Nuevo golpe a la vivienda pública: Cifuentes recorta la oficina de atención al ciudadano

Recortes en el servicio, despidos en la plantilla y protestas de los trabajadores. Con esta secuencia se puede resumir la convulsa situación que vive la Oficina de la Vivienda de laComunidad de Madrid, un organismo que secreó en el año 2004 para centralizar "toda la la información sobre la vivienda" que puedan necesitar "tanto los ciudadanos como los profesionales del sector". A partir del 24 de abril la oficina solo atenderá de manera presencial con unos servicios mínimos que se están negociando mientras el Gobierno regional saca a concurso el nuevo contrato, que tendrá menos prestaciones porque el presupuesto se ha reducido en dos millones de euros, lo que conllevará la desaparición del servicio de atención telefónica.

La Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, que dirige el consejero Pedro Rollán, acusa al PSOE de estos recortes. Cuando se aprobaron los Presupuestos de 2016, el grupo parlamentario socialista presentó dos enmiendas, la 350 y la 351, que tras ser apoyadas por Ciudadanos y Podemos, obligaban al Ejecutivo a reducir 2.043.000 euros la partida destinada "al contrato de Oficina de la Vivienda". A la consejería no le ha quedado más remedio que hacer estos recortes, señala un portavoz. Ese dinero se utilizará en el Plan de Rehabilitación. Desde el PSOE niegan la mayor, y aseguran que los dos millones se sacaron de los "gastos corrientes y que es el Gobierno regional quien ha decidido sacarlos de la oficina, no el PSOE, que no tiene capacidad para decidir eso".

Los 67 empleados ven ahora amenazados sus puestos y han anunciado paros los días 12,13,19 y 20 de abril de 12 a 14 horas, convocados por UGT y CCOO

Quienes lo van a pagar son los trabajadores de la empresa que presta este servicio y por ende los ciudadanos, que anualmente suelen hacer unas 300.000 consultas y trámites en esta oficina. La empresa GSS Ventureviene prestando este servicio durante los últimos diez años, ganando año tras año el contrato.Los 67 empleados ven ahora amenazados sus puestos y han anunciado paros los días 12,13,19 y 20de abril de 12a 14 horas, convocados por UGT y CCOO. "Cifuentes empieza a incumplir sus promesas electorales, pretende dejar a los madrileños sin esta oficina como ya ha hecho con la atención que se hacía al Plan Alquila, que desde el 24 de marzoya no existe".

La oficina tiene dos locales en la avenida de Asturias de Madrid y otro en la calle Braganza, donde 67 trabajadores (51 en persona y 16 telefónicamente) atienden "unas 1.000 llamadas y entre 500 y 800 visitas al mes", según un portavoz de UGT. Entre sus tareas: "informar y asesorar sobre los recursos existentes en materia de vivienda, realizar campañas de información, tramitar las denuncias por fraude o infracción, informar sobre las ofertas de suelo en la región e informar sobre las promociones de vivienda".

Tres meses de servicios mínimos

El contrato en vigor vence el 24 de abril. Y los trámites para el nuevo aún no están preparados. "Esperábamos unaconvalidación del servicio para seguir prestando el mismo mientras se adjudicaba el nuevo contrato, pero nos han dicho que no lo habrá. A cambio nos esperan tres meses de servicios mínimos por los que la Comunidad solo quiere pagar 60.000 euros, lo que conllevará recortes en la plantilla y un servicio totalmente deficiente. La empresa ya nos ha anunciado que hará un expediente de empleo temporal. Nos iremos a la calle si la Comunidad de Madrid no rectifica y convalida el servicio hasta la nueva adjudicación", explican desde UGT.

Un portavoz de GSS asegura que la compañía "respeta la decisión de la Comunidad de Madrid" y que se presentarán a la nueva licitación, "que previsiblemente tendrá lugar en tresmeses. Para minimizar los efectos que esta situación supone para los trabajadores, hemos planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo para este período para los trabajadores de atención presencial en la Avenida de Asturias, entendiendo que es la mejor manera para mantener los puestos de trabajo y preservar la vinculación con la Comunidad de Madrid. Para los trabajadores del servicio de atención telefónica no hemos recibido comunicación oficial al respecto".

"Nos iremos a la calle si la Comunidad de Madrid no rectifica y convalida el servicio hasta la nueva adjudicación", explican desde UGT

Desde la Consejería explican que el nuevo contrato será más barato (por el último la Comunidad pagó 1,83 millones anules) y por tanto con menos prestaciones debido a los recortes impuestos en la enmienda del PSOE. Por ejemplo, se prevé que el servicio de atención telefónica, que ahora prestan 16 trabajadores de GSS, lo pase a hacer el 012 (el teléfono de información del Gobierno regional). UGT asegura que ya se han entregado las primerascartas de preaviso de despido a todos los trabajadores del servicio de atención telefónica.

Sin atención a los ciudadanos

Los trabajadores aseguran que la Comunidad de Madrid acaba de hacer público queva a ofrecer ayudas al alquiler por valor de 17 millones para 7.000 familias. "Para la tramitación de dichas ayudasse necesita que la Oficina de Vivienda esté al 100% y no con los servicios mínimos que la presidenta pretende establecer a través de un negociado". Los sindicatos denuncianque el recorte de la oficina de atención al ciudadano es solo un ejemplo más del interés que tiene el PP por defender el acceso a lavivienda, sobre todo teniendo en cuenta que la Cámara de Cuentas ha elaborado un informe, adelantado por Eldiario.es, quedenuncia que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP,"vulneró las más elementales reglas de buena gestión" cuando vendió 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone. El nuevo equipo municipal, dirigido por Manuela Carmena, ya ha anunciado que estudiaemprender acciones legales.

Tampoco hay que olvidar que un juzgado de Madrid, el de instrucción número 48 de Madrid, tiene imputados a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid,Juan Van-Halen Rodríguez (director general de Vivienda) y Ana Gomendio (directora del IVIMA) por la venta de2.935 pisos protegidos al fondo Azora-Goldman Sachs.