Carmena adjudicará antes de final de año las 800 viviendas de las que dispone la EMV

La práctica totalidad de la vivienda pública que está en manos de Empresa Muncipal de Vivienda (EMV), algo más de 800 según las cifras aportadas por el organismo, se adjudicarán antes de que finalice el año. 612 de ellas se sacarán en régimen de alquiler general y otras 194 se destinarán a jóvenes a un precio reducido de 150 euros. La empresa municipal modificará sus estatutos en su próximo consejo de administración para, entre otras medidas, poder construir vivienda nueva, lo que hasta ahora estaba vetado. Con todo, el gobierno municipal plenea iniciar a la mayor brevedad posible la construcción de entre 600 y 700 nuevas viviendas, que estarán rematadas en un plazo estimado de 24 meses.

Las modificaciones estatutarias aprobadas en la Junta de Gobierno celebrada este viernes con el objeto de “recuperar el carácter social” de la EMV, según ha recalcado tras la Junta de Gobierno la edil de Derechos Sociales Marta Higueras, también rebajan las condiciones contractuales de los inquilinos para mantener el arrendamiento. Con el nuevo marco normativo, el límite de ingresos máximos por unidad familiar para continuar con el alquiler será de 5,5 veces el imprem y las rentas nunca superarán el 30% de los ingresos.

El techo temporal de arrendamiento pasará del año incial a tres, que podrá ser prorrogable sucesivamente por períodos de dos años siempre que no se alteren las condiciones socioeconómicas del demandante. La apuesta por el incremento del parque público de alquiler pasará también por la eliminación de la venta de estas viviendas así como del alquiler con derecho a compra, según ha avanzado la consejera delegada de la EMV María Serrano.

La primera promoción que se pondrá en marcha es un paquete de 110 viviendas que se destinarán, a partes iguales, a familias monoparentales en situación de espacial vulnerabilidad social, a víctimas de desahucios y a refugiados sirios. La atención a este último colectivo se complementará con una partida presupeustaria de 10 millones de euros, ya aprobada por el Ayuntamiento. En el barrio de Vallecas también se pondrán a disposición de personas mayores y menores de 35 dos complejos de viviendas anexos en régimen de alquiler y con servicios comunes.

Ocupas y desahucios por alquiler

Otra de las novedades introducidas en el nuevo marco regulatorio de la EMV es que las personas en situación de vulnerabilidad que hayan ocupado vivienda pública desde hace más de dos años podrán negociar un arrendamiento. Situación que en los anteriores estatutos invalidaba el derecho a una vivienda pública en propiedad de la empresa municipal.

Higueras también ha asegurado que las personas desahuciadas por alquiler sin posibilidad de acceder a una vivienda tendrán asegurado un techo, a pesar de que la Oficina de Intermediación Hipotecaria solo centra su intervención en los desahucios hipotecarios, que en estos momentos suponen un porcentaje mucho menor. “No vamos a dejar en la calle a ninguna familia vulnerable como consecuencia del impago de alquiler”, ha añadido la concejal de Ahora Madrid.

Al margen de estas medidas, el gobierno municipal ha cerrado un acuerdo con diferentes entidades bancarias, además de la Sareb, para que estas cedan viviendas vacías a personas desahuciadas. Hasta el momento no hay cifras sobre el montante total, pero sí un “compromiso” de los bancos para hacer frente a las necesidades de alternativa habitacional conforme se produzcan nuevos desahucios.

30 millones, coste de demandar a fondos buitres

La reversión de la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre en 2013 por parte de la EMV es una batalla que el Ayuntamiento ha dado prácticamente por perdida. Esta operación fue puesta en tela de juicio en varias ocasiones por la alcaldesaManuela Carmena, al entender que “no fue legítima ni se ajusta a derecho”, pero la portavoz municipal ya reconoció recientemente que era “difícilmente revertible”.

Los servicios jurídicos municipales siguen estudiando el expediente de venta, y en caso de que se encuentre algún resquicio o posibilidad de plantear judicialmente la reversión se hará. Sin embargo, la propia Higueras ha alertado sobre lo “delicado” de esta situación, puesto que si la demanda no prospera el gasto de las costas se estima en 30 millones de euros. Un riesgo económico que suma a una encrucijada legal por la que según los expertos el Ayuntamiento no tendría apenas posibilidades.

En los últimos meses, un alto porcentaje de los desahucios ejecutados en la ciudad corresponden a este tipo de viviendas, según fuentes del Ayuntamiento. Para el concejal del distrito de Vallecas, Francisco Pérez, la asociación entre los desahucios y la venta de estas viviendas públicas al fondo Blackstone-Real Magic State, que actualmente tiene depositados estos inmuebles en la socimi Fidere, es clara. “Tenemos el problema de que en el Ensanche de Vallecas cerca de 2.000 viviendas de la EMV, pero también del IVIMA, fueron vendidas a fondos de inversión. Por tanto, mucha gente ha visto alteradas de forma sustancial las condiciones económicas de sus alquileres, circunstancia que ha provocado un notable incremento de los lanzamientos por impago”, explica el edil de Ahora Madrid.