El PSOE pone en jaque a 270.000 empleos del ladrillo en la nueva Ley de Morosidad

“Salvo pacto entre las partes” es la coletilla que el PSOE no quiere eliminar de la nueva Ley de Morosidad que se votará el próximo 23 de marzo en la Comisión de Industria. Una frase que pone en jaque a las empresas auxiliares de la construcción, que emplean 270.000 trabajadores y facturan 60.000 millones de euros. Todos los partidos están a favor de quitar esta posdata, menos el que Gobierno.

La nueva normativa supone reducir de 90 a 60 días los pagos entre las empresas y de 60 a 30 los abonos en los contratos con las administraciones. Una buena noticia si no fuera porque el texto mantiene lo de “salvo pacto entre las partes” que deja en manos del contratista la fecha en la que hace frente a las deudas con sus proveedores. En la industria de la construcción, el plazo supera los 210 días, según asegura José Miguel Gil, presidente de la Federación Empresarial de Distribución del Cemento y Materiales de la Construcción (Fedcam).

Gil se ha reunido en las últimas semanas con la mayoría de los partidos políticos, entre ellos el PSOE, el PP, CIU y el resto de organizaciones nacionalistas. Todos le han dado su apoyo verbal, con la excepción del grupo que manda en el Congreso. “Me han comentado que quieren buscar un consenso para hacer una ley que ayude a un cambio de cultura, pero dudo que eso se pueda conseguir”. En su opinión, el partido presidido por José Luís Rodríguez Zapatero está dando largos a la modificación de esa coletilla por la presión de los grandes grupos de la distribución –especialmente El Corte Inglés, Carrefour, etc…- y de la construcción, contrarios al cambio de la normativa porque les provocaría un grave problema de circulante.

Gil habla en primera persona de cómo y cuánto está sufriendo este sector el desplome de la demanda y los efectos sangrantes de la actual ley de la morosidad. “Si no cobramos en un periodo de tiempo razonable, las empresas no pueden pagar a los empleados porque están estranguladas financieramente hablando”, argumenta Gil, presidente de Grupo Forte, una de las empresas más grandes del sector.

Forte, cuyo principal accionista es Quilitas Equity Partners, la firma de capital riesgo de la familia Polanco, llegó a tener más de 600 empleados. Hoy, la plantilla no llega a 300 porque la compañía, que está saneada desde el punto de vista financiero, ha tenido que ajustar la producción. Gil asegura que más de 80.000 trabajadores de este sector se han visto afectados por medidas traumáticas, ya sean de reducción de jornada, de expediente de regulación de empleo (ERE) o de despidos directos.

Fedcam agrupa a un total de 15.000 empresas, la mayoría con un número de trabajadores que no supera la veintena. “Y viven al día”, asevera Gil, que se teme que la redacción de la nueva ley pueda traer consigo la desaparición de muchas de ellas. “Si se mantiene la frase salvo pacto entre las partes seguiremos cobrando a más de 200 días y eso es la muerte segura”, sentencia.

El presidente de esta asociación relata cómo se están repartiendo los escasos contratos de obra pública o de edificación que salen a concurso. “El subcontratista subasta los pedidos con los precios tirados y siempre hay alguno que acepta porque le interesa facturar. Se acuerda el pago a más de 200 días con contratos de más de 100 folios en los que el proveedor pone en juego todas sus garantías. Y después –espeta- las pasa canutas para cobrar”.

Gil explica que los bancos aceptaban antes estos contratos como futuros pagos, por lo que daban liquidez a las empresas. Hoy, exclama, ya no es así. “No se fían de la construcción porque ya tiene bastante clientes morosos. Estamos estrangulados”, agrega.  Según sus cálculos, la reducción real del plazo de pago a 60 días supondría desbloquear el cobro de obras por más de 1.700 millones de euros, lo que daría mucha vida al sector.

Desde que comenzó la crisis, la construcción ha visto como se han perdido cerca de 800.000 empleos, una cifra que podría incrementarse en otros 100.000 si desaparecen las empresas que forman parte del último eslabón de la cadena y que no dispone de liquidez para subsistir en las condiciones actuales. Desde el área inmobiliaria de los principales bancos españoles se explica que están adjudicándose muchas obras que no se han podido acabar porque los subcontratistas no han tenido dinero para pagar los materiales y los trabajos. “Es la nueva oleada de morosidad que se avecina”, asevera.