contrato de 388.000 euros

La exministra Isabel Tocino también hizo negocio con la venta de viviendas protegidas

Antes de la polémica venta a los fondos buitre, el IVIMA adjudicó a una de las empresas de la que era consejera un contrato para que comercializara los pisos. Solo traspasó 234
Foto: La exministra Isabel Tocino.
La exministra Isabel Tocino.

La exministra Isabel Tocino también hizo negocio con las viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid. Antes de que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) vendiera en agosto de 2013 casi 3.000 pisos públicos al fondo Azora (que contó con la financiación de Goldman Sachs), la empresa Diagonal Gest, de la que Tocino era consejera, se llevó el contrato para tramitar la venta del parque de vivienda social que entonces tenía la Comunidad, 9.100 pisos. Al final, solo pudo comercializar 234 inmuebles, una labor por la que la sociedad cobró 388.000 euros. Los sindicatos criticaron esta adjudicación y denunciaron que, a pesar de este proceso de externalización, "siguieron realizando toda la gestión que llevaban a cabo, de modo que esta empresa únicamente realizó la última etapa de cada una de las gestiones que ya hacía el IVIMA, lucrándose gracias al trabajo que realizaron los funcionarios". Su denuncia cayó en saco roto.

En 2012, la situación de las arcas públicas madrileñas era delicada. El Gobierno regional debía recortar 2.400 millones y decidó poner a la venta parte de su patrimonio. Por eso en agosto de ese año, un mes antes de que Esperanza Aguirre dimitiera de la Presidencia del Ejecutivo por enfermedad, el IVIMA adjudicó el siguiente contrato: "Actuaciones de gestión sobre el patrimonio de viviendas y garajes del IVIMA ubicados en Madrid". La empresa ganadora fue Diagonal Gest SL, por un importe de 530.949 euros. Isabel Tocino, exministra del PP, era entonces consejera de la sociedad (ocupó el cargo entre febrero de 2008 y agosto de 2014).

Isabel Tocino, exministra del PP, fue consejera de la empresa adjudicataria entre 2008 y 2014

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que ya criticó la venta de los pisos protegidos a Azora-Goldman Sach, menciona también esta adjudicación. En realidad, habla de dos contratos, uno para la gestión de venta de los inmuebles ubicados en Madrid capital y otro para los situados en el resto de los municipios de la región. El parque inmobiliario ese año del IVIMA era de 9.100 viviendas (6.800 en la capital y 2.300 en las localidades). Dos contratos agrupados en uno que se llevó Diagonal Gest SL. El objetivo era la "preparación y ejecución de todos los trámites necesarios para las siguientes operaciones: venta, redacción de ofertas y de los contratos de compraventa, pagos del precio, elevación a público de los contratos y tramitación de los expedientes".

El IVIMA puso hasta las fotocopiadoras

Según CCOO, el Gobierno del PP sacó a concurso este contrato debido a "la dificultad que suponía gestionar un patrimonio tan voluminoso y a la carencia de medios humanos disponibles en el IVIMA". Sin embargo, "a pesar de la supuesta escasez de medios humanos en el IVIMA, los funcionarios del Área de Patrimonio trabajaron bajo las directrices de Diagonal Gest, aprovechándose de la laguna generada por una cláusula del contrato, que establecía que el instituto proporcionaba un sinfín de documentos para realizar este trabajo. Incluso los medios materiales, como las fotocopiadoras. Todo estaba a su disposición", señala un portavoz del sindicato.

El expresidente madrileño Ignacio González declaró en la Asamblea por la venta de los pisos del IVIMA.
El expresidente madrileño Ignacio González declaró en la Asamblea por la venta de los pisos del IVIMA.

"Los trabajadores del IVIMA, que entre otras funciones se encargan de ofertar la compra de una vivienda a sus inquilinos, continuaron realizando toda la gestión que llevaban a cabo antes del proceso de externalización. La empresa únicamente realizaba la última etapa de cada una de las gestiones, lucrándose gracias al trabajo que realizan los funcionarios, y todo ante la permisividad de la Administración", señala CCOO.

El contrato se prorrogó el 20 de diciembre de 2012 hasta el 23 de mayo de 2013. Al final, la empresa solo pudo vender 234 inmuebles (207 viviendas y 27 garajes), el 2,5% del parque inmobiliario del IVIMA. Por esa labor, la sociedad de Tocino cobró 388.377 euros. La Cámara de Cuentas detectó que de ese importe, "un total de 38.614 euros fueron abonados a la adjudicataria sin que se haya suscrito contrato con la misma, al tratarse de actuaciones realizadas con posterioridad a la fecha de finalización de los contratos y sus correspondientes prórrogas". El IVIMA justificó ese pago extra con una factura acompañada de dos memorias que argumentaban que se superó la fecha de los contratos "por resultar conveniente para el interés público y con objeto de evitar la interrupción de los procesos de transmisión o venta de inmuebles en marcha".

Matriz holandesa

La empresa se llama ahora Diagonal Company Services & Solutions. La firma se define como "uno de los principales grupos de externalización de procesos y servicios financieros avanzados". Su principal accionista es Menser Inversiones 2007, que a su vez depende de DiagesHold, que es propiedad de la sociedad holandesa JZ Mortgage Services BV. Tocino ya no es consejera. El Confidencial ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de la compañía.

Tras la gestión fallida de Diagonal Gest, que solo pudo vender un porcentaje muy bajo de las viviendas del IVIMA, el instituto público puso a la venta en un solo paquete 32 promociones que sumaban 2.935 pisos. El ganador fue Azora-Goldman Sachs, que pagó 201 millones de euros.  Esta venta ha acabado en los tribunales. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ya ha imputado a la gerente del IVIMA que materializó la venta, Ana Gomendio, y al que entonces era director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, Juan Van-Halen Rodríguez. El juez ha pedido nuevas diligencias después de que una de las acusaciones personadas haya relacionado esta operación con la familia Aznar.

El sucesor de Aguirre en la presidencia, Ignacio González, tuvo que declarar también por este asunto en la comisión de investigación que ha puesto en marcha la Asamblea de Madrid. La oposición le acusó de ser el responsable político de un grave quebranto patrimonial para las arcas públicas, ya que la comunidad vendió por 201 millones casi 3.000 viviendas protegidas a un fondo de inversión cuando su valor era de 300 millones. Cuando la Comunidad decidió en junio de 2013 poner los pisos protegidos en manos de fondos privados, había 297.000 jóvenes menores de 35 años que eran solicitantes de vivienda protegida. 

Madrid

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