martinsa pagó 77 millones

De la parcela de Arganda del Rey al ático de Estepona: "Todos estaban conchabados"

El arquitecto Gilbert Barbany fue testigo directo del mayor pelotazo de la Gürtel, que tiene sospechosas conexiones con el caso que investiga el origen de la casa de Ignacio González
Foto: Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid.
Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid.

"Todos estaban conchabados. Creo que fue un amaño a tres bandas. Así se lo dije al juez y al fiscal". La frase, contundente, la pronuncia Gilbert Barbany Fontdevila sentado en una de las mesas del restaurante que regenta en el norte de Madrid. Ahora es hostelero, pero hace casi 13 años, en septiembre de 2003, su despacho de arquitectura fue contratado por Martinsa para estudiar la viabilidad urbanística de un proyecto por el que la constructora quería pujar: la UE-124, una gran parcela de 158.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, entonces gobernado por el PP, iba a vender al mejor postor.

La venta de esta parcela se ha convertido en una de las investigaciones más complejas dentro del caso Gürtel, y seguramente en uno de los mayores pelotazos que la trama liderada por Francisco Correa consiguió dar en la comunidad de Madrid (se sospecha que Correa se llevó dos comisiones de 25 millones de euros). La parcela, situada junto al Hospital del Sureste, es hoy un gran solar con apenas edificaciones, un terreno árido que en nada se asemeja al vergel, rodeado por palmeras y bañado por el río Guadalmina, que se levanta a 600 kilómetros de distancia en la localidad malacitana de Estepona. Hablamos de Alhambra del Golf, una urbanización de lujo en la Costa del Sol.

600 kilómetros que pueden estar mucho más cerca de lo que parece. Arganda y Estepona, una conexión que puede tener un nombre: Jaime Ignacio González González, expresidente de la Comunidad de Madrid. El otrora poderoso político madrileño acaba de ser citado en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) por el juzgado de instrucción número 5 de Estepona, que ve indicios de cohecho y blanqueo de capitales en el alquiler y posterior compra del que seguramente se ha convertido ya en el ático más famoso de España: el ático de González.

Vista de la urbanización Alhambra del Golf donde se encuentra el ático de Ignacio González.
Vista de la urbanización Alhambra del Golf donde se encuentra el ático de Ignacio González.

Aunque la vivienda no es realmente un ático, sino un dúplex de 495 metros cuadrados de los que 238 se distribuyen en una terraza privilegiada. El lugar ideal de reposo y asueto que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para González y su mujer, también imputada. El polémico comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, ha aportado a la causa un informe que vincula la vivienda al caso Gürtel. El documento, que supuestamente fue elaborado en julio 2011, relata que González "pudo recibir un soborno" de dos millones de euros (abonado en parte con el mencionado inmueble, el resto en efectivo) por facilitar la adjudicación de la parcela de 158.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Arganda del Rey otorgó finalmente a Martinsa.

El escrito de Villarejo insinúa además que el pago del dinero pudo ultimarse en el viaje que González realizó a Colombia del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008 junto al consejero de Martinsa José Manuel Serra, desplazamiento que fue grabado por unos detectives y que provocó una denuncia judicial del propio González. "Me quedé perplejo cuando la Comunidad de Madrid aceptó la operación de Arganda, que a mi juicio vulneraba la Ley del Suelo", señala ahora Barbany.

Operación planificada de antemano

El arquitecto detalla con datos una operación que según él estaba perfectamente planificada de antemano. "En noviembre de 2003 elaboré un informe a Martinsa recomendándole no participar en el mencionado concurso si no se modificaban una serie de parámetros que no lo hacían rentable. Pero antes de la adjudicación ya se estaban celebrando reuniones entre Martinsa y gente del Ayuntamiento, concretamente con Benjamín Martín Vasco".

Martín Vasco era entonces consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (la empresa pública dueña de los terrenos). Luego fue diputado autonómico con Esperanza Aguirre. La ‘lideresa’ le llegó incluso a designar presidente de 'una comisión paripé' que la Asamblea de Madrid, con mayoría del PP, montó en 2009 para investigar los casos de espionaje en la Comunidad de Madrid. Hoy está imputado acusado de cobrar 345.000 euros en sobornos. La trama también le pagó su boda, celebrada en Arganda del Rey en julio de 2004, y la luna de miel a Estados Unidos y Polinesia. El sumario de la Gürtel revela además que Francisco Correa le pagó viajes a Venecia, Nueva York, Sicilia, Niza, París, Berlín, Londres, Marruecos, Ámsterdam, Marsella, Puerto Rico, Miami…

Benjamín Martín Vasco.
Benjamín Martín Vasco.

Martín Vasco cayó en desgracia tras ser imputado por siete delitos, aunque según la revista ‘Interviú’ se vengó. "Él cobró, pero Ignacio González se llevó dos millones: le pusieron un ático". Dos personas que dijeron hablar en nombre del ex diputado hicieron llegar ese mensaje a la policía, aunque nunca lo ratificaron ante el juez. Curiosamente Martín Vasco aseguró en la Audiencia Nacional que también tuvo un apartamento en Estepona, en la urbanización 'Bermuda Beach'.

Barbany conoció la trama: "nuestro despacho había trabajado para Orange Market [la empresa de Correa para hacer negocios en Valencia] y trataba con Pablo Crespo [mano derecha de Correa, también imputado]. Nos contrataron para una recalificación de terrenos en El Escorial y para intentar poner una fábrica textil en Majadahonda". Para el arquitecto los datos iniciales demostraban que la operación de Arganda era inviable económicamente, datos que se fueron modificando una vez realizada la adjudicación para que la venta se convirtiera en un gran negocio. "Las condiciones del concurso eran malas, intuyo que el objetivo era que ninguna otra constructora se presentara a pujar por la parcela. Martinsa sí lo hizo, sabedora que las condiciones luego cambiarían".

Una parcela por 77 millones

Y así sucedió. El 25 de noviembre de 2004, el Ayuntamiento de Arganda adjudicó a Martinsa la parcela por 77,2 millones de euros: 66 millones en efectivo y 11 en dotaciones para el municipio. Martinsa ganó el concurso a Sacresa y Alcosto. La edificabilidad permitía la construcción de 1.280 viviendas libres y 300 protegidas. "Así salían pisos de 160 metros cuadrados que no se iban a vender en Arganda. No había negocio". Un año después, en mayo de 2005, Martinsa logró que la edificabilidad subiera y se pudieran construir 1.772 viviendas libres y 450 protegidas. "¿Cómo? Se anularon 28.378 metros cuadrados de edificación de uso mixto pasándolos a residencial, se redujeron otros 3.000 metros cuadrados de uso comercial y se incrementó el porcentaje de vivienda protegida", señala Barbany.

Pero no era suficiente. En julio de 2006, Martinsa consigue más cambios: las viviendas libres pasan a 2.131 y las protegidas suben a 600. "Se pasó de una densidad de habitantes por hectárea de 141 a 173, cuando la ley del suelo recomienda un máximo de 100. Ayuntamiento y Comunidad se saltaron a la torera incluso la altura máxima de los edificios, ya que el plan general de ordenación urbana de Arganda permitía cinco y se iban a levantar bloques de 15 alturas", asegura Barbany. "El texto presentado por el Ayuntamiento de Arganda no se sometió a información pública, sino que se procede anotificar a los propietarios afectados, al considerarse que las modificaciones no son sustanciales", reza un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso Gürtel.

La operación necesitaba el visto bueno de la Comunidad de Madrid, y lo obtuvo. "Fernando Martín me dijo que Correa estaba intermediando y se vanagloriaba de haber conseguido las mejoras urbanísticas. Me quedé muy perplejo cuando el Gobierno regional lo autorizó. Ningún técnico regional quería autorizar esto". Quién sí lo hizo fue Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2003 hasta octubre de 2006, fecha en la que tuvo que dimitir salpicado por varios casos de corrupción. Una de las empresas de Porto estuvo vinculada a la operación.

Vista área del ámbito urbanístico UE-124 de Arganda del Rey.
Vista área del ámbito urbanístico UE-124 de Arganda del Rey.

"Todo esto se lo conté al fiscal, que al principio no me hizo caso y amenacé con ir a la prensa. A la media hora de esta reunión con Fiscalía sorprendentemente me estaba llamando un directivo de Martinsa. He declarado ya dos veces ante el juez Ruz [anterior instructor del caso]. Le di todos los detalles". Los cambios en el aprovechamiento urbanístico propiciaron que el negocio fuera redondo: de las plusvalías iniciales de 336 millones que Martinsa iba a obtener si solo construía 1.580 viviendas, se pasó a unos ingresos de 535 millones con los 2.731 pisos que finalmente se aprobaron. 

Martinsa pagó 77 millones por todo el terreno, aunque solo desembolsó 66 millones. Un precio de venta sospechosamente bajo si se tiene en cuenta que meses después la constructora vendió un tercio del suelo por 81,4 millones.

La declaración de Aguirre

En diciembre de 2013, Esperanza Aguirre declaró ante el juez Pablo Ruz por la operación de Arganda. Lo hizo por escrito, señalando que a finales de 2004, como presidenta del PP de Madrid, fue citada en el despacho de Mariano Rajoy por el entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta (imputado hoy en el caso). "Me advierten de que en dos municipios de Madrid, Majadahonda y Arganda del Rey, sus respectivos ayuntamientos pretenden vender unas parcelas edificables a un precio tasado. La ley había cambiado. Y las enajenaciones de patrimonio público, que hasta entonces debían hacerse por subasta, con intención de impedir que subiera el precio de la vivienda, se obligaba ahora a que se hicieran por concurso, permitiéndose el precio tasado, es decir, que el precio no contara en la adjudicación".

Según Aguirre, Lapuerta quería impedir que Majadahonda y Arganda "sufrieran una pérdida patrimonial importante, puesto que, al parecer, el precio tasado era muy inferior al precio de mercado". La 'lideresa' asegura que llamó a los dos alcaldes: "Primero al de Arganda, Ginés López, quien me dijo que la parcela ya estaba adjudicada, a precio tasado, que el procedimiento era absolutamente legal y que se había hecho por unanimidad de todos los grupos políticos. Esto último resultó ser falso, pero es lo que me dijo". La conversación con el juez Pablo Ruz es muy reveladora.

-"¿Cuando usted nombra a Enrique Porto director general de urbanismo, el cargo de su Gobierno que firma el aumento de edificabilidad de la parcela adjudicada a Martinsa en Arganda, tuvo en cuenta su pasado en la empresa Plarquin, única empresa que elaboró un informe favorable para la adjudicación de dicha parcela a Martinsa?"

-"Cuando el Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a este señor", respondió Aguirre.

-"¿Encargó usted alguna investigación interna a la luz de estas investigaciones para aclarar si existía algún tipo de relación entre la operación urbanística de Arganda, Martinsa y su vicepresidente del Gobierno?"

-"Por supuesto que no".

El presidente de Martinsa, Fernando Martín.
El presidente de Martinsa, Fernando Martín.

Varios imputados y concurso de acreedores

Aguirre no sospechó nada y Martinsa se quedó con la parcela. Hoy, doce años después, la operación Arganda ha dejado imputados a varios cargos públicos del municipio: Benjamín Martín Vasco, el exalcalde Ginés López (acusado de cobrar 523.000 euros de la trama), y el extécnico municipal Juan Fernández Caballero. Los investigadores están convencidos de que la trama campó a sus anchas por el municipio. El sumario analiza varios contratos que las empresas de Correa se llevaron en Arganda, directamente o intermediando con otras compañías. Benjamín Martín Vasco, como concejal de Contratación del Consistorio, fue el primero que firmó con la trama: el 4 de septiembre de 1996 el Ayuntamiento pagó dos millones de pesetas a FCS por el "contrato de montaje y ofrenda floral por la fiestas patronales".

Fernando Martín Álvarez, dueño de Martinsa y efímero presidente del Real Madrid, también está imputado acusado de pagar 12 millones de euros a Correa por la parcela de Arganda. Martinsa-Fadesa ha protagonizado uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España. También están imputados Amando Mayo Rebollo, gestor de inversiones, y Manuel Salinas Lázaro, empresario zaragozano, que pagó a Martinsa por tener un porcentaje de participación en el proyecto de Arganda. 

Gilbert Barbany rompió con Martinsa. "Dejamos de trabajar con ellos cuando compraron Fadesa. Acabamos mal porque tenían muchos chanchullos. Aún me deben 600.000 euros". El juzgado de Estepona, por su parte, intenta poner luz a los claroscuros que invaden el ático de González, una casa que el expresidente madrileño compró en diciembre de 2012 por 770.000 euros, pero que ya disfrutaba desde el verano de 2008 pagando un alquiler a una empresa creada en el Estado de Delaware (EEUU), que a su vez depende de otra firma radicada en Panamá, y que curiosamente comparte testaferros con la empresa panameña que Francisco Correa creó para ingresar la suculenta comisión por la operación de Arganda. Puede que la titular del juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, no tenga que buscar tan lejos y tenga la respuesta a 600 kilómetros, en una árida parcela de Arganda del Rey. 

Madrid
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