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Cifuentes 'salva' de su código ético a varios alcaldes imputados del PP de Madrid

La nueva gestora quiere un texto que diferencie "la corrupción política de la corrupción administrativa". El de Colmenar Viejo, ya procesado, ha puesto su cargo a disposición
Foto: Cristina Cifuentes.
Cristina Cifuentes.

El nuevo código ético que está ultimando la gestora del PP de Madrid amnistía a varios alcaldes madrileños del PP imputados por delitos tan variopintos como usurpación de cargo público, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción, amenazas y revelación de secretos. La gestora que dirige la presidenta regional Cristina Cifuentes asegura que está trabajando en un texto "justo" que diferencie "entre corrupción política y corrupción administrativa" y que sobre todo "respete la presunción de inocencia". A pesar de que Cifuentes ha defendido que una de sus líneas rojas es "tolerancia cero" con la corrupción, algunos de estos regidores están ya procesados (con peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía). Uno de ellos, el de Colmenar Viejo, ya ha trasladado a su grupo municipal su decisión de dimitir. Cifuentes se reunirá este lunes en Génova por primera vez con presidentes municipales del partido y cargos públicos.

Cifuentes llegó a la presidencia de la gestora que dirige temporalmente el PP de Madrid tras la renuncia de Esperanza Aguirre, que se fue asediada por las últimas revelaciones del caso Púnica (que investiga la financiación irregular del partido) y con los rescoldos del caso Gürtel aún bastante vivos (Aguirre será testigo en el juicio que comienza este otoño). Cifuentes ha tomado el poder en el PP regional avalada por su gestión inflexible al frente de la comunidad: forzó la marcha de un diputado del PP que había triplicado la tasa de alcoholemia tras un accidente de tráfico y cesó a un alto cargo que había adjudicado contratos a un imputado por fraude fiscal y estafa. Pero de momento no ha tomado ninguna decisión tras 'heredar' estas imputaciones de Esperanza Aguirre, que como anterior presidenta del partido tampoco había tomado medidas contra los regidores señalados. 

Cifuentes de momento no ha tomado ninguna decisión tras 'heredar' las imputaciones de estos alcaldes de la anterior presidenta del partido, Esperanza Aguirre

Fuentes de la dirección de la gestora aseguran que el nuevo código ético será "muy similar" al que Cifuentes ya impuso a los candidatos de su lista electoral y que sigue vigente entre sus diputados de la Asamblea y sus cargos públicos en el Gobierno regional: la renuncia al puesto si hay una imputación por corrupción política o por un caso de gran alarma social. De hecho, la presidenta puso como ejemplo durante la campaña electoral del año pasado al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, salpicado por un caso de violencia de género: "Me parece insólito que no se haya planteado dejar su escaño", señaló entonces. 

Sin embargo, el nuevo código ético también buscará ser flexible y que sepa diferenciar casos y casos, "entre corrupción política y corrupción administrativa, que sepa distinguir entre los que han metido la mano en la caja pública y los que solo hayan tenido errores administrativos relacionados con su puesto". Algunos directivos de la gestora ponen como ejemplo las palabras del presidente nacional, Mariano Rajoy, que hace unos días hizo pública una lista de cargos populares que fueron imputados y luego absueltos, para ensalzar "el valor de la presunción de inocencia".

Por su parte, el PP nacional también tiene un código ético, que solo fija "el compromiso" de los cargos públicos "de comunicar a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Tras esta comunicación, todo queda en manos del Comité Nacional de Derechos y Garantías, que debe decidir si "su permanencia en el partido daña a la propia organización o a la institución pública".

Reunión de la gestora dirigida por Cifuentes.
Reunión de la gestora dirigida por Cifuentes.

Colmenar: cargo a disposición del partido

El caso más sangrante es el del alcalde de Colmenar Viejo (47.000 habitantes). El pasado 25 de febrero, el juzgado de instrucción número 3 de esa localidad procesó por un delito de prevaricación urbanística a Miguel Ángel Santamaría Novoa, y a su antecesor en el cargo, José María de Federico Corral. Como ya adelantó El Confidencial, la Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de delito en las decisiones que tomaron 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento en los últimos 10 años. También están procesados cinco ediles del actual equipo municipal y cinco exconcejales. 

Santamaría permanece en la alcaldía, aunque ya ha puesto su cargo a disposición del partido. "Los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimiento de dichas irregularidades urbanísticas", reza el escrito del fiscal.

Por otro lado, la Fiscalía pide dos años de cárcel para Ramón Regueiras, alcalde de Hoyo de Manzanares (6.700 habitantes), por los delitos de desobediencia y usurpación de cargo público. Hoy es regidor del PP, pero en 2008 llegó a la alcaldía cuando pertenecía a un grupo independiente gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica, y después se negó a reestablecer en el cargo al alcalde del PP que había expulsado gracias a esa moción. Le acaban de imputar nuevamente después de que la Fiscalía haya visto indicios de un delito de prevaricación por perseguir laboralmente al exsecretario municipal, al que sancionó irregularmente en 13 ocasiones.

Persecuciones y venganzas

El caso de Daniel Pérez, alcalde de Galapagar (32.300 habitantes), es el ejemplo que utiliza el PP para hablar de imputación "injusta" que no debe conllevar la renuncia al cargo. Un empresario del municipio, dueño de un restaurante, ha conseguido imputarle de los delitos de prevaricación urbanística, injurias y revelación de secretos. Pérez ya declaró ante el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba. El PP cree que todo se trata de una persecución por parte de este empresario, ya que el ayuntamiento le apercibió por hacer unas obras sin licencia y sin pagar las tasas correspondientes.

Ramón Regueiras (Hoyo), Miguel Ángel Santamaría (Colmenar Viejo) y Daniel Pérez (Galapagar).
Ramón Regueiras (Hoyo), Miguel Ángel Santamaría (Colmenar Viejo) y Daniel Pérez (Galapagar).

"Hay que ser coherentes. Sobre todo en el ámbito municipal, muchos cargos están abiertos a imputaciones por decisiones administrativas que muchas veces obedecen a venganzas personales. Hay que saber sopesar todos los casos. Esto no es robar y esto no se puede convertir en una locura", señalan dirigentes de la gestora. En Brunete (10.300 habitantes), el alcalde Borja Gutiérrez ya ganó en diciembre una batalla judicial después de que un juzgado de Móstoles archivara una querella contra él por coacciones y acoso laboral que había presentado el arquitecto municipal. Sin embargo, sigue imputado después de que una concejala de UPyD denunciara que intentó comprar su voto. La edil aportó grabaciones al juzgado. Está acusado de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción y amenazas. 

El punto primero del acuerdo de investidura alcanzado entre Cifuentes y Ciudadanos ya obliga a "la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Madrid

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