Inspectores de Hacienda con cuentas en paraísos fiscales cobraban por ‘perdonar’ deudas al fisco

Unos y otros, corruptos y corruptores, se sentarán en el banquillo de los acusados el martes día 15 para comenzar un larguísimo juicio que se espera que dure siete meses. En ese tiempo, el fiscal deberá demostrar todas y cada una de las imputaciones a los acusados, algunos de los cuales se encuentran entre la élite económica de Barcelona. Unos por cobrar para realizar inspecciones blandas. Otros, por sobornar a los funcionarios con el fin de eludir impuestos. Todos ganaban y los demás perdíamos. 

Los ‘amigos’ de De la Rosa

Según los implicados, el origen de los fondos era un “servicio de permuta de dinero en efectivo por otros medios de pago con el querellado Juan José Folchi”. Pero éste afirmó que el origen de las transferencias respondía a “la contraprestación pactada entre Javier de la Rosa y Ernesto Aguiar por los servicios de asesoramiento prestados por este último en los aspectos fiscales derivados de los procesos de fusión que tuvieron lugar entre Torras, Pamesa, Explosivos Río Tinto, Cros y Ebro”. Pero de lo que no tiene duda el fiscal es de que existió “una relación de asesoramiento prestada por José María Huguet, al tiempo que ejercía la Jefatura de la Inspección Regional, a favor de los intereses de Juan José Folchi”. Eran tiempos de vino y rosas, una época en la que el jefe de la Inspección, junto con su esposa, Rosa Guasch, llegó a asociarse con Ferran Adrià, ya uno de los mejores cocineros del mundo, para abrir el restaurante Talaia, en el Puerto Olímpico de Barcelona.

Conexión con José Borrell

Curiosamente, a pesar de que en principio había sido acusado, la Fiscalía retiró la imputación a Ernesto de Aguiar, el hombre cuya amistad con José Borrell provocó la dimisión de éste como hombre fuerte del PSOE. Sin embargo, continúa siendo socio de José María Huguet, con quien creó en 1993 la firma Huguet y Aguiar SCP, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona. El fiscal, sin embargo, sí reclama cárcel para Huguet, por haber recibido, en total, algo más de 2,4 millones de euros en sus cuentas suizas.

Folchi mantenía también una relación similar con José Lucas Carrasco, quien trabajó como su asesor hasta 1998. “Por otra parte, el acusado Lucas se reunía periódicamente con Juan Francisco Pont para tratar temas tributarios relativos a empresas de los grupos antes citados [se refiere a Torras]”, dice el fiscal. Paradójicamente, el escrito de acusación del fiscal le retira ahora la imputación a Pont, que era el cerebro gris de la compañía Acie, una de las mayores defraudadoras del fisco de las últimas décadas. Acie, controlada por De la Rosa, lo mismo emitía facturas por informes que era materialmente imposible que hiciese como intervenía en calidad de sociedad pantalla en grandes operaciones inmobiliarias. Cuando la Generalitat de Cataluña compró la sede de los Mossos d’Esquadra, De la Rosa utilizó esta compañía para una operación triangular que, en varios meses, le reportó un beneficio de 700 millones de pesetas.

Lucas, sin embargo, sí está acusado. “Lucas y Folchi articularon un sistema de retribución encubierta a través de la utilización de cuentas bancarias abiertas en entidades suizas por la esposa de Lucas, Mayra Mas, donde Folchi realizaría periódicos ingresos dinerarios”, acusa el fiscal. En Crédit Suisse, el matrimonio de avispados “asesores” recibió 104 millones de pesetas provenientes de cuentas relacionadas con Folchi. Además, Lucas asesoraba a los grupos Núñez y Navarro (José Luis Núñez) e Ibusa (Eduardo Bueno). El primero le llegó a pagar, entre 1987 y 1998, más de 123 millones de pesetas a través de LML, la empresa patrimonial de Lucas. Con el dinero que le iba pagando, compraba inmuebles a Núñez, que inmediatamente alquilaba al mismo grupo al que se los había comprado (llegó a percibir más de 17 millones de pesetas por este concepto), por lo que la entrada de dinero en las arcas del inspector de Hacienda era doble, aparte de su sueldo oficial: por asesoramiento y por el alquiler. En total, llegó a adquirir 10 pisos y 6 plazas de garaje. La esposa de Lucas, Mayra Mas, realizó una declaración complementaria en 1999 reconociendo que tenían 207 millones de pesetas en fondos suizos sin declarar. No obstante, ahora el fiscal solicita su no imputación.