Carmena tiene un atasco: cada técnico gestiona 300 licencias porque hay 73 vacantes

La alcaldesa Manuela Carmena tiene un problema. Más bien, un atasco. La Agencia de Actividades, donde se tramitan todas las licencias municipales, ha menguado tanto su plantilla que cada técnico tiene sobre su mesa una media de 300 licencias al año, un colapso que crece con el tiempo porque las vacantes no se están cubriendo. Según la relación de puestos de trabajo a la que ha tenido acceso El Confidencial, faltan 73 funcionarios. Además, según denuncian los sindicatos, los técnicos municipales de consumo, sanidad o disciplina urbanística tienen ahora que realizar encuestas de opinión al mismo tiempo que inspeccionan los negocios de la capital, duplicando su trabajo.

La Agencia de Actividades se constituyó en abril de 2010 después de que el 'caso Guateque' (la trama que sobornaba a trabajadores públicos del Ayuntamiento a cambio de licencias para locales de ocio y comercio) revelara que había un gran descontrol en la concesión de licencias, que antes eran gestionadas por las Juntas de Distrito y por la Gerencia de Urbanismo. La nueva agencia pasó así a centralizar esta labor. Pero no del todo. El PP aprovechó el escándalo de 'Guateque' (hay 32 procesados a la espera de juicio) para privatizar la tramitación de esas licencias en los distritos. Se crearon así las ECLU, entidades privadas "colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas". Una concesión que en 2010 se llevaron siete empresas privadas.

Sin embargo, en estos cinco años la plantilla de la agencia ha ido menguando, según la relación de puestos de trabajo: 76 empleos han sido amortizados, es decir, se han eliminado definitivamente. Y de los 88 puestos que debe tener la agencia, hay 21 vacantes. En los distritos debe haber 247 puestos más, aunque solo están ocupados 195, es decir, otras 52 vacantes. En total, 73 empleos sin cubrir. "Esta reducción de plantilla ha provocado un retraso en la tramitación de expedientes de concesión de licencias, inspecciones y expedientes de sanción. A día de hoy solo hay unos 80 técnicos y 12 juristas que llevan cada uno una media de 300 expedientes al año", explican desde CSI-F.

El 'caso Guateque', la trama de corrupción de licencias que implicó a funcionarios, obligó al Ayuntamiento a constituir en 2010 una Agencia de Actividades

La pelota está ahora en el tejado de la nueva alcaldesa, que puede remediar el colapso si la oferta de Empleo Público que se fije para 2016 alivia la situación de la agencia. Su trabajo es una de las bombonas de oxígeno de la capital. Todo negocio depende de esta agencia. Entre las licencias más comunes: de obras, aperturas de comercios, despachos profesionales, restaurantes o bares, e inspección técnica de edificios.

Refuerzos de interinos

La Oferta de Empleo Público de 2015 ya reforzó con 40 puestos la agencia, aunque la mayoría fueron ocupados por personal interino y personal laboral. CSI-F va a proponer al nuevo equipo de Gobierno de Ahora Madrid que "consolide a los funcionarios interinos ya que es un personal ya formado, y que la oferta de empleo público contenga todas las plazas vacantes".

El sindicato también critica la gran opacidad que tuvo la anterior Corporación municipal, del PP, con la privatización de las licencias en las juntas de Distrito. Siete empresas privadas se llevaron la gestión de las licencias urbanísticas en los barrios, las ECLU. "Nunca supimos los pormenores del contrato ni la dotación económica", denuncia CSI-F, que pide que toda la gestión de licencias vuelva a ser pública y coordinada por una dirección general. Cada una de estas empresas privadas tiene libertad para cobrar el precio que estime, dentro de unas tasas aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid.

El sindicato también denuncia que la "la última ocurrencia del actual equipo de Gobierno es que los técnicos de consumo, sanidad, disciplina urbanística... realicen encuestas a los comerciantes mientras efectúan la inspección. Esta experiencia piloto comienza el 19 de octubre en los distritos de Centro, Chamartín y Moratalaz. La idea parte de Marta Higueras, vicealcaldesa; y Concepción Diaz Villegas, directora general de Comercio, Emprendimiento e Innovación. En resumen, te inspecciono, te digo todo lo que está mal en tu negocio y la multa que te puede caer, pero luego te pregunto qué opinas de la recogida de basuras, de la iluminación de las calles, etc".