Los 'espías' de Madrid piden formalmente testificar en la Asamblea y tirar de la manta

Fue el 5 de enero, víspera del día de Reyes, cuando la Asamblea de Madrid apenas tenía actividad. A las 9 de la mañana, Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez (guardias civiles en excedencia) y José Manuel Pinto Serrano (extrabajador de la Consejería de Interior) registraron un escrito en la Cámara madrileña solicitando "que se nos cite" en la comisión de investigación puesta en marcha en octubre y que está tratando diversos temas. Los tres se ofrecen a testificar para "colaborar y esclarecer el conocido como caso del espionaje de la Comunidad de Madrid", los presuntos seguimientos que en 2008 varios funcionarios adscritos a la consejería de Interior hicieron a Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (era consejero de Justicia e Interior).

Los tres están imputados por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid, que lleva ya siete años investigando el caso. Los seguimientos a Prada y Cobo, que no apoyaban el asalto de Esperanza Aguirre a la dirección del PP, han dejado de momento seis imputados. Aparte de Coronado, Oreja y Pinto, también lo están José Luis Caro Vinagre (otro guardia civil, amigo personal de Francisco Granados), y los dos jefes de todos ellos: Sergio Gamón Serrano (ex director general de Seguridad que antes fue escolta de Aguirre) y Miguel Castaño Grande, policía nacional y ex subdirector de Seguridad.

Los tres imputados que han pedido comparecer aseguran que les han seguido, robado, extorsionado, viviendo “actuaciones insoportables“

Coronado, Oreja y Pinto han presentado el escrito a Dolores González, diputada de Ciudadanos y presidenta de la comisión de investigación, extensible a los diputados de los cuatro grupos en la Asamblea que forman parte de esta comisión. Piden "el amparo" de la Asamblea ya que "durante estos años hemos sido objeto de publicaciones periodísticas aberrantes y calumniosas, en las que se nos ha intentado vincular con constructores que no conocemos, y con presuntas organizaciones criminales a las que, por supuesto, no pertenecemos". Aseguran que en los siete años que dura ya el caso, les han hecho seguimientos, les han robado, les han extorsionado, "y hemos sufrido un largo elenco de injusticias simplemente por defender nuestra inocencia. Estas actuaciones se hacen insoportables para cualquier ciudadano honrado", reza su escrito.

El espionaje político no está tipificado por el Código Penal, por lo que los seis están imputados por malversación de caudales públicos al entender que se utilizó presupuesto público (sus sueldos, la gasolina de sus vehículos y los teléfonos móviles) en actividades ilícitas. Los seguimientos los destapó el diario El País. Alfredo Prada y Manuel Cobo pusieron entonces una denuncia en febrero de 2009, que finalmente no recurrieron tras el primer archivo del caso por petición del PP. El caso ha sido cerrado tres veces y reabierto otras tres. En marzo de 2009, la Asamblea de Madrid ya puso en marcha una comisión de investigación sobre este asunto que no llegó a determinar responsabilidades políticas.

"El eslabón más débil de la cadena"

Los tres firmantes del escrito se sienten "el eslabón más débil de la cadena", y recuerdan que esta nueva comisión de corrupción, forzada por Ciudadanos, PSOE y Podemos, nació con el objeto de "determinar responsabilidades políticas [...] en relación con casos de corrupción organizada conocidos en la Comunidad de Madrid durante las últimas dos legislaturas". Aseguran, en nueve puntos, que han tratado de demostrar en sede judicial que ellos son inocentes y que se negaron a obedecer actuaciones ilegales "anteriores incluso a la creación de la Dirección General de Seguridad" en la que ellos fueron encuadrados.

Hablan de contrataciones ilegales de agencias de detectives a través de empresarios implicados en el caso Gürtel y a través del Canal de Isabel II

"Las presuntas actuaciones irregulares del órgano de dirección de esa Dirección General" se habrían cometido "bajo las órdenes directas de la presidenta y del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid". Acusan directamente a Esperanza Aguirre y a Ignacio González de ordenar un espionaje que fue gestionado por Sergio Gamón. "Estos órganos de dirección instrumentalizaron a medios de comunicación para dar vida a este burdo montaje". El escrito deja claro que los tres imputados tienen mucho que contar.

"Los dos directores generales, Sergio Gamón y Enrique Barón, pudieron haber sido intermediarios en la contratación de servicios ilegales a agencias de detectives". Estos servicios, "se contrataron presuntamente a través de un empresario implicado en la trama Gürtel y en otras ocasiones a través de la empresa pública Canal de Isabel II".

Comprar su silencio

"Las personas que suscribimos este escrito somos víctimas de esta presunta corrupción política que llega a tal aberración e impunidad que intentaron comprar el silencio de profesionales honrados, a cambio de mantenerles en sus puestos de trabajo, siempre y cuando asumieran ese montaje y no realizaran ninguna actividad que dinamitase la línea de defensa que les impuso la propia Comunidad". Concluyen asegurando que los políticos implicados no han asumido ninguna responsabilidad ni el coste económico de estas actuaciones.

Al principio, Coronado y Oreja (acusados de participar en los seguimientos), y Pinto (acusado de escribir los partes de seguimiento) negaron los hechos por miedo a represalias, pero al ver que la instrucción avanzaba lentamente, que se les denegaban pruebas, y que la responsabilidad de lo sucedido se iba a quedar solo en ellos, cambiaron su declaración. Ya han testificado que denunciaron los seguimientos a Francisco Granados, que se negaron a hacerlos por considerarlos ilegales, que solo fueron a donde les mandaron y que su superior, Sergio Gamón, les indicó que todo era orden de Ignacio González, la 'mano derecha' de Esperanza Aguirre esos años.

En sede judicial, los tres han pedido la imputación de González por ordenador los seguimientos y de Granados por conocerlos y no hacer nada por denunciarlos (delito de omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución). También han recusado a la jueza que lleva el caso, Carmen Valcarce, por entender que es amiga de Francisco Granados y por tanto estaba contaminada para seguir llevando el procedimiento. Los tres imputados denuncian la parcialidad de la jueza, que les ha rechazado 17 pruebas (entre ellas incluir en el procedimiento grabaciones comprometidas), y la imputación de nuevas personas.

Los tres tiran el guante y piden ahora a la Asamblea madrileña "una investigación en profundidad" ya que están dispuestos a "aportar todo lo que podamos para que se esclarezca la verdad". Hasta la fecha la comisión de corrupción puesta en marcha en la Cámara madrileña ha tratado dos temas: la venta de viviendas protegidas por parte del Ivima a fondos de inversión, y los contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) y la relación de este ente público con el caso Púnica. Este mes los cuatro grupos parlamentarios decidirán que nuevos temas se empiezan a tratar en febrero.