El Ivima se libra y solo es apercibido por divulgar los datos de sus inquilinos

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) incumplió la ley, pero no será sancionado. La Audiencia Nacional dirime actualmente la resolución que el año pasado dictó la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el Ivima después de que esta empresa pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, divulgara los datos personales de los inquilinos de los 2.935 pisos que se vendieron a un fondo privado. Precisamente este viernes declaran en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid los dos máximos responsables políticos de esta operación: Ignacio González, expresidente madrileño, y Pablo Cavero, entonces consejero de Vivienda y hoy actualmente concejal en el Ayuntamiento de Madrid. También lo hará Fernando Gumucio, uno de los fundadores de Azora, el fondo que se quedó con los pisos.

La Agencia de Protección de Datos resolvió que el Ivima había incumplido el artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos: "El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa". Se trata de una falta grave, tipificada con sanciones económicas que oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros. Sin embargo, el Ivima no será multado porque la ley no prevé la imposición de sanciones económicas cuando quien vulnera la norma es una entidad pública, solo "la adopción de las medidas oportunas que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción del artículo o artículos infringidos", señalan fuentes jurídicas. El Ivima, no obstante, ha recurrido la resolución de la agencia, recurso que actualmente dirime la sección primera de la Sala Contencioso Administrativa de la Audiencia Nacional. La Audiencia ya ha notificado a los perjudicados si quieren personarse en el procedimiento.

Entre enero y mayo de 2014, la AEPD recibió 91 denuncias de inquilinos que vivían en estos pisos. El Ejecutivo de Ignacio González había sacado a concurso 32 promociones del Plan Joven repartidas por 11 municipios. Al concurso, restringido, se invitó a 10 empresas. Todas firmaron "un compromiso de confidencialidad" y un certificado de destrucción de la documentación una vez finalizado el concurso. El 23 de agosto de 2013, los pisos fueron vendidos por 201 millones a Azora, que constituyó la empresa Encasa Cibeles para gestionar las viviendas.

Datos ofrecidos a destiempo

Todas las empresas que se presentaron al concurso obtuvieron información personal sobre los inquilinos de las 2.935 viviendas, incluidos los datos de 37 que estaban en ese momento en procesos judiciales abiertos por impago de la renta. La AEPD cree que el Ivima ofreció esos datos a destiempo, en una fase del concurso en la que no tocaba, y que "se divulgaron sin restricciones vía internet" cuando se hizo público el pliego de condiciones accesible a todo el mundo. Según la AEPD, este proceso fue ilegal, ya que los datos personales de los inquilinos, lo que se llama 'data room', se tenían que haber dado solo a los licitadores de forma restringida.

Lo que dirime ahora la Audiencia Nacional es solo la punta del icerberg de una venta que la oposición ha llevado a la comisión de corrupción. Los grupos parlamentarios intentan dilucidar si la venta de estas 2.935 viviendas protegidas fue irregular o no. Ana Gomendio, exdirectora gerente del Ivima, ya está imputada en el juzgado número 48 de Madrid por malversación de caudales públicos y prevaricación. Podemos es el grupo que más crítico se ha mostrado con esta enajenación, y acusa al Gobierno de Ignacio González de un quebranto de 100 millones de euros públicos, ya que los pisos estaban valorados en 300 millones y se vendieron por 200.