La Fiscalía pide dos años de prisión para el alcalde del PP de Hoyo por usurpar el cargo

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado dos años de prisión para el actual alcalde de Hoyo de Manzanares, municipio de 7.800 habitantes de la sierra madrileña. José Ramón Regueiras García, del PP, está acusado de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas porque se convirtió en alcalde gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica. Los cuatro exconcejales, también del PP, que se querellaron contra él (uno de ellos ahora en las filas de Ciudadanos) piden tres años de prisión. La Fiscalía pide también dos años de inhabilitación y ha reclamado a la Agencia Tributaria un informe de la "situación patrimonial del imputado" para cubrir las posibles responsabilidades civiles que se deriven de una hipotética condena.

La instrucción la ha llevado el juzgado de Colmenar Viejo número 1, que debe elevar el caso a un juzgado de lo penal de Madrid para que este último fije la fecha de juicio. "Estamos esperando a que se produzca este paso. Debería ser este mismo año. Hemos hecho un escrito al juez, ya que no entendemos que se esté retrasando la fecha del juicio", señala Ildefonso Goizueta, letrado de los cuatro exconcejales.

El caso que ha llevado al procesamiento de Regueiras es insólito. Todo ocurrió durante la legislatura 2007-2011, cuando el ahora alcalde del PP era concejal del Partido Independiente Popular de Hoyo. El regidor era entonces el popular Antonio Antolínez Sousa, que gobernaba en minoría. El 18 de enero de 2008, Regueiras consiguió el apoyo de los ediles del PSOE y de IU para presentar una moción de censura, expulsar a Antolínez y hacerse él con la alcaldía. La moción se voto el día 28 de enero, pero una de las concejalas independientes del partido de Regueiras se equivocó y votó en contra de la moción.

Todo empezó porque una concejala se equivocó en su voto en la moción de censura que debería haber aupado a Regueiras a la Alcaldía

El secretario municipal proclamó que la moción no había obtenido la mayoría absoluta y que por tanto no había prosperado. De nada sirvieron ese día las quejas de la edil que se había equivocado, que, según el escrito de la Fiscalía, "votó no, pidiendo acto seguido perdón diciendo de forma reiterada sí, sí. Insistió en que había cometido un error, un 'lapsus linguae', y que lógicamente su intención era votar a favor". El secretario, no obstante, manifestó que no se podía votar otra vez y que no se podía rectificar el resultado.

Regueiras movió ficha inmediatamente. Presentó un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno que había tumbado su moción. El recurso se votó el 10 de marzo de 2008 y, esta vez sí, se votó a favor de corregir "el vicio contenido de la voluntad real" de la concejala que se había equivocado. Hubo un nuevo recuento de votos y en el mismo pleno se acordó proclamar alcalde a Regueiras. Además, el juzgado de lo contencioso administrativo número 14 le dio la razón, ya que entendió que cuando la edil se equivocó al votar se había conculcado su derecho fundamental. El asunto, obviamente, no quedó así. Y comenzó entonces un reguero de vericuetos judiciales.

Devolver la alcaldía en noviembre de 2009

El 22 de octubre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia del juzgado 14 y alegó todo lo contrario: no se había infringido ningún derecho y los votos del primer pleno, aquel en que la edil independiente se equivocó, tenían "plena validez y eficacia". La sentencia fue notificada al ayuntamiento el 5 de noviembre de 2009. Según la Fiscalía, era una sentencia "firme y ejecutiva" que obligaba a Regueiras a devolver la alcaldía a Antolínez.

La Fiscalía también acusa y pide dos años de prisión para el entonces letrado interino de la Corporación Local, Francisco Javier Cardona Ayuso, "que en connivencia con Regueiras hizo caso omiso de la sentencia y a cuantos requerimientos se le hicieron". El fiscal señala que el ahora alcalde, "con ánimo de perpetuarse ilícitamente en el cargo, continuó ejerciendo hasta las siguientes elecciones en mayo de 2011, al cobijo del artificio jurídico que había diseñado para él Cardona Ayuso".

La Fiscalía también acusa al letrado municipal de urdir un artificio jurídico para mantenerle en el cargo

José Antonio Antolínez, el alcalde expulsado, pidió que se cumpliera la sentencia en febrero, octubre y noviembre de 2010. La ley estipula que al tratarse de un acto administrativo, es el ayuntamiento quien debe ejecutarlo. Regueiras y el letrado Cardona recurrieron al Tribunal Supremo. El Alto Tribunal aceptó su recurso en febrero de 2010, pero recalcó que mientras resolvía se debía ejecutar la sentencia, es decir, devolver la alcaldía a Antolínez. La Fiscalía les acusa de delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Pide para ambos (Regueiras y Cardona) dos años de prisión, dos años de inhabilitación y multa de 5.400 euros. Los cuatro ediles del PP del grupo municipal de Antolínez se querellaron contra ellos y piden tres años de prisión. Uno de ellos, Elena Talavera, es ahora concejala de Ciudadanos.

Cambio de partido

José Ramón Regueiras es una figura polémica en Hoyo de Manzanares. En las elecciones municipales de 2003 se presentó como número dos en las listas del PP, que tras los comicios no obtuvo la alcaldía y ocupó la oposición. Dimitió al poco tiempo, lo que sentó mal en las filas del partido. En la siguiente legislatura, en las elecciones de 2007, se presentó encabezando el partido independiente. Tampoco obtuvo la alcaldía, aunque sí la consiguió en 2008 con la moción de censura. En 2011 se volvió a presentar, esta vez por el PP. Ganó con mayoría. En 2015 volvió a repetir como cabeza de lista después de provocar un cisma en el PP de Hoyo, ya que el comité ejecutivo local votó para que el número uno fuera otro militante, Fernando Salgado, aunque finalmente Esperanza Aguirre impuso a Regueiras, a pesar de que ya estaba imputado.

Volvió a ganar los comicios, aunque gobierna en minoría. La oposición, mayoría, ha impuesto la creación de una comisión informativa para investigar el contrato que finalmente no se concedió a una empresa salpicada por el caso Púnica, y que iba a costar a las arcas municipales 4,7 millones en 15 años. Como ya publicó El Confidencial, la comisión está teniendo problemas para encontrar documentación que justificara la necesidad de ese contrato fallido.