La desidia de Ignacio González dejó paradas 500 nuevas afiliaciones en el PP de Madrid

Medio millar de nuevas afiliaciones metidas en un cajón, sin tramitar. La nueva gestora que se ha hecho cargo del PP de Madrid tras la renuncia de Esperanza Aguirre se ha encontrado con una desagradable sorpresa al tomar las riendas del partido: 500 nuevos militantes estaban a la espera de ingresar en la formación, en una especie de limbo burocrático porque faltaba un último trámite imprescindible, la firma del secretario general. El problema era que Ignacio González, que ocupaba el cargo hasta su renuncia a mediados de diciembre del año pasado, llevaba meses 'desaparecido', sin ejercer las funciones que le correspondían.

Las nuevas altas habían sido aprobadas por el comité de afiliaciones, pero necesitaban la firma del secretario general para que tuvieran validez. Es la secretaría general la encargada de expedir el carné acreditativo de militante y de comunicar las altas a Génova para que las incluya en el censo nacional. Sin estos trámites, el nuevo militante no figura como tal. Cristina Cifuentes, elegida el 15 de febrero presidenta de la gestora, se topó de bruces con el atasco. Y ha tenido que ser su nuevo secretario general, Juan Carlos Vera, quien se haya hecho cargo de la firma de todos los expedientes que estaban en espera.

Ignacio González fue elegido secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011, después de que Esperanza Aguirre, entonces presidenta del partido, destituyera a su predecesor, Francisco Granados, por pérdida de confianza. Mariano Rajoy defenestró a González en marzo de 2015, cuando decidió que no fuera el candidato autonómico por Madrid, salpicado ya de lleno por las sospechas que se cernían sobre la compra de su ático de lujo en Estepona (Málaga). González siguió como secretario general, pero poco a poco se fue desvinculando del partido, sobre todo cuando en junio del año pasado cedió el testigo de la presidencia regional a Cristina Cifuentes. Pasó entonces al Consejo Consultivo, que fue cerrado en diciembre tras el acuerdo entre el PP y Ciudadanos.

"Ya en diciembre apenas ejercía las funciones de secretario general", explican fuentes del partido. De hecho, en la junta directiva regional de enero, celebrada el día 22, González no asistió con la excusa de que estaba de viaje, cuando ya había presentado a Aguirre su renuncia por escrito a mediados del mes anterior, en diciembre. "Ya se empezaban a amontonar las altas que habían llegado en el invierno. Se había hecho una buena campaña con los jóvenes, y había 200 peticiones de Nuevas Generaciones. Luego se acumularon otras 300 solicitudes normales, todas aprobadas por la comisión de afiliaciones a la espera de la firma del secretario general", señalan las mismas fuentes.

El partido, paralizado

Las 500 nuevas altas sin tramitar son buena muestra de la parálisis que sufría el partido en Madrid y de la necesidad de un cambio, señalan fuentes de la actual gestora. González tenía la cabeza fuera de la política, con la mente puesta en el nuevo despacho de abogados que ha abierto cerca del parque del Retiro. Ahora está investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) por la compra de su ático malagueño y el PP le ha abierto un expediente informativo. El partido tiene en Madrid 94.000 afiliados, 49.500 de ellos en las agrupaciones locales de los 21 distritos de la capital. Aguirre, jefa de la oposición en el ayuntamiento, tiene a varios de sus concejales dirigiendo esas agrupaciones, por lo que a Cifuentes le queda por delante un duro trabajo para ganarse a la militancia 'aguirrista'.

Solucionado el atasco de las altas sin tramitar, Cifuentes debe arreglar ahora un nuevo desaguisado: el despido de Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del PP de Madrid y hombre de máxima confianza de Esperanza Aguirre durante más de una década. Gutiérrez está imputado actualmente en dos procedimientos judiciales: las tarjetas 'black' de Caja Madrid (se gastó 58.000 euros) y el caso Púnica. Cifuentes le quiere fuera del partido y el PP negocia su despido, aunque hay un obstáculo que está impidiendo que su marcha se materialice: los populares no tienen dinero y su indemnización por despido es alta tras 19 años en nómina. Ambas partes siguen negociando y esperan llegar a un acuerdo "muy pronto".