ElConfidencial.com

Un juzgado de Cartagena acaba de anular la licencia de cuatro torres de apartamentos que están prácticamente terminadas, a instancias de una comunidad de vecinos que se sintió perjudicada por la construcción de las edificaciones, en la zona de Veneciola, sobre la línea marítima del Mar Menor, en el municipio murciano de San Javier.

El Ayuntamiento de San Javier otorgó la licencia siendo alcalde José Hernández, del PP. La promotora inicial, Urbagon S.A., pertenecía a su predecesor en la Alcaldía, José Ruiz Manzanares, ya fallecido. Y es hora el gobierno municipal que encabeza Josefa Hernández (PSOE) quien ha de hacer frente al fallo.

Se trata de cuatro bloques de viviendas, con un total de 223 apartamentos, dos de los cuales están terminados, el tercero ha cubierto aguas y el cuarto está a punto de hacerlo. Urbagón S.A. (Urbanización Las Góndolas) obtuvo la licencia en 2002, pero fue “transmitida” mediante una modificación acordada por la Junta de Gobierno de San Javier, a la sociedad Asone S.L. en 2005. Esta promotora tiene como administrador único a Enric Pérez Mas, y está participada mayoritariamente por Amci Habitat, de la que Pérez fue nombrado director general en diciembre pasado.

Esta segunda promotora inició la construcción, y una comunidad de propietarios, la del polígono J-8 de Veneciola, interpuso recurso contra la licencia en base a supuestas irregularidades (ahora estimadas por el juzgado) solicitando la declaración de nulidad de la licencia, la suspensión de las obras y el restablecimiento del orden infringido. Los cuatro nuevos bloques se interponen entre el J-8 y la orilla del Mar Menor. Uno de los argumentos de los recurrentes, recogido en los fundamentos de derecho de la sentencia, era que “el Ayuntamiento [en aquel momento del PP] ha concedido aprovechamiento urbanístico a terrenos deslindados por la Demarcación de Costas, Propiedad del Estado”.

Se basaba el recurso en el incumplimiento de las normas urbanísticas municipales y en que no se había deducido de la superficie de la parcela los terrenos correspondientes al nuevo dominio público marítimo, que se había modificado. En su momento, la organización ecologista ANSE denunció que esa modificación había sido posible gracias al relleno con vertidos sólidos de la zona del Mar Menor que baña la parcela. El caso está recogido en el informe Destrucción a Toda Costa-2006, de Greenpeace.

Mientras la Justicia procedía, las obras de las cuatro torres continuaban su curso. Ahora, seis años después de iniciadas, el fallo del juzgado número uno de lo Contencioso Administrativo de Cartagena ordena al Ayuntamiento de San Javier, gobernado por los socialistas, “la revisión de oficio de la licencia 16/2005 otorgada a Asone S.L”.