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La reforma de las pensiones públicas amenaza con abrir la primera gran brecha entre sindicatos y Gobierno. Sobre todo si se confirma una propuesta que se filtró ayer, y que dice que el Ejecutivo piensa aumentar la edad obligatoria de jubilación hasta los 67 años, de forma gradual y a partir del año 2013 en un proceso que se alargaría hasta el año 2025.

Fuentes sindicales mostraron ayer su oposición a esta posibilidad, básicamente por introducir el concepto de ‘obligatoriedad’ en la propuesta. Tanto UGT como CCOO aceptan retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años, pero siempre de manera voluntaria y salvaguardando, en cualquier caso, la protección de los trabajadores empleados en sectores de especial peligrosidad. Hablan, por lo tanto, de ‘jubilación flexible’ para enfrentarse al fenómeno del envejecimiento, algo que ayer puso de manifiesto con toda crudeza el Instituto Nacional de Estadístia (INE).

La propuesta se discutirá hoy en el Consejo de Ministros, y a última hora de la tarde de ayer los agentes sociales -empresarios y sindicatos- aún no habían recibido ninguna comunicación del Gobierno. Sólo está claro que el Ejecutivo -y en particular el Ministerio de Economía- apuesta por alargar la edad de jubilación, pero se trata de un asunto extremadamente sensible en términos políticos y sociales, y de ahí que no está nada claro lo que vaya a salir hoy del Consejo de Ministros. Según lo que se filtrò ayer, la intención del Gobierno es que a partir del año 2013 los trabajadores vayan jubilándose a partir de los 65 años y dos meses. Al año siguiente, la edad legal sería de 65 años y cuatro meses, y un año más tarde, 65 años y seis meses. Así hasta el año 2025 en que la edad legal de jubilación se establecería de manera obligatoria en 67 años. El año 2025 es clave porque supone el comienzo de la entrada del ‘baby boom’ de los años 60 en el sistema de pensiones.Los primeros afectados por la medida una vez que se complete el calendario previsto serían, por lo tanto, los nacidos en 1958. Eso significa que el que hubiera comenzado a trabajar a los 25 años (sin episodos de desempleo) se jubilaría depués de trabajar durante 42 años.

La propuesta, de salir adelante, supondría el reconocimiento explícito de que las actuales medidas de estímulo destinadas a alargar la edad de jubilación han fracasado. Básicamente, según un sindicalista, porque los incentivos a prorrogar la vida laboral son insuficientes. Si un trabajador decide jubilarse antes de los 65 años, sufre una merma en su pensión de entre un 6% y un 7,5% (lo que puede considerarse asumible a cambio de no trabajar); pero si opta por continuar en la empresa después de esa edad, su pensión sólo se verá incrementada en un 2-3%. Con este incentivo, dicen los sindicatos, es difícil que un trabajador opte por jubilarse más tarde, salvo que tenga n empleo cualificado y altamente remunerado.

Endurecimiento de los requisitos

El endurecimiento de los requisitos para acceder a una jubilación anticipada –salvo para algunas empresas públicas como RTVE- ha propiciado, en cualquier caso, que la edad meda de jubilación efectiva haya pasado en pocos años de 62,5 años a los 63,8 actuales, es decir cerca ya de los 65 que se establecieron por ley. España, no hay que olvidarlo, es uno de los países europeos en los que la edad legal de jubilación es más tardía. El problema tiene más que ver, por lo tanto, con el hecho de que las vidas laborales son cada vez más cortas. Ya sea por falta de empleo o por el retraso en la edad de comienzo en el trabajo. Y eso supone una auténtica sangría para la Seguridad Social en un sistema de reparto.

Según los últimos datos, y en contra de lo que suele creerse, en estos momentos 350.258 trabajadores (cifras hasta el pasado 1 de agosto) cobran una pensión de jubilación pese a contar con una edad situada entre 60 y 64 años. Algunos cientos de miles más se encuentran prejubilados, pero no son incluidos en las listas de la Seguridad hasta que cumplan los 65 años.Hay, igualmente, otros muchos que cobran una prestación pública, pero se trata de pensiones por incapacidad permanente (273.924) o viudedad (156.687). La pensión media de esos trabajadores –pese a los coeficientes reductores- es sensiblemente superior al resto. En concreto, 1.350,.83 euros en el primer caso, y 1,123 en el segundo (pensionistas con edades entre 65 y 69 años). Es decir, se jubilan antes y cobran más.

La propuesta del Gobierno, lógicamente, tiene que ver con el progresivo envejecimiento de la población, que ha obligado a que recientemente la Comisión Europea situara a España con nivel de riesgo ‘alto’, frente al riesgo ‘moderado’ que reflejaba el informa anterior.

Dentro de los mayores, buena parte del aumento se ha producido en las edades más altas, como consecuencia del descenso de mortalidad en los tramos superiores. Por ello, las pensiones de personas con más de 85 años han crecido en los últimos años un 26%, a un ritmo cinco veces superior que el resto.

Envejecimiento y gasto en pensiones

Los datos recientemente publicados por  el Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen a decir en síntesis que la esperanza de vida de los españoles al nacimiento se sitúa ya en 81 años; es decir, casi cuatro más que en 1991. Ochenta y cuatro años en el caso de las mujeres, y casi 78 para los hombres. Con todo, lo más relevante de la información que proporciona el INE -al menos en términos económicos- se refiere a un dato que suele pasar desapercibido: la esperanza de vida de los españoles en el momento que cumplen los 65 años. Pues bien, si una mujer cumple 65 años, lo más probable es que viva 21,65 años más como media, hasta los 86,65 años. Y si es hombre, su esperanza de vida adicional se sitúa en 17,68 años, hasta los 82,68 años. Eso quiere decir que la esperanza de vida entre los jubilados (edad legal) ha crecido en dos años desde 1991.

La cifra puede parecer pequeña, pero para comprender mejor su importancia económica hay que tener en cuenta que la nómina mensual de pensiones asciende a 6.517 millones de euros. O lo que es lo mismo, dos años de pensiones (sin incluir las pagas extraordinarias) suponen el pago de 156.408 millones de euros; es decir, alrededor del 15% del PIB. Los beneficios económicos que obtiene la Seguridad Social por el alargamiento de la edad de jubilación son dobles. Por un lado,se ahorra las pensiones, y por otro continúa ingresando cuotas de trabajadores en activo que de otra manera estarían jubilados. La cruz de esta estrategia es que el empleo -un bien cada vez más escaso- se resiente.

La otra gran reforma de la Seguridad Social que está sobre la mesa es la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de los 15 años actuales a una cifra que puede situarse dentro de una horquilla de 20 o 25 años. También sería gradual, pero el Gobierno no desveló ayer en qué sentido se planterán los cambios. En este punto, la posición de los sindicatos es menos beligerante, en particular CCOO, si bien hay todavía serias reticencias en UGT.