La oposición fuerza a Cifuentes a amparar a los funcionarios que denuncien corrupción

La oposición en pleno ha forzado al Gobierno de Cristina Cifuentes a incluir en los Presupuestos de 2016 seis medidas que refuercen "la transparencia y el buen Gobierno" en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La más importante, "elaborar una normativa que ofrezca garantías de protección a los denunciantes" en casos de fraude y corrupción. Una medida pionera en Madrid que "algunos países anglosajones ya implementan, lo que se conoce como 'whistleblowers", explica el diputado socialista José Manuel Freire, gran impulsor de esta medida, que también incluye la publicación en abierto de todas las bases de datos sanitarias, incluidas las referidas a personal y contratos.

El punto sexto de la enmienda aprobada, presentada por PSOE y apoyada por Podemos y Ciudadanos (el PP votó en contra), se titula 'Protección de los denunciantes'. La oposición obliga así a que la Consejería de Sanidad cree "un entorno que anime a denunciar hechos y circunstancias perjudiciales para pacientes, profesionales o el interés público, y elaborará normativa que ofrezca garantías de protección a los denunciantes internos de tales hechos dentro del Sermas y/o de las entidades, empresas y organizaciones con las que este tenga contratos, conciertos o acuerdos". Es decir, que este nuevo protocolo deberá proteger no solo a funcionarios que detecten anomalías, sino a los trabajadores de las firmas privadas que son adjudicatarias de contratos con Sanidad y que también quieran denunciar irregularidades.

La medida no tiene partida presupuestaria, pero es de obligado cumplimiento

La enmienda no tiene partida presupuestaria, pero es de obligado cumplimiento. "Ahora es labor de la oposición controlar que el Gobierno cumpla y desarrolle esta normativa", señala Freire, que pone como ejemplo el protocolo que tiene el Gobierno federal de EEUU o el estado canadiense de Alberta. Desde la Consejería de Sanidad señalan que aún es pronto para poder hablar en profundidad del desarrollo de esta medida, ya que fue aprobada la semana pasada, pero recuerdan que "ya existen unidades de atención telemática en todas las consejerías que ofrecen anonimato y que sirven para que los funcionarios trasladen sugerencias, quejas o denuncias. Un canal que ya está funcionando muy bien".

El grupo activista Xnet, que ha formado el Grupo Ciudadano Contra la Corrupción, lleva ya tiempo reclamando una legislación estatal en esta materia: "Debe establecerse un concepto claro de denunciante de la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Es indudable que, en este momento, las personas que sinceramente toman la decisión de atreverse a denunciar situaciones de corrupción y connivencia de los poderes públicos padecen situaciones de aislamiento y acoso, que ponen en riesgo su carrera profesional y su tranquilidad personal y no se deben permitir".

Cómo se va a desarrollar

Los sindicatos ven positiva esta iniciativa pero se muestran escépticos. "Ahora hay pocas denuncias porque el canal que se utiliza, una nota de registro, no es eficaz. Y además caen en el olvido. Estamos expectantes ante esta nueva medida", señalan desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid. "Apoyamos cualquier medida que ayude a denunciar casos de corrupción. Obviamente, no conocemos cómo se va a desarrollar. Vamos a esperar cómo se regula y que no vulnere el derecho a la intimidad y la ley de protección de datos", explican desde CSI-F.

La enmienda también incluye otras medidas de transparencia: "Puesta a disposición del público de las principales bases de datos del sistema de información sanitaria, entre ellas: el SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada), el SIAP (Información de Atención Primaria) y los cuadros de mando de todos los hospitales, gerencias de Atención Primaria y del SUMMA112". La oposición también quiere que se cree un "portal estadístico de personal" en el que el ciudadano pueda acceder "a toda la información estadística relevante sobre personal al servicio de la sanidad pública madrileña, actualizado a último día de cada mes, por categorías profesionales, por especialidades, por tipo de relación contractual, por centro, por edad y sexo, etc.".

Por último, que se hagan públicas "todas las circulares y resoluciones de carácter general, organizando además un portal de normativa en que esté accesible y actualizada regularmente toda la normativa en vigor referida al personal sanitario, y todos los proyectos normativos con sus correspondientes informes técnicos". En cuanto al gasto y al presupuesto, se harán públicos "todos los centros de gasto, y organizaciones gestoras de presupuesto del Sermas tendrán disponible en internet el contrato programa, y trimestralmente darán información de la ejecución presupuestaria".

Listas de espera

PSOE, Ciudadanos y Podemos también piden en su enmienda "la publicación mensual en internet de la lista de espera quirúrgica, contabilizada según la normativa común para el Sistema Nacional de Salud, tanto la global como las listas de todos los hospitales, desagregadas por patologías. Estarán igualmente disponibles en internet los datos de los últimos cinco años para facilitar el análisis evolutivo". Esta medida es la primera que se va a poder poner en marcha.

Madrid es la única comunidad que mete en la lista de espera a los pacientes en el momento que ven al anestesista en el preoperatorio, no cuando el médico especialista les prescribe la intervención quirúrgica, incumpliendo así un real decreto del Ministerio de Sanidad. "Seguramente en enero se cambiará ya el modelo nacional", señalan desde la consejería. Los últimos datos de lista de espera son de junio de 2015. Entonces había 72.755 pacientes pendientes de operación.