IU recurre el enchufe de una alcaldesa de Podemos por contratar a su colega de bufete

La izquierda está en guerra en San Fernando de Henares (municipio del este de la región de poco más de 40.000 habitantes). Izquierda Unida y PSOE han recurrido ante los tribunales un polémico nombramiento que hizo la alcaldesa Catalina Rodríguez Morcillo, de la candidatura de unidad popular San Fernando Sí Puede, próxima a Podemos, que ha contratado en el Ayuntamiento al abogado que trabajaba con ella antes de dar el salto a la vida política. Jaime Morales García es el asesor jurídico de la Alcaldía y el jefe de personal del Consistorio, puesto este último reservado por ley a funcionarios. La regidora asegura que Morales "es personal de confianza y el mejor que conoce para el puesto. Cobra 38.000 euros brutos al año por desempeñar dos funciones, mientras que cuando gobernaba Izquierda Unida había dos asesores para esas dos funciones que ganaban 60.000 euros cada uno".

San Fernando Sí Puede gobierna en minoría desde las elecciones municipales del año pasado. Fue la segunda lista más votada después del PP al obtener cinco concejales. Catalina Rodríguez fue investida alcaldesa a mediados de junio de 2015 gracias a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida, que perdía así la Alcaldía y uno de sus feudos tradicionales (siempre ha gobernado el municipio en democracia excepto la legislatura 1991-1995) tras una grave crisis interna en la formación municipal. A pesar de este apoyo, los problemas no han tardado en aflorar.

Catalina Rodríguez fue investida alcaldesa gracias a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida

En mayo de este año, el PSOE promovía una reprobación contra Rodríguez por falta de transparencia y paralización de la gestión municipal. La moción fue secundada por Izquierda Unida y un concejal del PP, diez votos contra ocho. IU y PSOE también han presentado un recurso, cada uno por separado, en el juzgado contencioso administrativo contra el nombramiento del asesor más cercano de la alcaldesa, Jaime Morales García. Ambos son licenciados en Derecho y antes de entrar en política habían trabajado juntos en un pequeño bufete de San Fernando.

Jaime Morales fue nombrado el 25 de junio de 2015 personal eventual del Ayuntamiento, con el puesto "asesor jurídico de Alcaldía". Con un sueldo de 38.000 euros brutos al año, su función es la de "asesoramiento legal del equipo de Gobierno. En ningún caso podrá representar al Ayuntamiento en los litigios municipales". Pero en el decreto que firmó la alcaldesa y ratificó el secretario municipal la regidora quiso añadir que "el asesor jurídico tendrá las labores de dirección de personal".

El juicio, para abril de 2017

"Primero presentamos un recurso potestativo de reposición contra el nombramiento de Morales García. Fue el 2 de octubre de 2015 y la alcaldesa pasó de nosotros. Tuvimos entonces que acudir a los tribunales. El juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid número 13 de Madrid lo ha admitido a trámite. Según nos explicó la propia regidora, el juicio se ha fijado para abrir de 2017", explica Sofía Díaz, concejala de Izquierda Unida.

El recurso presentado por la oposición alega que el decreto otorga a Morales García "una competencia de asesoramiento legal de la que no dispone, puesto que esta debe ser prestada por funcionarios de carrera", ya que el Estatuto Básico del Empleado Público regula que "el nombramiento de personal eventual en todas y cada una de las administraciones públicas debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico". Por último, Izquierda Unida y PSOE entienden que Morales García no puede ser jefe de personal, "ya que las funciones de dirección o gestión del trabajo administrativo y en consecuencia las tareas de dirección de personal no pueden ni deben ser desarrolladas por personal de confianza tal y como establece el decreto recurrido".

Según Izquierda Unida, el asesor de la alcaldesa "firma informes que conducen al despido de empleados y la provisión de puestos de trabajo. También da instrucciones a los servicios jurídicos, cuidándose mucho de hacerlas por escrito, lo que viene a inducir sospecha sobre su conocimiento sobre los límites legales de sus funciones, incluyendo la posibilidad de estar cometiendo prevaricación administrativa".

"No hay nada irregular. Es el mejor profesional que había para esa labor. El mejor y de mi confianza", señala la alcaldesa Catalina Rodríguez

La alcaldesa asegura que no hay nada irregular. "¿Sabe la gente lo que es un asesor de confianza? La noticia sería que metiera un albañil de asesor jurídico. Yo creo que prima que sea un buen técnico y persona de mi confianza. La oposición solo quiere ensuciar donde no hay nada, diciendo que he metido a un amigo en el Ayuntamiento. Es el mejor profesional que había para esa labor. El mejor y de mi confianza", señala Catalina Rodríguez que reconoce que Morales García y ella han sido "compañeros de un despacho que él llevaba. Yo trabajaba por libre en su despacho, éramos compañeros".

Solo cuatro asesores

La alcaldesa asegura que su equipo tiene derecho a cuatro cargos de confianza y solo utiliza tres, "y uno de ellos hace dos funciones". ¿Puede ser Morales García jefe de personal sin ser funcionario? "Es cierto que ahora las sentencias van en ese sentido, de que tiene que ser funcionario. Pero nosotros solo seguimos el modelo que ya usaban anteriores equipos municipales, los que ahora lo critican. Jaime Morales García tiene dos cargos y cobra 38.000 euros al año, cuando cada uno de esos dos cargos cobraba antes de entrar nosotros 60.000 euros cada uno. Pero estamos de acuerdo en que sea un funcionario y hemos creado una plaza nueva en la oferta de empleo público. Estamos preparando las bases y saldrán para diciembre y enero. Cuando salga esa plaza Morales García perderá la función de jefe de personal". La regidora concluye que la Justicia decidirá si han actuado correctamente o no.

El debate del cargo de confianza siempre se utiliza de modo partidista, señala Catalina Rodríguez. "Los partidos tradicionales han desvirtuado la figura de cargo de confianza, no nosotros. Otras administraciones meten a gente sin preparación adecuada. En este caso es un buen abogado que es de mi confianza. Yo quiero a los mejores y es un buen profesional. No hay que olvidar que cuando gobernó IU y el PSOE tuvieron hasta 14 asesores. Luego cambió la ley y San Fernando de Henares, en función de sus habitantes, solo puede tener siete".