La Junta no rectifica: hará funcionarios a 20.000 personas sin oposición

Aunque acaba de prescindir de José Ortiz Mallol, el gurú del decreto de reestructuración del sector público de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz no está dispuesto a rectificar. Organizará una administración paralela de 20.000 empleados públicos.

El decreto-ley 5/2010, como ya adelantó El Confidencial, permite que funciones reservadas a los funcionarios por la Constitución y la ley, por suponer ejercicio de potestades públicas, puedan ser desempeñadas e incluso dirigidas por personal no funcionario perteneciente actualmente a empresas públicas, “auténtico comisariado político”, como especifican fuentes del sector público andaluz.

En la Junta de Andalucía saben de la fuerte contestación social de los sindicatos (CSIF es quien lidera la revuelta), que organizarán para el próximo fin de semana una gran manifestación en Sevilla. Exigirán la derogación del nuevo organigrama del sector que se convertirá en prueba fundamental del rechazo de los trabajadores públicos a las políticas del Gobierno Griñán.

“Los funcionarios de la Junta seguirán manteniendo su estatus”, señalan fuentes del Gobierno andaluz consultadas por este diario. “En ningún caso se van a vulnerar los derechos sociales de estos trabajadores públicos y es radicalmente falso que la administración andaluza se convertirá en un coladero como quiere hacer ver el PP”. El Partido Popular de Andalucía ha recurrido este decreto al Tribunal Constitucional. El recurso lo presentaron el 27 de octubre. El TC estudia su admisión a trámite.

Rafael Delgado, presidente de la plataforma Defiende mi derecho, tiene muy claro cuáles son las intenciones del Gobierno andaluz: “Colocar por la puerta de atrás a más de 20.000 personas que no superan procesos selectivos limpios basados en los principios de la publicidad, capacidad y mérito”.

División sindical

En el Gobierno andaluz hay división de opiniones sobre este asunto. Sobre todo en cómo resolverlo. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, niega que el cese de Ortiz Mallol tenga ninguna relación con una vuelta de tuerca al organigrama de la Junta de Andalucía y recalca que seguirá adelante. Sin embargo, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, no es tan contundente. Moreno se muestra dispuesta a negociar con el CSIF, el sindicato díscolo.

El CSIF muestra su disposición a negociar "desde cero" con la Junta sobre el decreto ley de reordenación, pero "siempre que se suspenda cautelarmente su entrada en vigor". Pero la Junta, que ya ha convencido a Comisiones Obreras y UGT de las bondades de su proyecto, teme que continúen las pitadas y gritos contra Griñán y sus consejeros en cada acto público que organicen. Y también a CCOO y UGT, como demuestra este vídeo de funcionarios de la Junta de Andalucía del edificio de Torre Triana (sede de las consejerías de Hacienda, Educación y Turismo).

“Creo que Griñán y su equipo tienen mucho miedo a la manifestación del sábado”, subrayan fuentes del PP andaluz. Según este partido, el decreto atribuye “potestades públicas a personal no funcionario de la Junta de Andalucía, así como lesiona el derecho a acceder en igualdad de condiciones al empleo público y otros derechos fundamentales como son la libertad sindical y la negociación colectiva”.