Más de 1.000 asociaciones podrían reclamar a Carmena un espacio público en Madrid

Reactivar y fomentar el tejido social madrileño es uno de los objetivos que tiene el Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, dirigida por Nacho Murgui en el ayuntamiento. A principios de noviembre, el consistorio tendrá listo un borrador del marco que regulará el plan de cesión de espacios municipales a los distintos colectivos que lo demanden, y que superarían los 1.000 según el listado al que ha tenido acceso este diario. Las dos condiciones fundamentales pasan por que las asociaciones tengan personalidad jurídica -necesario para una relación contractual con la Administración- y que no desarrollen actividades discriminatorias que vayan contra la convivencia y los derechos de la sociedad. A medidados del mes que viene, el plan será revisado en la junta de gobierno municipal, y más tarde, serán las juntas de distrito en coordinación con las distintas áreas las que determinen qué edificios están en condiciones de ser cedidos.

El principal problema, según explica el concejal Murgui, es la amplia demanda y el número limitado de edificios disponibles. Algunas asociaciones mantienen ya conversaciones avanzadas con el consistorio, como el Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA), compuesto por movimientos sociales y vecinales, además de ampas y entidades culturales, que reclama el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi para desarrollar su labor, siendo de hecho una histórica reivindicación de los vecinos del distrito madrileño. También el Patio Maravillas, que todavía no está constituido como asociación y al que tres de los concejales de Ahora Madrid están muy vinculados -Celia Mayer, Guillermo Zapata y Pablo Carmona-, se encuentra el pleno diálogo con responsables del ayuntamiento, y de hecho el colectivo tiene puesto el foco en un edificio ubicado en la calle Alberto Aguilera, tal y como explica en su propia página web.

Aunque la corporación municipal todavía no ha hecho público el catálogo de edificios que podrían estar disponibles y listos para ser cedidos, con toda seguridad será inferior a las más de 1.000 asociaciones declaradas de utilidad pública en el registro municipal de entidades ciudadanas del consistorio madrileño, según el último listado actualizado hace dos semanas al que ha tenido acceso El Confidencial.

El elenco incluye asociaciones de distintas categorías, como culturales, de padres y madres, juveniles, cooperación internacional, salud, vecinos, juveniles, culturales, de caracter social, de mujeres, comerciantes, inmigrantes... Las más numerosas son las dedicadas a una actividad cultural (en total 185), aquellas de caracter social (157), las ampas (que suponen 296 del registro final) y las vecinales (155). En cuanto a los distritos, prácticamente todos cuentan con un gran número de asociaciones inscritas. Por poner ejemplos, en distrito Centro hay unas 119 registradas; en Ciudad Lineal, 77; en La Latina unas 86; en Carabanchel, 76, y en Chamberí y Arganzuela, 53 y 51 respectivamente.

En la lista no aparecen todavía el Patio Maravillas ni los colectivos que lo integran y, sin embargo, sí están inscritas varias asociaciones de las que forman parte de EVA, como son las asociaciones de padres y madres del IES San Juan de la Cierva o del IES Miguel de Unamuno. También aparece la Asociación Plataforma Vecinal San Blas-Simancas, perteneciente al Espacio Vecinal Montamarta, otro de los colectivos con más renombre de la capital.

Más allá de las asociaciones demandantes y los espacios existentes, el concepto clave para la cesión de los lugares es la disponibilidad, porque lo esencial, según explican miembros del consistorio, es conocer el uso actual que la institución municipal da a esos espacios o si por el contrario están libres. Este caso es el del palacete de la calle Alberto Aguilera, que ya han visitado portavoces del Patio Maravillas junto a técnicos y representantes del ayuntamiento, y que es idóneo para el desarrollo de la actividad del colectivo por su amplitud y cercanía al barrio de Malasaña.

Una décima parte del edificio está ocupada en la actualidad por efectivos del servicio sanitario de emergencias (SAMUR), que depende de la Concejalía de Seguridad, dirigida por Javier Barbero. Además, según el catastro del Ministerio de Hacienda, el inmueble en discordia está calificado como de uso público destinado a albergar oficinas o servicios del ayuntamiento (como es el SAMUR ahora, anteriormente fue sede del INEM), pudiendo ser necesario el cambio a "uso dotacional sociocultural" para ser cedido a este tipo de proyectos.