Boadilla, la milla de oro de la Gürtel: 149 millones en grandes contratos investigados

La Audiencia Nacional ya sabía que Boadilla del Monte (municipio de 50.000 habitantes del oeste de Madrid) había sido uno de los epicentros de la trama Gürtel. Hasta cinco ex cargos políticos de la localidad están imputados. Los investigadores llevan seis años intentando cuantificar el volumen de dinero público que la trama pudo manejar en Boadilla, un caso con tanta complejidad que el juez Pablo Ruz (el anterior instructor del procedimiento) decidió abrir una pieza separada para investigar los tejemanejes de la red de Francisco Correa en esta ciudad.

La unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, acaba de elevar al juez un informe, fechado el 9 de octubre de 2015, que analiza uno por uno los 15 grandes contratos llevados a concurso público que se movieron en Boadilla durante la etapa Gürtel. En total, esas 15 adjudicaciones suman 149 millones. Ocho de esos contratos fueron adjudicados directamente por el Ayuntamiento, y siete por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Un segundo informe, también de la IGAE, analiza otros 31 contratos menores (inferiores a 30.000 euros) que el Ayuntamiento de Boadilla adjudicó directamente a empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Suman otros 655.000 euros. Falta un tercer informe, que analiza los contratos licitados mediante "procedimiento negociado sin publicidad".

Todos los contratos fueron adjudicados por el exalcalde Arturo González Panero, imputado en la causa, al que Correa apodó 'el albondiguilla'

Estos 15 contratos se firmaron entre julio de 2001 y julio de 2007, etapa en la que fue alcalde Arturo González Panero, apodado por Correa el 'albondiguilla'. El exregidor, que ahora vende pisos y camisetas del Real Madrid en el sótano de una administración de Lotería, está acusado de cobrar 635.000 euros de la trama en dinero y regalos. Venta de parcelas municipales para edificar pisos de lujo; la construcción de pisos protegidos; la gestión de locales comerciales; la construcción de una piscina, un colegio y un gran polideportivo; la limpieza y conservación de parques y jardínes; el servicio de recogidas de basuras; una oficina de atención al cliente; la remodelación de calles, la decoración de una glorieta… todo está bajo sospecha.

Teconsa e Hispánica

La empresa más beneficiada por estos contratos ha sido la constructora Teconsa, cuyo presidente José Martínez Nuñez, fallecido en agosto, estaba imputado. Lo sigue estando su hijo José Luis Martínez Parra. Además, varios de sus directivos están o han estado investigados durante la causa. En Boadilla, hay cinco contratos que salpican a Teconsa. Es una de las empresas que más comisiones pago a la trama por adjudicación de obras, según el sumario.

En octubre de 2002, el Ayuntamiento pagó 2,9 millones de euros para que esta firma construyera la piscina municipal Las Eras, a los que luego se sumaron 974.000 euros por obras de mejora, un 33% más del precio fijado inicialmente. En noviembre de 2003, las arcas públicas desembolsaron otros 3,9 millones para que Teconsa levantara un colegio. La Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda también le adjudicó entre 2002 y 2007 la construcción de 233 pisos protegidos, trabajos que añadieron otros 35,2 millones a las arcas de esta empresa.

La Constructora Hispánica se llevó dos contratos. El primero fue la construcción del Parque del Deporte y la Salud. Iba a ser la envidia del oeste de la región: cuatro pistas de pádel, tres de tenis, una pista de voley playa, otra polideportiva, un spa, una pista de atletismo, una piscina enorme y un rocódromo. La obra fue adjudicada, por vía de urgencia, por 29,6 millones de euros. El dueño de Hispánica, Alfonso García Pozuelo, aparece en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante al PP. A cambio, Panero y otros cargos públicos del Ayuntamiento recibieron 660.000 euros.

Alfonso García Pozuelo es de los pocos imputados que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Anticorrupción: una rebaja de su pena a cambio de confesar y colaborar. El Parque del Deporte es hoy un esqueleto sin terminar en una de las entradas al municipio. De los 29,6 millones, el Ayuntamiento llegó a desembolsar 11,6 millones de euros. El segundo contrato fue la remodelación de la calle José Antonio. Adjudicada en febrero de 2003 por 851.000 euros, la IGAE revela que la empresa se llevó sin justificar 8.400 euros más de lo presupuestado.

Pisos y limpieza

FCC se llevó otros tres contratos, todos relacionados con la limpieza y la conservación. El primero de "zonas verdes y arbolado". Fue adjudicado en julio de 2001 por 1,64 millones de euros, aunque luego se incrementaría en 32.000 euros. El segundo fue el servicio de recogida de basuras, adjudicado a la UTE formada por FCC-Sufi por 2,1 millones de euros (16,8 millones en los ocho años de duración del contrato). El tercero fue "la conservación de jardines y parques públicos". Adjudicado en diciembre de 2005 por 2,2 millones anuales (17,6 millones en los ocho años de duración del contrato). El dueño de Sufi, Rafael Naranjo Anegón, también está imputado. Y FCC aparece como donante en los papeles de Bárcenas.

La constructora UFC también se llevó su trozo del pastel, aunque se le atragantó. El Ayuntamiento le adjudicó en octubre de 2005 una parcela de 12.000 metros cuadrados valorada en 33,3 millones. UFC pagó 35 millones, a pesar de que había otras dos promotoras que ofertaban más, 39 millones de euros. El dueño de UFC es José Luis Ulibarri, también imputado. El empresario levantó en esos terrenos la urbanización Boadilla Park, 139 viviendas de lujo con piscina y pistas de pádel. La Policía Nacional cree que Ulibarri pagó un millón de euros en sobornos por esta adjudicación.

La mano derecha de Ulibarri es Miguel Hernán Manovel García, consejero y secretario de UFC, y cuñado del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que forma parte del tribunal que juzgará la primera pieza del caso y los 'papeles de Bárcenas'. Está recusado por varias acusaciones. Las viviendas se vendían entre 470.000 y 740.000 euros. UFC no cumplió los plazos y no estaba inscrita en la Seguridad Social cuando se produjo la adjudicación. Tuvo que vender los pisos al Banco Santander.

Locales comerciales y oficina ciudadana

Uno de los casos más sangrantes es el contrato que se llevó Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama. Su empresa Rústicas MBS S.L. se adjudicó en octubre de 2005 un contrato para gestionar 33 locales y 178 plazas de garaje durante 99 años. Todo los inmuebles estaban valorados en 3,6 millones de euros, pero consiguió la adjudicación a cambio de pagar solo un canon anual al Ayuntamiento de 81.344 euros, una cantidad irrisoria en comparación con los 1,6 millones al año que iba a obtener al alquilar esos locales.

Otra empresa, EOC Obras y Servicios, se llevó dos contratos en el año 2003 por valor de 750.000 euros. Consistieron en decorar la glorieta Bárbara de Braganza y eliminar las barreras arquitectónicas del municipio. El Ayuntamiento pagó 15.000 euros más de lo aprobado a esta empresa.

En todos estos contratos, que necesitaron concurso público por su alta cuantía, el juez sospecha que la trama solo intermedió y se llevó su comisión. Pero hubo una adjudicación que fue directa para una de las empresas de Correa. En diciembre de 2005 el Ayuntamiento adjudicó a Easy Concept la nueva Oficina de Atención al Cliente. Según la IGAE, los pliegos estaban amañados. El Ayuntamiento pagó 1,7 millones hasta que el contrato fue revocado a finales de 2009.