Un juez ordena peritar si se falsearon las cuentas del fallido Campus de la Justicia

Un juez ha puesto sus ojos sobre Campus de la Justicia, el fallido proyecto ideado por Esperanza Aguirre que pretendía unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la comunidad de Madrid. En un auto fechado el 5 de febrero, el titular del juzgado de instrucción número 54 de la capital ha ordenado una "prueba pericial contable" que examine si Campus de la Justicia, sociedad mercantil constituida el 12 de enero de 2005, falsificó sus cuentas entre 2005 y 2014. La querella la han puesto dos arquiectos que ganaron el concurso para edificar dos de los edificios que se iban a construir, el Registro Civil y los juzgados de lo Penal.

Los dos arquitectos, Ángel Borrego Cubero y Rafael de la Hoz, acusan al administrador que liquidó la sociedad, Miguel Ángel Fernández Calvo, de falsedad documental y delito societario. El juez ya ha recibido todas las cuentas de la sociedad entre 2005 y 2014 (fue liquidada en febrero de 2015 ya reconvertida como Ciudad de la Justicia), y quiere que se examinen para comprobar las acusaciones de ambos arquitectos: que las cuentas que Campus entregó al Gobierno regional para que este elaborara sus presupuestos anuales son distintas a las que posteriormente se presentaron en el Registro Mercantil.

Las cuentas de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 se presentaron en el registro mercantil fuera de plazo, incumpliendo así la ley

Porque las cuentas de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 se presentaron en el registro fuera de plazo, incumpliendo así la ley. Las de 2010 se formalizaron en septiembre de 2012. Y las de 2011, 2012 y 2013 en septiembre de 2014. Campus, no obstante, sí entregó al Ejecutivo autonómico, de quien dependía al 100%, información contable de sus cuentas para que se pudieran elaborar los presupuestos anuales de la Comunidad. Una información que ha resultado ser bien distinta a la que luego se presentó en el registro mercantil, según los denunciantes. El juez ha ordenado auditar las cuentas de 2010, 2011, 2012 y 2013. Las cuentas de 2014 se presentaron en febrero de 2015.

Miguel Ángel Fernández Calvo, que ya compareció en la comisión sobre la deuda que se celebra en la Asamblea de Madrid, es militante del PP en Tres Cantos. La oposición ya criticó su escaso bagaje profesional para un trabajo de tal magnitud: liquidar una empresa que gastó más de 130 millones de euros y que comprometió 229 millones de euros en proyectos técnicos. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y secretario general del PP en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Apercibimientos y quejas

El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, también compareció en la Asamblea, donde aseguró que Campus de la Justicia sólo rindió cuentas en tiempo y forma en el año 2006. Después, o no facilitó información, o lo hizo fuera de plazo. De hecho, la sociedad mercantil fue apercibida cuatro veces por el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, que denunció ante el Gobierno regional la falta de transparencia hasta en catorce veces. Irregularidades que también detectó Javier Rodríguez Hernández, apoderado de esta empresa pública entre octubre de 2011 y febrero de 2013.

Rodríguez Hernández fue muy crítico con la gestión financiera de Campus: "Me cansé de golpear los nudillos en las puertas para que se aprobaran las cuentas del año 2010 y en adelante y se presentaran en el registro. Todo esto fue una irregularidad. Nadie quería saber nada. No querían firmar las cuentas anuales para que se llevasen al Consejo de Gobierno y luego a la Cámara de Cuentas", declaró en la comisión de la Asamblea. Rodríguez, funcionario, ingeniero de caminos, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, señaló que su actitud crítica provocó que el PP le destituyera y le apartara. "He estado tres años metido en un chiscón".

En su querella, los dos abogados también acusan al liquidador del Campus de cerrar las cuentas y obviar las deudas que la empresa tenía contraídas con ellos por los trabajos técnicos desarrollados. Aparte de la querella penal, hay un procedimiento contencioso administrativo que dirime la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que los dos arquitectos reclaman su dinero. En el caso de Ángel Borrego la cifra es de 501.338 euros. En el caso de Rafael de la Hoz, "la cantidad es bastante superior", señalan fuentes jurídicas, que prefieren ser prudentes.

La comisión sobre la auditoría de la deuda puesta en marcha en la Asamblea ya ha terminado las sesiones sobre Campus de la Justicia y trabaja ahora en un informe de conclusiones. Los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos ya han señalado que ven muchos indicios de delito en la gestión del proyecto y vaticinan que el asunto podría acabar en la Fiscalía Anticorrupción. Los 300.000 metros cuadrados reservados para levantar el Campus son hoy un erial que alberga rodajes de cine y donde se erige, solitario, el Instituto de Medicina Legal, solo una de las 18 instalaciones previstas.