Tres jueces diferentes, tres centros distintos y nueve días. Este es el resumen del periplo del pirata 'Abdu Willy' en España. Diferencias de criterios entre jueces y médicos, que no se ponen de acuerdo con la edad del corsario, mientras que el atunero español Alakrana sigue secuestrado con 36 tripulantes a bordo.

Un grupo organizado dedicado a secuestros, según consta en el auto de imputado de Baltasar Garzón, atacó al buque español para recibir un rescate. Su liberación está siendo más lenta, principalmente, porque el barco no se encontraba dentro de la zona de seguridad de la 'operación Atalanta', marcada por la UE en los casos de piratería en aguas internacionales.

Sin embargo, el atunero se encontraba en el momento del secuestro fuera del área y, por tanto, el Gobierno no es responsable de lo que le ocurra. Mientras tanto, la Audiencia Nacional reclamó a los piratas detenidos tan sólo un día después del secuestro, el pasado 22 de octubre.

A partir de ese momento comenzó un auténtico descontrol. La causa recayó, según las normas de reparto, en el Juzgado de Santiago Pedraz. Sin embargo, éste se encontraba disfrutando de una baja de paternidad. Se encargó del asunto hasta su regreso Baltasar Garzón. Uno de los piratas, Cabdiweli Cabdullahi, alias Abdu Willy, dijo no saber su edad y antes de tomarle declaración, el magistrado ordenó que le realizaran una prueba médica para determinar si era mayor de edad.

Ese primer informe, indicó que tenía 19 años y Garzón siguió adelante. Le interrogó y le envió a prisión imputado por 36 delitos de detención ilegal, asociación ilícita y robo con violencia y uso de armas.

Estuvo en el centro penitenciario de Alcalá Meco a la espera de los resultados de un segundo informe que corroborara el primero. Pero esto no ocurrió y los forenses de la Audiencia Nacional dictaminaron que tenía una edad mínima de 17 años. Por tanto, Pedraz, que ya había regresado de su baja, le puso inmediatamente en libertad porque al ser menor no puede estar ingresado en un centro penitenciario.

El testigo lo cogió a partir de ese momento la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. En un principio, ordenó su ingreso en un centro de protección de menores y, un día después, acordó, con el beneplácito del juez de Menores, José Luis Castro, su internamiento en régimen cerrado. Cuando llevaba dos días en estos centros, llegó el tercer informe. La radiografía de muñeca, pelvis y mandíbula aseguraba que tenía 18 años.

Nueva inhibición de Pedraz

De inmediato, Castro dictó un auto inhibiéndose de nuevo en favor de Pedraz, al haber perdido la competencia. Ahora, Abdu Willy sigue en un centro de menores porque así lo ha acordado el tercer juez en discordia, Fernando Andreu. El somalí fue trasladado ayer por la tarde a las dependencias de la Audiencia Nacional, pero Pedraz ya no se encontraba en su despacho, siendo Andreu, de guardia, quien se hizo cargo. Esta mañana Pedraz ha rechazado la inhibición del Juzgado Central de Menores, al que ha devuelto la competencia sobre el caso en un auto en el que admitiendo que aunque "existan muchas (o muchísimas si se quiere) probabilidades de que el individuo supere la edad penal, en ningún caso, los informes establecen, con seguridad plena, una edad superior a 18 años, extremo que debe quedar rotundamente probado para proseguir la causa contra el mismo".

Puede parecer que no tiene mayor trascendencia jurídica pero Abdu Willy se juega mucho. Un año de diferencia puede suponer un máximo de ocho años de internamiento en un centro de menores a los treinta años máximos que permiten el Código Penal ingresar a un reo en prisión. Eso, claro, siempre que sea condenado.

Junto a él, fue detenido otro pirata, Raageesey Adji Haman, que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario. En cuanto se recupere también deberá ir a prisión de manera preventiva hasta que se resuelva el caso y se celebre el juicio. Y mientras tanto, los 36 tripulantes del Alakrana siguen secuestrados.

Medio millar de personas piden la liberación

Cerca de medio millar de personas se concentraron este mediodía ante la Casa Consistorial de Baiona para reclamar la inmediata puesta en libertad de los tripulantes del buque Alakrana, retenido en aguas del Índico por piratas somalíes. Esta concentración, con una pancarta en la que se reclamaba "Liberdade para os nosos mariñeiros", contó con la participación de los alcaldes de Baiona, Nigrán, Gondomar, Oia y Sanxenxo, así como de familiares de los tripulantes retenidos a bordo del atunero, y miembros de las cofradías de pescadores de la comarca del Val Miñor.

Durante la concentración, la hija del capitán del Playa de Bakio, que también había sido secuestrado el pasado año por los piratas somalíes, fue la encargada de leer el manifiesto consensuado en todos los ayuntamientos de Galicia y País Vasco que se sumaron a esta movilización. Coincidiendo con la movilización, numerosos pescadores del Puerto de Baiona se sumaron a la reivindicación de libertad para sus compañeros, haciendo sonar las sirenas de las embarcaciones que permanecían atracadas en el muelle.