Campus de la Justicia: 1,6 millones en sueldos para colocar a empleados afines

Muchos de los empleados que trabajaron en Campus de la Justicia (empresa 100% pública creada para constituir el mayor complejo judicial de España) no fueron seleccionados por su perfil técnico y profesional, sino por sus lazos de amistad y en algunos casos de parentesco con importantes dirigentes del PP. Así lo revelan sus currículums. La oposición en la Asamblea de Madrid está auditando las cuentas de esta sociedad pública en la comisión de "estudio del endeudamiento y la gestión pública" puesta en marcha en la Cámara madrileña. Entre 2005 y 2010 (año de creación de la empresa y de fin de sus actividades), Campus de la Justicia pagó 1,6 millones en salarios a una veintena de trabajadores, a falta de concretar el año 2007, según las memorias anuales de la empresa. La comisión está intentando poner nombres, apellidos, sueldos y funciones a la plantilla del Campus.

En esos seis ejercicios, Campus de la Justicia solo pudo desarrollar uno de los 18 edificios previstos (el Instituto de Medicina Legal) y construir un túnel doble de 1.300 metros que iba a dar servicio a todo el complejo, hoy un erial urbanizado pero desierto en el barrio madrileño de Valdebebas. El coste del fallido proyecto es de 95,7 millones de euros, sin sumar las indemnizaciones que aún se deben por proyectos no ejecutados y otros contratos aún por auditar que pueden incrementar los gastos hasta los 120 millones, según fuentes de la comisión de deuda.

Campus de la Justicia podía contratar a dedo. Aunque su capital era público, se constituyó como sociedad mercantil sujeta al derecho privado. En 2005 tuvo cuatro trabajadores en nómina, seis en 2006; diez en 2007 y 2008; ocho en 2009 y cuatro en 2010. Todos sus salarios suman 1,64 millones de euros (a falta de obtener los dato de 2007) y las indemnizaciones que algunos recibieron por la rescisión de sus contratos llegan a los 216.000 euros, aunque la comisión también está analizando si fueron legales. A pesar de estos salarios, una empresa privada, Bovis, facturó 3,9 millones de euros a Campus de la Justicia por la "Consultoría y Asistencia Técnica para los servicios profesionales de Gestión Integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación del Campus de la Justicia de Madrid", una especie de gerencia del proyecto. La Comunidad de Madrid decidió liquidar Campus en 2011, que aún así se mantuvo operativa sin apenas actividad hasta el 5 de febrero de 2015, fechan en que se disolvió definitivamente.

Los 'enchufes' de Prada

La presidencia del Campus siempre recayó en el Consejero de Justicia de turno. Cuatro fueron los que ostentaron esa presidencia: Alfredo Prada, Francisco Granados, Regina Plañol y Salvador Victoria. Fuentes de la dirección del Campus señalan a El Confidencial que Prada, ideólogo del proyecto y quien lo puso en marcha, fue el político que más trabajadores 'colocó' en el Campus, por encima de cualquiera de los 32 miembros que un momento u otro formaron parte del consejo de administración de la empresa pública. Prada estuvo en la presidencia del Campus hasta el verano de 2008.

Prada, que su último cargo ha sido el de presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, se ha negado en dos ocasiones a acudir a la comisión de deuda de la Asamblea (la comparecencia no es obligatoria), lo que ha provocado las críticas incluso de su propio partido. Algunos de los 19 empleados que tuvo el Campus están estrechamente relacionados con Prada. Alicio de la Heras, por ejemplo, fue Director Económico Financiero entre enero de 2005 y julio de 2009, según figura en su cuenta de Linkedin. Hoy es asesor en el Congreso del propio Prada.

Alfredo Cabezas Ares figura como "director adjunto" del Campus, sin especificar el área, entre enero y septiembre de 2008. Antes había sido asesor de seguridad en la consejería con Prada. Campus también tuvo hasta una especie de responsable de protocolo, otra persona afín a Prada, según fuentes de la dirección del Campus. Se trata de Carlos Torio Villar, que también trabajó unos meses de 2008 en el Campus.

El concejal del PP

El PP, al margen de Prada, también colocó a gente afín. Pablo Martínez Martín es hoy concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Getafe. En junio de 2009 entró en el Campus como "técnico de comunicación". Getafe acaba de poner en marcha una comisión de investigación para auditar los contratos que el Consistorio, con el PP en el poder, adjudicó a empresas de la trama Púnica. Martínez forma parte de la comisión y puede ser llamado a declarar, ya que fue concejal de Cultura cuando el Ayuntamiento adjudicó a la empresa Waiter Music, una de las investigadas en el sumario judicial, 483.000 euros para fiestas y conciertos.

Mónica Rábago Juan Aracil fue secretaria del director técnico entre mayo de 2005 y julio de 2012. Es hermana de Jorge Rábago Juan Aracil, director del departamento de telegenia del PP. Como miembro de la comisión de control de Caja Madrid, aparece en el listado de beneficiarios de las 'tarjetas black' de la entidad financiera. Se gastó 8.000 euros. Otro de los empleados de Campus fue Miguel Arias Domecq, hijo del exministro del PP Arias Cañete, información adelantada por El País. La oposición está intentando averiguar que cargo ostentó en el año que estuvo.

Entre los empleados también hay un actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Getafe, un hijo del exministro Arias Cañete y una hija del socio de este

También fue empleada del Campus Carmen Morenés. En su cuenta de Linkedin aparece como directora del departamento jurídico de Campus desde marzo de 2010 a enero de 2011. Es una de las hijas de Antonio Morenés Giles, exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete.

Visitar el archivo

Hay más cargos. Hasta 19. La comisión está teniendo dificultadas para identificar el cargo que ocuparon algunos de ellos. La Consejería de Justicia, que se ha encargado del archivo de toda la documentación del Campus, ha invitado a los diputados a que visiten este archivo para que consulten la información, algo que no ha sentado nada bien a la oposición. La diputada socialista Mercedes Gallizo, que está llevando una importante labor de fiscalización de las cuentas del Campus, ha criticado que con este sistema de consulta se "tardarán varias meses en consultar una información que sí está accesible pero no documentada".

La mayoría de los empleados trabajaron en la oficina que la empresa Campus de la Justicia tuvo en el edificio Iris, situado en la calle Ribera del Loira 4-6, junto al Ifema. Campus estuvo allí entre febrero de 2005 y noviembre de 2008, según su arrendador, Seguros Santa Lucía. La Comunidad pagó durante ese tiempo 21.000 euros al mes "por 700 metros cuadrados de oficina". Fueron tres años y nueve meses, lo que supone un gasto de 947.000 euros, a pesar de que quedó demostrado durante la comisión que la Comunidad tenía edificios vacíos para ubicar la empresa Campus, que en los años de bonanza solo tuvo 10 trabajadores, y en su peor etapa solo empleó a cuatro personas.

Campus de la Justicia fue sustituido por Ciudad de la Justicia, un proyecto muy similar que puso en marcha Ignacio González pero que ha sido definitivamente enterrado por su sucesora, Cristina Cifuentes.