El abogado de Mario Conde, el 'rey de la chatarra' y el contrato a dedo del alcalde del PP

El Ayuntamiento madrileño de Torrejón de la Calzada (7.900 habitantes), gobernado en minoría por el PP, contrató a dedo (sin concurso previo) al abogado de Mario Conde detenido este lunes por la Guardia Civil, acusado de ayudar a montar el entramado empresarial con el que el exbanquero consiguió repatriar a España 13 millones de euros procedentes del expolio de Banesto. El consistorio adjudicó en enero de 2014 un contrato fraccionado en dos a sendas empresas propiedad de Francisco Javier de la Vega Jiménez. El letrado fue uno de los ocho detenidos este lunes en la operación Fénix. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza. Se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Fuentes municipales señalan que este abogado llegó al municipio recomendado por el empresario más importante de la zona, Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, dueño de Desguaces la Torre, amigo del alcalde, Eusebio García Gómez, y un habitual del papel rosa por la especial relación que mantiene con Carmen Martínez Bordiú, nieta de Franco. El empresario asegura que no conoce al letrado y que por tanto no se lo ha podido recomendar a nadie. La Agencia Tributaria investiga a Rodríguez García-Rivera, más conocido como 'el rey de la chatarra', por fraude fiscal. El Grupo Local Independiente de Torrejón de la Calzada (GLITC), el mayor grupo de la oposición, asegura que ha pedido este jueves la rescisión de ambos contratos y una relación de todos los trabajos jurídicos que el abogado Del Valle ha llevado a cabo.

Los dos contratos, de 17.940 euros (sin IVA) cada uno, fueron adjudicados el 13 de enero 2014 en una junta de gobierno local extraordinaria y urgente. En el acta que se levantó tras la misma, la secretaria general del ayuntamiento mostró sus dudas sobre el fraccionamiento del contrato en dos "cuando figuraba el mismo administrador en ambas empresas". El alcalde, Eusebio García Gómez, respondió "que lo hacían así por necesidad y por urgencia". El primer contrato es para "el asesoramiento jurídico de los asuntos litigiosos en los que sea parte el ayuntamiento". El segundo es para "el asesoramiento jurídico en materia económica, financiera, presupuestaria y de hacienda". Tenían la duración de un año y según el GLITC fueron prorrogados en 2015.

Fraccionados para no sacarlos a concurso público

El contrato fue dividido en dos para que cada adjudicación no superara los 18.000 euros, el límite para no licitar como concurso público. El bufete de Francisco Javier de la Vega ha defendido al alcalde en los muchos frentes judiciales que ha tenido abiertos en los últimos años. Eusebio García se presentó a la reelección en mayo de 2015, a pesar de que estaba imputado por prevaricación administrativa desde octubre de 2013 en el juzgado número 4 de Valdemoro. Ahora está imputado en otro juzgado, el número 2 de Valdemoro, por presionar presuntamente a la empresa que gestionaba la piscina municipal para que cediera la concesión a otro empresario. También ha tenido que afrontar judicialmente otros casos: el despido del arquitecto municipal, la sustitución supuestamente irregular de la secretaria municipal en una junta de gobierno o la aprobación de la 'Relación de puestos de trabajo'.

El primer contrato fue adjudicado a Estudio Jurídico De la Vega y Asociados, bufete de Francisco Javier de la Vega Jiménez. El segundo, a Sistemas Globales Corporativos, cuyo administrador es el propio De la Vega desde el 20 de diciembre de 2013, un mes antes de la adjudicación. El administrador anterior de Sistemas Globales era Francisco Javier Romero Pumar, administrador también de la firma británica Higher, sociedad que según la Audiencia Nacional pertenece también al entramado de Mario Conde.

El alcalde justificó entonces la contratación de De la Vega porque el anterior bufete que prestaba este servicio al ayuntamiento, ACAL, era 14.000 euros más caro y "no cumplía con las necesidades de inmediatez, ya que dicha sociedad tenía su sede en Murcia". El regidor no ha querido atender a El Confidencial, asegurando no saber quién está detrás del Estudio Jurídico De la Vega y de Sistemas Globales Corporativos.

Según el auto de prisión de la Audiencia Nacional, "Francisco Javier de la Vega Jiménez se constituiría como pieza fundamental en todo el entramado empresarial; participando directa o indirectamente en los negocios jurídicos y económicos relacionados con la familia Conde, ejerciendo a su vez de representante de las empresas extranjeras que inyectan capitales a las mercantiles vinculadas con Mario Conde".

Aviso de actualización: Con fecha 30 de mayo de 2019, la Audiencia Nacional, sección tercera, Sala de lo Penal, estimó íntegramente el auto 24.10.2018 del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, que decretaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no resultar debidamente justificada la perpetración de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública de los investigados en la llamada “OPERACIÓN FENIX”.