta y cuotas correspondientes al nuevo contrato de arrendamiento.

El proceso de regularización excepcional también contempla, y así lo deberán acreditar los solicitantes, que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a 3,5 veces el IPREM, salvo que la calificación de la vivienda establezca un límite inferior. Entre los criterios que invalidarán a los ocupantes para acceder a estas viviendas, destacan los de pertenecer o haber pertenecido a organizaciones que, ilícitamente, se lucran de ventas o traspasos de viviendas públicas; no poder demostrar que la vivienda es el domicilio permanente; haber sido condenado judicialmente por conflictos vecinales, o que otro miembro de la unidad familiar haya visto rechazado su expediente por estos motivos.

Madrid

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