Fiscalía pide 3 años de cárcel para un alcalde del PP por "apología de la prevaricación"

El horizonte judicial de la actual corporación municipal del Colmenar Viejo, del PP, se llena de nubarrones. La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de solicitar, en su escrito de acusación, 3,6 años de prisión para el alcalde,Miguel Ángel Santamaría Novoa; parasu antecesor en el cargo,José María de Federico Corral,y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales en los últimos 10 años. También pide para todos ellos 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.200 euros. Para otros cuatro ediles solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación. Todos los procesados forman parte de la actual cúpula del PP de este pueblo de 47.000 habitantes de la sierra norte madrileña. Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento deColmenar Viejoen la última década. La Fiscalía de Medio Ambiente había interpuestouna querella criminalal ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal rechaza los recursos de los imputados, pide la apertura de juicio oral y acusa a los dos alcaldes y 10 ediles de "auténtica apología de la prevaricación".

El fiscal asegura que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso"

En un primer escrito, la Fiscalía relataba que "los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores,pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos de dichas irregularidades urbanísticas". A la Fiscalía habían llegado 36 denuncias anónimas, aunque el alcalde siempre defendió que se trataba de ataques de un grupo de funcionarios del Consistorio.

Ahora, en su escrito definitivo de acusación, el fiscal asegura que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación". El fiscal relata 16 casos en los que el Ayuntamiento concedió la licencia a pesar de los informes técnicos y jurídicos en contra.

"Abusos de poder"

"¿Por qué los vecinos de Colmenar Viejo cuando piden una licencia están sujetos a semejante poder de su corporación, que puede ser estricta o benevolente, según los casos?No será esta Fiscalía la que avale semejante doctrina, ni una sociedad democrática como la nuestra, muy sensible, con razón, a los abusos de poder, lo comprendería", reza el fiscal, que concluye: "Lo que aquí se pretende sostener, en definitiva, es que un ayuntamiento puede conceder licencias que contravienen la normativa urbanística en vigor, pasando por encima de los informes técnicos y jurídicos que constan en el expediente. Decidiendo el Gobierno municipal en cada caso qué infracciones urbanísticas condenan, y cuáles indultan, consintiéndolas".

Aparte de los dos alcaldes, el fiscal pide 3,6 años de prisión para Ana Belén Colmenarejo Collado, César de la Serna Moscol,Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán y Pablo Colmenarejo Cobeña. Los dos primeros son hoy concejales. Para Carlos Blázquez Rodríguez, Jorge García Díaz, Juan José Serrano Cadahía y Pedro Gómez Apariciosolicitados años de prisión. Los tres primeros también son ediles en la actualidad.

El alcalde escribió una carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para pedirle una cita y poder explicarle "la gravedad de la situación"

Todos los procesados tienen además cargos orgánicos en el PP de Colmenar Viejo. Santamaría es el presidente, y el resto de ediles ocupan la secretaría general, el área financiera, las jefaturas de afiliación, formación, comunicación, tesorería y coordinador electoral.

El pasado 22 de marzo, Santamaría escribió una angustiosa carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal,para pedirle una cita y poder explicarle así en persona "la gravedad y la magnitud de mi situación", ya que se consideraba "objeto de una serie incesante e indiscriminada de denuncias anónimas ante la Fiscalía". Santamaría aseguraba que todas las denuncias que han llegado a la Fiscalíason anónimas y "responden a un problema intestino que padecemos en el ayuntamiento con determinados funcionarios municipales,probablemente no más de tres del total de nuestra plantilla, que es de 289". El alcalde pedía auxilioporque "la situación en el ayuntamiento empieza a ser límite. Prácticamente estamos empleando todos nuestros recursos en preparar los expedientes que nos requieren y en defendernos de las acusaciones, lo cual conlleva que no nos ocupemos en los asuntos cotidianos del ayuntamiento".