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El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, sostiene que la orden dada desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras el pasado 25 de enero para que se detenga a los ciudadanos extranjeros que no puedan acreditar su identidad o que se encuentran en nuestro país de manera legal es inconstitucional y supone tratar a los inmigrantes como si fueran delincuentes. Estas instrucciones figuran en una circular firmada por el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Enrique Taborda, para ajustar la actuación policial a la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el pasado diciembre.

Un portavoz del Ministerio del Interior manifestó a este diario que los controles policiales en la calle no van dirigidos a los inmigrantes, sino a prevenir la seguridad ciudadana, y que cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que no pueda identificarse puede ser conducido a comisaría a efectos de comprobar su identidad.

Lo opina lo mismo el SUP, para el que “se trata a los inmigrantes como delincuentes, se dispone su detención ‘preventiva’ contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional y, en definitiva, se retrocede en materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos al periodo constituyente”. Hace ahora un año cuatro sindicatos de Policía se dirigieron a los grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo y al Ministerio del Interior para expresar su preocupación por las "identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública", sin que hasta ahora hayan tenido respuesta. “El Tribunal Supremo dispone que no se puede proceder a identificar a un ciudadano sin cumplirse determinados requisitos -sostiene el SUP-, jurisprudencia ignorada por los mandos policiales que ordenan aplicar indistintamente dos leyes para supuestos distintos: la de Protección de la Seguridad Ciudadana y la de Extranjería".

Detenciones ilegales

El sindicato mayoritario del Cuerpo asegura que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras reinterpreta la ley y obliga a los policías que cumplan la citada circular a incurrir en detenciones ilegales con el único objetivo de presentar unas estadísticas que reflejen una supuesta efectividad policial. “Con independencia del posible recurso que interpongan los servicios jurídico del sindicato, solicitamos la retirada inmediata de esta circular y recomendamos a todos los policías encargados de cumplirla que actúen desde la legalidad, evitando así posibles sanciones penales y disciplinarias”.

El Ministerio del Interior desmiente que haya dado instrucciones para ‘inflar’ las cifras estadísticas, y recuerda que hace ahora un año Alfredo Pérez Rubalcaba, titular del departamento, ordenó al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que dictara las instrucciones oportunas para que en caso de ciudadanos extranjeros no se aplicaran criterios cuantitativos, como es fijar un número de identificaciones y detenciones al mes, sino cualitativos. Es decir, que las mismas se realizaran en zonas con índices delictivos elevados.

La circular objeto de las críticas sindicales ordena que se conduzca a los extranjeros indocumentados a comisaría “a efectos de identificación” o como ‘detenidos preventivos’, y que tras las comprobaciones oportunas los funcionarios decidan si lo ponen en libertad o inician un expediente de expulsión, en cuyo caso el afectado pasa a ser un ‘detenido cautelar’. Se inicia aquí un proceso de dos velocidades, uno ordinario y otro preferente, para su expulsión del país.