Cifuentes aguanta el órdago del juez y mantiene al diputado señalado por Púnica

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha decidido aguantar el órdago del juez Eloy Velasco y mantendrá en su puesto de diputado autonómico a Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles. "Para no crear un precedente", Cifuentes no forzará la dimisión de Ortiz hasta que no esté formalmente investigado (la nueva figura jurídica de la imputación). La presidenta de la Comunidad y de la gestora del PP de Madrid se desliga así de momento de la decisión tomada este miércoles por el magistrado de la Audiencia Nacional, instructor del caso Púnica, que se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante losindicios delictivoscontra Ortiz. Cifuentes también aguantará el órdago de Ciudadanos, socio de investidura, que ha recordado a la presidenta que romperá su acuerdo si Ortiz no deja el escaño y ha pedido una reunión urgente para saber de boca de la propia Cifuentes qué va a hacer con su parlamentario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 entiende que la conducta del aforado Daniel Ortiz sería constitutiva de los delitos defraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, cohechoy revelación de secretos por haber supuestamentefavorecido a la empresa Cofelyen un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde. El juez Velasco señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2015) "se han detectado presuntosactos de corrupción" en beneficio de Cofely,"con un ánimo de lucro personal como contrapartida"por parte del que fuera regidor de Móstoles.

Ahora, el TSJM deberá aceptar el caso y nombrar un juez instructor, que será el que deberá imputar a Daniel Ortiz. Pasos judiciales que han de cumplirse y a los que se acoge Cifuentes para aplazar la marcha de su diputado. "En el mismo momento en que el juez le impute, deberá irse. Es el compromiso de la presidenta y de todos los parlamentarios del PP", señalan desde el Ejecutivo regional. Los diputados del PP han firmado una especie de carta ética por la que se han comprometido a dejar el escaño si son imputados por corrupción o por casos de especial gravedad. La misma carta han firmado los miembros de la gestora del PP. A pesar de ello, varios alcaldes (que no son diputados ni miembros de la gestora) permanecen en el cargo aunque están imputados y en algunos casos incluso procesados.

La imputación de Ortiz parece pues cuestión de tiempo. El primer aviso llegó el pasado 22 de abril, cuando Velasco envió a la Asamblea de Madrid un oficio para que la Cámara certificara que Ortiz es parlamentario y, por tanto, aforado. Se trataba del primer trámite imprescindible para que la Audiencia Nacional se pudiera inhibir en el TSJM. La Asamblea respondióen tiempo y forma, y Cifuentes tomó nota del aviso pero mantuvo a Ortiz. Lo que seguirá haciendo a pesar del segundo aviso que ha supuesto el auto de inhibición de Velasco. Está por ver la presión que mientras tanto hace Ciudadanos, el único que puede hacer cambiar de opinión a la presidenta y provocar que Ortiz se vaya antes de que sea formalmente imputado.

El punto primero del acuerdo de investidura alcanzado entre Cifuentes y Ciudadanos obliga a "la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Ciudadanos hablará este jueves con el PP en el pleno de la Asamblea, ya que la formación naranja espera una reacción inmediata del Gobierno regional, puesto que cree que sería "contraproducente" que en plena precampaña Cifuentes mantenga a un diputado que va a ser imputado.

Una comisión del 2%

La exposición razonada que ha hecho Velascodetalla todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en lasfases de licitación, adjudicación y ejecución del "contrato administrativo mixtode suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles", licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado en mayo de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años.

El escrito del juez señala que las irregularidades se hicierona cambio de cantidades de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros"como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato", dinero que salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato a través de la facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una simulada auditoría por importe del 2% del presupuesto de adjudicación en 12 anualidades.Ortiz fue alcalde hasta junio de 2015.

Un informe previo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señalaba que habíapodido "obtener sólidos indicios probatorios del modo en que el exalcalde Daniel Ortiz Espejo y el exconcejal Alejandro Utrilla Palombi habrían utilizado sus funciones públicaspara influir en el desarrollo del proceso de adjudicación en beneficio de losintereses privados de Cofely,eliminando la concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores y vulnerando los principios de la contratación pública". Por este contrato ya está imputado el hermano de Alejandro,Mario Utrilla, que fue alcalde de Sevilla la Nueva y diputado autonómico.