Una empresa imputada en el 'caso Arístegui' deja sin cole a 53 chavales de Getafe

Medio centenar de chavales de Getafe (municipio del sur de Madrid de 175.000 habitantes) no han podido empezar el curso escolar este semana en el colegio en el que se matricularon. La culpa la tiene la constructora Assignia, que no ha podido terminar el centro en el plazo convenido por "dificultades económicas", señalan en la Consejería de Educación. De hecho, las obras las asumirá ahora otra constructora. De momento, los 53 alumnos matriculados han sido reubicados en otro centro del municipio y la consejería se ha hecho cargo del coste de la ruta escolar para llevarlos todos los días.

El pasado 1 de septiembre la Audiencia Nacional citó como investigada (la nueva denominación jurídica de la imputación) a Assignia, a la que investiga por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones internacionales por utilizar presuntamente la red tejida por el exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna. Assignia pertenece al Grupo Essemtium, controlado por Susana Monje, vicepresidenta económica del F.C. Barcelona.

El colegio fue adjudicado en marzo de 2016, un centro pequeño en el barrio de El Bercial que contará con seis aulas de infantil, sala de usos múltiples y comedor, por 1.340.054 euros (IVA incluido). El objetivo es que el colegio estuviera construido en un plazo de seis meses y listo para empezar el curso en septiembre, pero la constructora no ha cumplido los plazos. El retraso en los trabajos, que era evidente con el paso de los meses, hizo que solo 53 niños se matricularan. El boca a boca empezó a correr por el barrio y muchos padres, que un principio querían llevar a sus hijos al nuevo colegio, se dieron cuenta de que debían buscar otro centro porque los trabajos no terminarían a tiempo.

Los 53 alumnos han sido reubicados en otro colegio del municipio, el Gabriel García Márquez. Educación les ha puesto una ruta escolar para que vayan a este centro mientras concluyen las obras del de El Bercial. "Está previsto que los trabajos finalicen antes de que acabe el año", aseguran en Educación, que explican que Assignia no seguirá con el proyecto. "La ley de contratos permite que una adjudicataria ceda una obra si lleva ejecutado al menos el 20%. La obra se subroga con el mismo precio. La ley lo permite para agilizar los plazos. Si no, habría que sacar una nueva licitación que demoraría todo mucho más". Assignia es la que está negociando con otra constructora la cesión de las obras. Los pliegos permiten sancionar a Assignia con 2.680 euros diarios por cada día de retraso, pero de momento no habrá multa económica porque el contrato no se ha rescindido.

De la Gürtel al caso Arístegui-De la Serna

Assignia se llamaba antes Constructora Hispánica cuando pertenecía al empresario Alfonso García Pozuelo, uno de los procesados del caso Gürtel. García Pozuelo ya ha reconocido ante el juez que pagó sobornos a la trama dirigida por Francisco Correa a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos gobernados por el PP. La Fiscalía pide para él cuatro años y medio de prisión por cohecho y prevaricación. García Pozuelo también aparece en los papeles de Bárcenas como presunto donante del PP. El empresario vendió Hispánica en noviembre del 2009 al grupo asturiano Essentium para poder hacer frente a un juicio por delito fiscal por el que terminó pagando casi 20 millones.

La empresa que no ha podido construir el colegio pertenece a la vicepresidenta económica del Barça

Essentium rebautizó Hispánica como Assignia Infraestructuras y sentó en su consejo de administración a un exconsejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, que llevó la cartera de Sanidad. Essentium pagó 34 millones por Hispánica, pero la operación de venta no se zanjó hasta finales de 2014 porque García Pozuelo llevó a los tribunales a la compradora porque no había pagado 7,5 millones de euros.

Los problemas judiciales continúan para Assignia, que pasa por serios apuros económicos. La Audiencia Nacional ha imputado a la empresa y varios directivos por los contratos que la constructora se llevó en Argelia, concretamente la construcción de un tranvía en la localidad argelina de Ouargla. Los investigadores sospechan que esta adjudicación, valorada en 230 millones de euros, conllevó el pago de suculentas comisiones al embajador Gustavo de Arístegui y al exdiputado Pedro Gómez de la Serna.