Cifuentes eliminará el Consejo Consultivo y deja sin refugio a Ignacio González y Aguirre

Ciudadanos pedía despolitizar el Consejo Consultivo de Madrid, pero Cristina Cifuentes se ha comprometido a dar un paso más allá: eliminar el Consejo Consultivo que cuesta a las arcas regionales cuatro millones de euros al año por dictar informes no vinculantes. Tienen derecho a formar parte de este órgano consultivo no vinculante todos los expresidentes de la Comunidad. Con esta decisión, la popular Cifuentes deja sin cobijo al presidente en funciones, Ignacio González, y a Esperanza Aguirre, que presumiblemente será líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid desde este sábado. Dos consejeros que ocupan un sillón en el selecto organismo y que deberán salir cuando se apruebe la derogación son Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón.

El Grupo Unión Progreso y Democracia, desaparecido de la Cámara regional desde el 24 de mayo, pidió hasta en cuatro ocasiones durante la pasada legislatura eliminar el órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica de Madrid, pero todos miraron hacia otro lado. UPyD defendía por activa y por pasiva que es un organismo que solo sirve para colocar a políticos en retirada: “Están politizados, son un cementerio de elefantes y están duplicados, porque el Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las comunidades”.

Los consejeros del Consejo Consultivo cobran exactamente lo mismo que un consejero del Gobierno de la Comunidad: unos 8.500 euros brutos al mes por una reunión semanal. Además, pueden compatibilizar sus cargos con otro puesto de trabajo siempre y cuando no sea de servicio activo en la administración o un cargo de representación popular. Pero, ¿a qué se dedican exactamente los miembros de este organismo?

Según la memoria diseñada por el propio Consejo Consultivo, durante 2013 el consejo celebró 67 reuniones: 21 en Pleno y 46 en Comisión Permanente. Entre los dictámenes de consejerías, ayuntamientos y otros organismos, se emitieron 657 durante todo el año que se reparten entre las ocho secciones que dirige cada consejero: a menos de cien por cabeza en todo el ejercicio. En sus reiteradas denuncias para eliminar este órgano, se destaca que “se trata de un claro caso de duplicidad de órganos, ya que estas funciones las puede llevar a cabo perfectamente el Consejo de Estado, con mayores garantías de control de la legalidad de los actos de la Administración, y para ello bastaría con derogar una ley”. De hecho, Cifuentes ha reconocido que cuando se necesite un informe no vinculante recurrirá al Consejo de Estado.

El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica de Madrid, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Trata temas sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos.Emite sus opiniones a través de dictámenes y todos deben estar fundamentados en derecho. Según el contenido de la memoria que tiene colgado en su web, en el año 2013 se emitieron 657 dictámenes, y según la de 2012, en ese ejercicio se realizaron 705. Con una dotación presupuestaria de 4,9 millones de euros en el año 2012 y un presupuesto de 4,3 millones de euros en 2013, el resultado es que cada expediente en 2012 costó a todos los madrileños 6.950 euros y en 2013, se invirtieronmás de 6.500 euros en cada documento emitido.

Sin normativa escrita

El consejero de turno no se encarga de confeccionar los informes. Para eso cuentan con seis letrados en cada sala, funcionarios de carrera que redactan los documentos, buscan la jurisprudencia, analizan sentencias... y también hay catorce personas a sueldo del órgano que se ocupan de las tareas de administración del personal.

No hay ninguna normativa escrita que dicte el número mínimo o máximo de consejeros que deben formar este órgano. En Madrid hay nueve, en Andalucía 14, en Extremadura cinco, en Castilla y León cuatro, en la Comunidad Valenciana tres. No hay región que destine menos de un millón de euros anual para alimentar este organismo y todas coinciden en un punto: los sueldos de sus miembros se equiparan a los de un consejero autonómico.