Prueba de fuego para Cifuentes: el juez pedirá la imputación de su primer diputado

Ha comenzado la cuenta atrás para Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles y actual diputado autonómico en las filas de Cristina Cifuentes. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ultima ya el auto por el que se inhibirá en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que este impute al parlamentario por su implicación en el caso Púnica. Ortiz está aforado y Velasco, con el acuerdo de la Fiscalía, debe remitir la parte de la investigación que le concierne al tribunal madrileño, el competente para imputarlo. Velasco ha tomado esta decisión tras el último y contundente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye a Ortiz los delitos de fraude y cohecho en el gran contrato de 74 millones que el consistorio que él dirigía adjudicó a Cofely, una de las empresas de la trama. La UCO también investiga a otro diputado de Cifuentes, Bartolomé González, por su gestión como alcalde de Alcalá de Henares.

El magistrado de la Audiencia Nacional está terminando la exposición razonada de los hechos, lo que supondrá solo remitir al TSJM la parte de la investigación de este contrato en concreto. De todos modos, será la primera prueba de fuego para Cifuentes, que dirige también la gestora del PP de Madrid. Cifuentes ha anunciado por activa y por pasiva que no tolerará la corrupción y se ha comprometido a destituir a cualquier cargo que sea imputado. Ortiz puede ser el primero, aunque el acta de diputado es personal y en este caso el grupo parlamentario del PP no podría obligarle a dejar el escaño, solo a abandonar el grupo. Cuando estalló el caso Gürtel y la Audiencia Nacional se inhibió en el TSJM para que imputara a tres diputados de Esperanza Aguirre, estos se pasaron al grupo mixto.

Cifuentes, que también preside la gestora del PP de Madrid, apuesta por la tolerancia cero en corrupción y asegura que destituirá a los cargos imputados

El informe de la UCO señala que ha podido "obtener sólidos indicios probatorios del modo en que el exalcalde Daniel Ortiz Espejo y el exconcejal Alejandro Utrilla Palombi habrían utilizado sus funciones públicas para influir en el desarrollo del proceso de adjudicación en beneficio de los intereses privados de Cofely, eliminando la concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores y vulnerando los principios de la contratación pública". Por este contrato ya está imputado el hermano de Alejandro, Mario Utrilla, que fue alcalde de Sevilla la Nueva y diputado autonómico. El contrato fue adjudicado en mayo de 2014. Ortiz fue alcalde hasta junio de 2015.

Los hermanos Dalton y 'el jefe'

En un informe de más de 300 páginas, la UCO reproduce correos electrónicos, documentos e intervenciones telefónicas "que ejemplifican cómo los hermanos Utrilla [a los que la trama apodaba 'los Dalton'] solicitaban de manera reiterada al conseguidor David Marjaliza y al directivo de Cofely Pedro García [ambos imputados] el pago del dinero acordado, justificando en ocasiones esta insistencia en las presiones recibidas de un tercero. A pesar de que los investigados eran cautos durante sus conversaciones telefónicas y evitaban dar datos concretos de los acuerdos o de los intervinientes, las declaraciones en sede judicial, el análisis documental y de los correos electrónicos indicarían que esa tercera persona podría ser el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo", al que el exedil Alejandro Utrilla se refiere como "el jefe".

La comisión pactada sería de 240.000 euros, una comisión inicial "para ir tirando", porque al parecer los políticos implicados reclamaban 400.000 euros. La UCO cree saber incluso cómo se pagó la comisión. Un documento manuscrito encontrado en el despacho de Ana María Ramírez [contable y testaferro de David Marjaliza] revela que Cofely utilizaba dos empresas de Marjaliza, Ruta Energética y Construcciones de la Peña, "para generar facturación instrumental con la que hacer frente a los pagos realizados a cargos políticos, así como recibir sus comisiones por lograr adjudicaciones para Cofely". En sede judicial, Marjaliza reconoció haber pagado 6.000 euros solo a Mario Utrilla por el amaño de Móstoles.

Es decir, que Marjaliza, cabecilla de la trama, socio y amigo de Francisco Granados (el principal dirigente político imputado en el caso), ponía sus empresas a disposición de Cofely para ocultar los pagos a políticos. Él también recibía una comisión por esta intermediación. Según la UCO, Marjaliza habría adelantado a veces las comisiones para los políticos "de su bolsillo" con dinero en efectivo, "pago que habitualmente se realizaba en sus oficinas de Pinto, en sobres y con billetes de elevado valor facial", y más adelante él facturaba a Cofely a través de sus empresas instrumentales la comisión total, incluida la parte que le correspondía a él.

En el caso de Móstoles, Marjaliza pudo adelantar el dinero de la comisión pactada a cambio de exigir pagos de Cofely a sus empresas, pagos que se camuflaban en servicios que Cofely contrataba tras ganar otras adjudicaciones públicas en otros ayuntamientos implicados, como Serranillos del Valle, Parla y Moraleja de Enmedio.