Cifuentes fusionará la polémica Arpegio y se carga de paso al 'consuegro' de Aguirre

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tiene previsto fusionar dos de los entes públicos que más patrimonio manejan dentro de la estructura de la Comunidad de Madrid: Nuevo Arpegio, que gestiona suelo público en toda la región y financia muchas de las obras que se hacen en los municipios, y Arproma, que gestiona los edificios que dependen del Gobierno regional. Aunque el objetivo principal de esta medida es ahorrar, Cifuentes quiere colocar al frente del ente resultante de la fusión a una persona de su máxima confianza que haga borrón y cuenta nueva en Arpegio, situada en el centro de la polémica por su posible relación con la trama Púnica. Este lavado de cara, además, supondrá la salida de Arpegio de varios veteranos directivos, como el consejero delegado, Francisco Labayen, familiar político de Esperanza Aguirre, y Juan Ramón Oñate, esposo de la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

De las dos empresas públicas, Arpegio es la que más peso y más empleados tiene, y la que más se ha visto salpicada por la polémica. La Guardia Civil investiga ocho contratos por valor de 11,7 millones de euros que tanto Arpegio como su fundación firmaron con tres empresas de la trama. Se trata de Waiter Music, la constructora DICO y Aranan Gestión Patrimonio Inmobiliario, estas dos últimas vinculadas el empresario David Marjaliza, uno de los cabecillas de la red. Los investigadores están muy interesados en el periodo en el que Francisco Granados, el principal exdirigente del PP implicado en el caso, fue presidente de Arpegio: entre abril de 2005 y diciembre de 2007.

Durante ese periodo, en febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para que el ente público gestionara el plan de inversiones Prisma, que tiene por objeto la ejecución de obras en apoyo de los municipios. Marjaliza ha implicado ante el juez al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, número tres de Cifuentes y entonces director general de Cooperación con la Administración Local, dirección de la que dependía la gestión del plan Prisma, que movió 580 millones de euros. Además, hasta el 8 de septiembre de 2015, uno de los vocales del consejo de administración de Arpegio era Borja Sarasola Jáudenes, investigado también dentro del caso.

El nuevo ente dependerá de González Taboada

Arpegio tiene entre sus funciones comprar suelo en toda la Comunidad de Madrid y gestionar los consorcios urbanísticos en los distintos municipios que promueven nuevos barrios. También financia obras de distinta índole en localidades madrileñas. Arproma, por su parte, gestiona, alquila y vende edificios oficiales de la Comunidad de Madrid. Los dos dependen ahora de la Consejería de Medio Ambiente, es decir, de González Taboada. Desde enero de 2012 hasta febrero de este año, antes de que Cifuentes se hiciera con la presidencia, el Gobierno regional suprimió 30 entes públicos (318 empleos), lo que ha supuesto un ahorro de 862 millones de euros en los últimos cuatro años.

La fusión supondrá la marcha de varios directivos de Arpegio, "vacas sagradas" de la empresa pública con vinculaciones familiares con importantes dirigentes del PP. De momento, el consejero delegado sigue siendo Franscisco Labayen Latorre, familiar político de Esperanza Aguirre al que apodan el 'consuegro' dentro de Arpegio. En realidad es el hermano de la consuegra de Aguirre. La sobrina de Labayen, Astrid, está casada con el hijo menor de la actual concejala del PP. El gerente de Arpegio es Juan Ramón Oñate García, marido de la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Oñate ya fue cesado como vocal del consejo de administración el pasado 7 de septiembre, pero sigue en la gerencia. La fusión de Arpegio supondrá la marcha de los dos, aunque fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalan que Labayen, que entró en Arpegio en 2012, ha pedido irse.

No obstante, antes de su marcha, es posible que alguno de los dos, consejero delegado o gerente, tengan que acudir a la comisión de corrupción que se va a poner en marcha en la Asamblea de Madrid para auditar la gestión de los gobiernos del PP en las dos últimas legislaturas. Como ya adelantó El Confidencial, el Partido Socialista de Madrid quiere llevar los contratos de Arpegio con la Púnica a esa comisión, que empezará en octubre. De momento, no se sabe el nombre del ente público que surgirá de la fusión, aunque Cifuentes ya tiene bastante decido el nombre de la persona que pilotará esta nueva empresa. Saldrá de la actual terna de vocales del consejo de Arpegio, elegidos hace unos días: Fernando Moya Lorente, José Tortosa de la Iglesia y Susana Magro Andrade.