La quiebra anunciada de BiciMAD, entre el vandalismo y las deficiencias técnicas

Los incumplimientos reiterados en los pliegos de contratación por parte de la empresa adjudicataria del servicio público de bicicletas, Bonopark, han llevado al Ayuntamiento a dejar de pagar la parte del canon (20%) sujeta a indicadores de calidad. El 53% del cuarto trimestre de 2014, el 16% del primer trimestre de 2015 y el 100% del segundo trimestre de este año, de un contrato de 25 millones de euros a 12 años. Como consecuencia, la concesionaria del servicio ha registrado recientemente una solicitud de reequilibrio económico de 3,6 millones que el Gobierno de Manuela Carmena no está dispuesto a asumir.

El número de bicis a disposición de los usuarios no llega a cubrir el 50% del contratado, lo que desde el Ayuntamiento achacan a deficiencias técnicas, mientras que la adjucataria se escuda en el vandalismo y los robos para justificar esta situación. "La bicicleta pública en Madrid es una idea magnífica y con gran demanda, lo que es terrible es el contrato", explica el coordinador del área de Movilidad y Medio Ambiente, José Antonio Díaz Lázaro. "El equipo de esta concejalía está trabajando muy duro para intentar solucionar los problemas del sistema. Con la propia empresa, obligándola a que modifique 'hardware' y 'software', con la Policía Municipal y las actuaciones de agentes de movilidad", añade.

Bonopark, cuyo director general es Tobias Zisik, quien anteriormente fue director general de Planificación Estratégica de Metro de Madrid, ha proporcionado una serie de informes al Ayuntamiento de los que se desprende que el principal problema de la falta de bicicletas se debe al vandalismo. Forcejeos que dejan inhabilitado el servicio, robos diarios y abandonos, como bien puede dar cuenta el camión recogebicis que no da abasto para retirar todas las que los usuarios dejan tiradas por la ciudad. Según fuentes municipales, los tres empleados que manejan el camión recogen más de un centenar de bicis cada día. Se trata de velocípedos destrozados o estropeados que han sido abandonados por los usuarios, aunque en ocasiones también hay algunos que simplemente están aparcados y cuyos anclajes han sido forzados en un burdo intento de sustraerlos.

El Ayuntamiento miniza este extremo y los colectivos de ciclistas urbanos y de usuarios, como BiciBad, también. Si bien reconocen esta problemática y su falta de solución, a pesar de los GPS integrados en las bicicletas y las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones, entienden que su incidencia en las prestaciones del servicio es mucho menor que las relacionadas con el diseño o la inoperatividad de los sistemas informáticos. Según denuncian, estos dejan de funcionar periódicamente. Los errores en el sistema de anclaje de la bici provocan que se cobre irregularmente el saldo de los usuarios, lamentan. “Muchas veces al dejar la bici, el anclaje se queda en rojo, y además de que esto impide a otro usuario coger la bici, hace que el saldo te siga corriendo”, añaden desde el colectivo.

Un servicio similar que gestionaba en San Sebastián está en estos momentos prácticamente desmantelado

Las numerosas bicis abandonadas en la calle hacen pensar a la policía que se está utilizando algún sistema ilegal para sustraerlas sin necesidad de identificarse, lo cual burlaría la actual obligación de abonar con tarjeta de crédito. Los robos que denuncia la empresa concesionaria se hacen patentes en las redes sociales, donde circulan algunas fotografías de estas bicicletas por diferentes partes del mundo.

El Ayuntamiento, no ajeno a este extremo, ha mantenido reuniones con la Dirección General de Policía Municipal para crear un protocolo de actuación que minimice los robos y actos vandálicos que se producen a diario. En este sentido, se está trabajando para que la Policía Municipal, a través de la aplicación del sistema BiciMad o de GPS, pueda conocer la posición de las bicicletas en situación irregular. Además, se están creando protocolos, uno de denuncias para agilizar la gestión administrativa de las mismas y otro para la devolución o custodia de las bicicletas localizadas en las calles.

Falta de solvencia financiera y técnica

Los agentes de movilidad también entrarán en la ecuación, y explicarán a los usuarios de este medio de transporte sus obligaciones como conductores, denunciarán las infracciones y se encargarán de localizar el uso indebido o inadecuado de las bicicletas y de la detección y recogida de aquellas que estén abandonadas o deterioradas.

La petición de Bonopark de un reequilibrio económico por valor de 3,6 millones de euros para evitar la quiebra es una situación sobre la cual la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (Ambe) ya alertó en el mismo momento de la adjudicación del contrato por parte del exnúmero dos de Ana Botella y ahora diputado popular en la Asamblea de Madrid, Diego Sanjuanbenito. La empresa americana Alta Bicycle, que avalaba a Bonopark, ha quebrado. Asimismo, Ambe, con datos, argumentaba en su demanda que la empresa carecía de solvencia financiera y técnica. Es más, un servicio similar que gestionaba en San Sebastián está en estos momentos prácticamente desmantelado.

Este mismo mes de julio, una auditoría del diseño de los anclajes encargada por Bonopark a la empresa Etra i+d también concluyó fallas en el sistema de anclaje, derivadas de la palanca de dicho anclaje y otras piezas de la plataforma. Las deficiencias técnicas estaban anunciadas, la inviabilidad económica, también.