Madrid se indigesta con Gallina Blanca: un pelotazo fallido ya se ha tragado 33 millones

Son 2.393.347 metros cuadrados junto al kilómetro 32 de la A-3, en el término municipal de Arganda del Rey. Terrenos a medio urbanizar que la Comunidad de Madrid consideraba un suculento "solomillo" y que ahora se han convertido en un simple caldo aguado a precio de oro: 105 millones de euros. Es lo que le puede costar al Gobierno regional de Cristina Cifuentes otro pelotazo fallido heredado de su predecesora Esperanza Aguirre: las 35 parcelas que Arpegio, la empresa pública del suelo, compró en el año 2005 a la empresa Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas de Gallina Blanca.

De momento, Arpegio ya ha desembolsado 33 millones de euros por unos terrenos que once años después no han podido ser revendidos y pesan como una losa sobre las cuentas del ente público. La cifra se puede disparar, ya que Agrolimen acaba de poner una demanda en los tribunales reclamando otros 72 millones por un aprovechamiento urbanístico que no se ha desarrollado. La empresa, que confirma la demanda, prefiere no hacer comentarios, y desde el Ejecutivo autonómico, que califican de "injustificable" la indemnización solicitada, recuerdan que el valor de todo el suelo era de 20 millones de euros en el año 2005, un suelo que hoy se ha devaluado.

Airina, que tuvo en Arganda del Rey sus granjas avícolas, vendió el 7 de julio de 2005 a Arpegio 35 parcelas (2,3 millones de metros cuadrados) por 5,83 millones de euros (IVA incluido) y el "26% de la edificabilidad lucrativa neta total, obtenida como resultado del proceso de recalificación urbanística que afecte a la totalidad de las fincas transmitidas", según reza la escritura de compraventa. "Por edificabilidad lucrativa neta se entiende la susceptible de comercialización por parte del promotor o propietario y referida al suelo destinado a actividades empresariales, industrial, terciario o similar". El presidente de Arpegio cuando se produjo la firma era Francisco Granados, hoy en prisión por el caso Púnica.

El precio de esas 35 parcelas se valoró en 20 millones de euros. Arpegio no solo adelantaba 5,83 millones de euros como pago en efectivo, sino que también pagaba el IVA del "precio no dinerario", es decir, de ese 26% de edificabilidad futura, un IVA que se cifró en 3,2 millones de euros. Arpegio tenía siete años para desarrollar el ámbito y venderlo, algo que finalmente no se ha hecho. Esta operación fallida se está analizando ahora en la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid. Eduardo Larraz, ex consejero delegado de Arpegio entre los años 2004 y 2008, señaló la semana pasada en la Cámara madrileña que cuando se decidió la compra, los terrenos eran un auténtico "solomillo".

La crisis impidió la venta

Once años después, Arpegio no ha podido revender los terrenos "por culpa de la crisis". Pedro Bernad, director de proyectos del ente público, aseguró en la Asamblea que de momento no hay compradores para este suelo: "Está en el escaparate de la A-3, ahora con grandes expectativas para que se instalen en él plataformas logísticas que demandan más de 100.000 metros cuadrados, pero hay que volver a transformar el suelo ahora en gran terciario". 

En estos once años, Arpegio ha tenido que correr con otros muchos gastos. La Comunidad ha ofrecido a la comisión de la Asamblea una relación de los costes desde julio de 2005 a mayo de 2016. Por ejemplo, 300.000 euros por liquidar los derechos de explotación mineros que tenían algunas de las fincas afectadas. Los proyectos de demolición han supuesto 746.000 euros y los proyectos técnicos de urbanización de la zona, otros 447.400 euros. Las propias obras de urbanización suman otros 6,3 millones de euros. 

El ámbito fue bautizado como Unidad de Ejecución 141 Gallina Blanca. Para desarrollarlo hubo que firmar un convenio con el Ayuntamiento, que ha supuesto el mayor gasto hasta la fecha, 11,2 millones de euros. Mientras llegaba un comprador, el Consistorio solicitó parte de los terrenos para celebrar el festival de música Rock in Río, que solo albergó tres ediciones: 2008, 2010 y 2012. La construcción de un tercer carril en la A-3 para facilitar el acceso a este festival supuso un gasto de 1,43 millones.

El Gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre, reservó en la zona 48.000 metros cuadrados para un centro de actividades empresariales que también diera servicio al aeropuerto que se pensaba construir en la vecina localidad de Campo Real: otros 324.297 euros para la urbanización de ese centro y 43.000 euros en concepto de "asesoramiento y estudios del futuro aeropuerto". 

La "publicidad y propaganda" del proyecto se ha comido otro 1.543.419 euros. Otros gastos han sido: ejecución de la red de abastecimiento (430.718 euros), asesoramientos y estudios (328.556 euros), redacción del plan parcial de la zona (316.854 euros), conexión eléctrica de la zona (31.410 euros), trabajos jurídicos y contenciosos (55.859 euros), estudios topográficos (23.208 euros), trabajos arqueológicos (44.033 euros), proyecto técnico de electricidad (17.672 euros), servicios de vigilancia (229.133 euros), pago de impuestos locales (44.304 euros), conservación de las plantaciones de la zona (3.630 euros) y trabajos de reprografía (3.092 euros). Arpegio también tuvo que construir como parte del convenio municipal un centro de salud, que fue inaugurado en febrero de 2007. Costó 5.898.052 euros.

Arpegio, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, también acaba de pagar 34 millones de euros por otro pelotazo fallido en San Martín de la Vega. Dos recientes sentencias judiciales obligan a Arpegio y al Ayuntamiento de esta localidad (del PSOE) a compensar económicamente a Parque Temático de Madrid, la sociedad que gestionaba el centro de ocio y que pertenece en un 95% a Inversiones Frieira, firma del 'holding' Inveravante, propiedad de Manuel Jove. Arpegio ha pagado 34 millones porque no se ha desarrollado un convenio urbanístico en los terrenos aledaños al parque. El Consistorio aún debe abonar otros 5,5 millones.