Ahora Madrid da 100.000 euros a la UCM para que realice la auditoría de la deuda

El Ayuntamiento de Madrid destinará 100.000 euros a un convenio con la Universidad Complutense para llevar a cabo la auditoría de la deuda que el departamento dirigido por Carlos Sánchez Mato anunció el pasado verano, con el objetivo de examinar con precisión la gestión de las grandes operaciones llevadas a cabo por la anterior corporación del PP, como las obras de la M-30 y el Palacio de Cibeles o el sobrecoste de la Caja Mágica.

Así aparece en el 'programa 934.01' relativo a la política financiera de los Presupuestos para 2016 elaborados por Ahora Madrid que deberán ser aprobados a finales de diciembre con el apoyo del PSOE-M. Concretamente, la partida sobre "trabajos realizados por universidades" contempla la cifra de 100.000 euros, y el director general de Hacienda, Pablo Gómez González, afirmó este lunes en la comisión extraordinaria del área que se destinarán a la auditoría a través de un convenio con la universidad dirigida por Carlos Andradas, sin especificar los criterios seguidos para decantarse por ese centro público y no por otro.

Los trabajos de la auditoría planteada por el equipo del Gobierno se están realizando desde el pasado agosto por un equipo técnico de funcionarios municipales entre los que destaca Álvaro Sánchez Martí -subdirector general de la auditoría- y por profesionales externos que, aparentemente, procederán de la Complutense, y cuyos resultados se someterán a mecanismos de participación ciudadana para determinar qué conceptos son legítimos o ilegítimos. En teoría, la corporación de Ahora Madrid firmará un convenio de colaboración a través de uno de los institutos de la universidad elegida.

El departamento de Sánchez Mato justificó el nuevo concepto al haber suprimido el dinero que los anteriores Presupuestos dedicaban en ese mismo programa de política financiera a las agencias de 'rating', con las que el concejal de Economía y Hacienda decidió finalmente no renovar y a las que ha excluido directamente de las cuentas públicas. Concretamente, el año pasado se preveían 130.000 euros para los contratos con S&P y Fitch en la partida de "estudios y trabajos técnicos" de los que prácticamente el total -100.000 euros- pasará a remunerar los servicios universitarios para la auditoría.

El grupo del PP liderado por Esperanza Aguirre, que critica a la nueva corporación por "preferir contratar a alguien cercano que audite anteriores cuentas en vez de seguir trabajando con agencias externas que auditen su trabajo", presentará una enmienda para retirar el dinero a la Universidad Complutense e intentar mantener la partida a las agencias de calificación "por si se necesitan los estudios finalmente".

Sánchez Mato, sin embargo, que escenificó un verdadero divorcio tras la última reunión con responsables de S&P a principios de noviembre, aseguró que todas las cuentas de la Administración pública estarán a disposición de la ciudadanía, por lo que entienden que no es necesario contratar a una empresa para facilitárselas. Por otra parte, el edil se mantuvo firme en que el ayuntamiento "no tiene intención de endeudarse", motivo por el que tampoco serían necesarios en principio los servicios de las agencias.

La colaboración de la profesora Medialdea

Sánchez Mato explicó el pasado agosto que la labor correspondería a la recién creada subdirección general de Auditoría de la Audiencia de Deuda y Políticas Públicas, aunque habría también colaboraciones puntuales de expertos e instituciones académicas. Uno de los ejemplos más sonados fue el de la profesora de Economía de la Complutense, Bibiana Medialdea, de cara a completar de forma externa el grueso del trabajo del personal municipal. El concejal también insistió en que el proceso sería "largo" -estimando incluso un plazo superior a un año- al existir documentación "ingente", recalcando que se analizaría tanto el pasado como la etapa actual.

El PP de Madrid preguntó entonces al consistorio, según ha podido saber este diario, si existía una relación contractual con la profesora Medialdea y el Gobierno municipal aseguró que no, afirmando que, si en algún momento la hubiera, lo comunicarían con detalle.