La Justicia cerca a Camps en el ‘caso Gürtel’

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está comprobando en sus propias carnes cómo un proceso judicial que se encauzó inicialmente de forma favorable para él está girando 180 grados. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivó la causa de los trajes –los regalos que supuestamente recibió por parte de las empresas de Francisco Correa-, Camps y el PP al completo se apresuraron al confirmar el archivo.

Quedaba el Tribunal Supremo que meses después dio la razón a la Fiscalía y ordenó reabrir el caso al considerar que Camps y los otros cuatro imputados recibieron regalos “de forma repetida y con aparente opacidad”. Se trata de la parte valenciana del ‘caso Gürtel’. Ahora, su futuro judicial se pone todavía más negro después de que el juez que instruye la parte principal de la causa en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, acaba de remitir una parte del caso a Valencia al entender que hay numerosos indicios de delito  que afectan a varios altos cargos del gabinete de Camps. Como bien se suele decir, hasta el rabo, todo es toro.

En un auto de 20 folios, Pedreira considera que existe una auténtica financiación irregular por parte de las empresas del cabecilla de la trama de corrupción al PP valenciano. Confirma así la tesis que lleva persiguiendo durante meses Fiscalía Anticorrupción, que acusa a varios cargos de la formación política de ocho delitos, entre ellos cohecho, contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública y un delito electoral.

Tal y como le ha solicitado el Ministerio Público, el juez instructor ha decidido inhibirse de parte de la causa –es decir deshacerse de ella para que la investigue el tribunal competente, es decir el TSJ de la Comunidad Valenciana- antes de que prescriba el delito electoral.

Según recoge el auto, el “avance en la instrucción y, en particular, el análisis de la documentación intervenida ha puesto de manifiesto numerosos datos e indicios que no pudieron ser tomados en consideración” por el instructor de la parte valenciana del ‘caso Gürtel’ y que ahora confirman la vinculación entre la parte de los regalos y la financiación irregular del PP. 

La Fiscalía y el juez se basan principalmente en los informes de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) respecto a la facturación, principalmente, en el año 2007 de la empresa de Correa Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), durante la campaña electoral de ese año.

Entre los implicados de estos delitos aparece el que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que supuestamente recibió regalos por parte de esta empresa, y Francisco Camps. Por su cargo como presidente de la Generalitat, Pedreira entiende que ahí es donde radica la conexidad entre la parte de los regalos y la financiación irregular y, por eso, deben acumularse e investigarse juntas.

El magistrado habla concretamente de irregularidades en la contratación entre las empresas vinculadas a Correa –actualmente en prisión- y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009 y que podrían constituir un delito de prevaricación. Esas infracciones podrían estar relacionadas con pagos o regalos efectuados a aquellas personas que intervinieron en la contratación de estas empresas.

Según la documentación recogida a lo largo de la instrucción, un “importante porcentaje” de la deuda que el PPCV habría contraído con Orange Market por sus servicios “se habría abonado de forma opaca en efectivo, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria”. Otra parte de la deuda de la formación –una cuantía de al menos 345.000 euros- “habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades”.

Estas facturas reflejarían “servicios inexistentes” entre las empresas y se elaborarían “con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PPCV en cuanto cancelan una deuda de éste”.

Los investigadores no han encontrado ni una sola factura física que avale la contratación del PP a las empresas de Correa por un importe de más de dos millones y medio de euros. “De lo expuesto se infiere que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas formuladas por el PP valenciano, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV”, recoge el auto.

Entre los implicados, Pedreira señala al que fuera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a la administradora en Valencia, Cristina Ibáñez. Con ellos cooperarían Ricardo Costa, el consejero valenciano Vicente Rambla y el secretario de Organización de la formación, David Sierra, estos dos últimos identificados como “el cantante” y “el príncipe”, encargados de efectuar pagos opacos por cuenta del PPCV a Orange Market. 

Además, el delito electoral no se podría haber cometido sin la participación de los responsables de esta empresa, que facilitaron la irregular cancelación de la deuda con el partido. Entre ellos se encuentran el contable de la entidad, Cándido Herrero, el director general, Álvaro Pérez, alias ‘El Bigotes’, el supervisor, Pablo Crespo, y el máximo dirigente, Francisco Correa. 

El cabecilla de la trama percibía directamente parte del dinero abonado por el PPCV y que, en la mayoría de las ocasiones, era recibido por Crespo, siendo José Luis Izquierdo el encargado de contabilizarlo y distribuirlo, figurando, entre sus preceptores, Álvaro Pérez.