Un alcalde del PP acusa a su partido por la Gürtel y le reclama 233.000 euros

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, presentó este viernes en la Audiencia Nacional sus escritos de acusación en el caso Gürtel. Escritos en plural porque lo ha hecho por partida doble. Tanto el Consistorio como la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), un ente público local, han redactado sus acusaciones por separado y en ambas consideran al Partido Popular partícipe a título lucrativo en la comisión de delitos, por lo que piden que resarza económicamente al municipio. El Ayuntamiento y la EMSV reclaman 233.445 euros al Partido Popular. Aunque fue el PP de Boadilla el que supuestamente se benefició de los delitos cometidos por la trama, el PP tiene una única personalidad jurídica, por lo que la responsabilidad sería asumida por Génova.

El actual alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, que lidera la acusación, forma parte de la lista electoral de Mariano Rajoy en el número 13 por Madrid. González Terol ya salió elegido en los anteriores comicios, en diciembre de 2015, y vuelve a repetir tras esta breve y fallida legislatura. Boadilla del Monte, municipio de 49.000 habitantes del oeste de la región, se personó en el caso como acusación después de que la red de corrupción liderada por Francisco Correa elevara a esta localidad a los altares mediáticos. El objetivo del actual regidor es recuperar para las arcas públicas el dinero que generaron los oscuros negocios de la trama en Boadilla con la connivencia de los anteriores cargos públicos, muchos de ellos procesados. El Ayuntamiento también ha decidido acusar a una de sus funcionarias, Alicia Vallejo López, destinada en el área de patrimonio y pareja de Arturo González Panero, exalcalde y al que los cabecillas de la trama bautizaron despectivamente como ‘el Albondiguilla’.

La pareja del 'Albondiguilla' sigue trabajando en el Consistorio. No puede apartarla de sus funciones hasta que no pese sobre ella una condena firme

El Ayuntamiento y la EMSV solicitan penas que suman 548 años de prisión para 27 imputados, entre los que destacan Arturo González Panero, el 'Albondiguilla'; José Galeote Rodríguez, exconcejal del PP en el municipio; Alfonso Bosch Tejedor, exgerente de la EMSV; César Tomás Martín Morales, exdirector general del Ayuntamiento y exconsejero de la EMSV; Juan Jesús Siguero Aguilar, exalcalde de Boadilla; José Francisco Pastor de la Luz, exconcejal del PP en la localidad; y Alicia Vallejo López, exjefa del área de patrimonio del Consistorio y pareja del Albondiguilla. Para González Panero el Ayuntamiento solicita 49 años de prisión y la EMSV, otros 42 años. Para el cabecilla de la trama, Francisco Correa, Ayuntamiento y EMSV piden 90 años de cárcel.

Este viernes acabó el plazo para que las acusaciones particulares y populares presentadas en la causa presentaran sus escritos de acusación. La Fiscalía Anticorrupción lo hizo el pasado 7 de junio, solicitando penas muy similares: 76 años para Correa y 40 para 'el Albondiguilla'. La Fiscalía también decidió procesar a Alicia Vallejo López, actual pareja de González Panero y archivar la causa contra su ex mujer, Elena Villarroya. El fiscal pide cinco años de prisión para Vallejo por un delito continuado de blanqueo de capitales. Lo mismo que el Consistorio boadillense y la EMSV. Vallejo López sigue trabajando en el Consistorio, en el área de patrimonio. El actual equipo de Gobierno no puede apartarla de sus funciones hasta que no pese sobre ella una condena firme.

El municipio pide más que la Fiscalía

El Ayuntamiento de Boadilla ha ido incluso más allá que Anticorrupción en su petición de responsabilidades. El Ministerio Público solicita que el PP se siente en el banquillo como partícipe a título lucrativo por haberse apropiado de 204.198 euros gracias a las irregularidades cometidas por la trama en el municipio. El Consistorio también asegura en su escrito de acusación que "el Partido está obligado a resarcir al Ayuntamiento de 204.198,54 euros que asumieron algunas empresas para el pago del coste de determinados actos de partido y electorales". Es decir, que el PP de Boadilla se benefició en los años en los que la trama campó a sus anchas en la localidad, entre 2003 y 2009, de las prebendas que pagaban algunas adjudicatarias a cambio de contratos públicos. Se trata de las sociedades SUFI SA (que pagó 24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros) y las que integraban el Grupo Correa (29.247,55 euros).

La EMSV, por su parte, considera que se deberá condenar al Partido Popular de "modo directo y solidario hasta un importe total de 29.247,55 € derivados del delito de malversación relacionado con la sobrefacturación de actos de la EMSV", actos adjudicados a empresas de la trama. Las peticiones del Consistorio y su empresa pública suman 233.000 euros. El Ayuntamiento coincide en muchas cuestiones con la Fiscalía, ya que la investigación ha demostrado que Correa y sus colaboradores fueron incorporando progresivamente a autoridades y funcionarios públicos del municipio para en la práctica "dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV". Todo este entramado que duró años ayudó a engordar los bolsillos de muchos de los procesados: Correa se llevó 2,1 millones de euros; González Panero, 1,8 millones; Martín Morales, 1,3 millones; y Bosch Tejedor, 941.652 euros.