El juez impide que JAG se querelle contra el abogado de 'Sandokán'

Juan Antonio González, jefe de la Policía Judicial no podrá querellarse contra Antonio Urdiales, el abogado que le acusó de ser “JAG” hasta que el juicio por el caso Malaya haya concluido. El tribunal que juzga la causa de corrupción municipal más importante de España empieza a mostrar su malestar por la injerencia policial dentro del proceso.

El hombre fuerte de Rubalcaba, el comisario general de la Policía Judicial, anunció que iba a querellarse por calumnias contra el abogado del constructor Rafael Gómez (Sandokán), procesado en el caso Malaya. Éste le relacionó con unos supuestos sobornos pagados por el cerebro de la trama de corrupción. Concretamente, Urdiales le señaló durante una de las sesiones del juicio como el titular de las iniciales JAG que figura en una agenda de Juan Antonio Roca como beneficiario de 200.000 euros.

Según informa el letrado del imputado Rafael Gómez a El Confidencial “hasta que el juicio sea visto para sentencia el Tribunal no autoriza que se pueda proceder contra mí. De hecho, puede haber sorpresas sobre este caso. Habrá mandos de la Policía que hemos llamado como testigos que podrán aclarar muchas cosas”.

“En la Policía todos saben quien es JAG”

El letrado se reafirma en que era vox populi en toda la Policía y que “hasta los porteros de las comisarías” sabían que las siglas de JAG correspondían al alto comisario. Por indicación de la Fiscalía, el juez Torres, inicialmente, ordenó al departamento de Asuntos Internos de la Policía que abriera una investigación sobre JAG, pero aquello quedó parado. “¿Por qué?”, se pregunta Urdiales. “Si en lugar de ser el comisario jefe de la Policía Judicial llega a ser un empresario, estaría detenido. Como fue detenido mi defendido”. Con "muchos menos indicios" otros encausados en Malaya están ahora en la sala para ser juzgados.

Uno de los mandos policiales que declarará será José Manuel Rando, uno de los pocos inspectores de la Policía que sigue conservando una  buena amistad con el  magistrado Miguel Ángel Torres. Este inspector del Cuerpo Nacional de Policía especializado en blanqueo de dinero, llevó el peso de las pesquisas policiales “hasta donde le dejaron” y puede ser una pieza clave en el asunto “JAG”.

Presiones en un Estado de Derecho

Si las acusaciones del letrado se demostraran como ciertas, el máximo funcionario de Interior  habría incurrido en un delito de cohecho “y el Estado tendría que pagar al Ayuntamiento de Marbella. Eso seria un escándalo”. Lo cierto es que cada día aparecen mas conversaciones telefónicas donde el mismo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, daba órdenes explícitas al comisario general Juan Antonio González para saber extra-oficialmente datos del sumario que estaba aún bajo secreto. “Eso se llama prevaricación y querer presionar a la Justicia en un Estado de Derecho”.

En concreto, Urdiales dice que el actual  ministro del Interior utilizó a agentes del Cuerpo Nacional de Policía para conocer datos del caso Malaya que se referían a Fidel San Román, empresario también vinculado con la trama corrupta de Ciempozuelos, cuando el sumario aún era secreto. Dichas conversaciones telefónicas fueron grabadas a Valentín Bahut cuando era investigado por Asuntos Internos en el mes de julio de 2006.

En estas conversaciones José Luis Olivera, puesto a dedo por Juan Antonio González para dirigir la Brigada de UDEF junto a la UDYCO  llamó a Valentín Bahut, comisario jefe de la operación, el 1 de julio de 2006 para preguntarle si sabía algo sobre Fidel San Román. Bahut contestó que no sabía nada. Pero que llamaría  al inspector Rafa Madrona que estaba al cargo de ese tema. Madrona le respondió: “San Román, a prisión”. Este inspector de UDYCO fue ascendido poco después al cargo de comisario de Marbella. Hace una semana dejo la jefatura marbellí para incorporarse a la Comisaría de Málaga.

Ante esta situación el abogado Antonio Urdiales pregunta al actual vicepresidente del Gobierno “¿Dio o no usted, señor ministro, instrucciones para obtener el auto que ordena la libertad de Fidel San Román?”. Según el letrado, es una vergüenza “que los policías tengan acceso a las declaraciones judiciales del caso”. “Lo sabían todo, testimonios ante el juez, situación en la que quedan los detenidos, cuantía de la fianza…”.

Asuntos internos

El mando Carlos Germán que era el jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, propuso al Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga abrir diligencias contra quien dirigía las pesquisas del caso Malaya, el comisario Valentín Bahut.

El juez accedió a que Asuntos Internos pinchara el teléfono de Bahut durante más de un año. Esto permitió que la Brigada de Asuntos Internos escucharan las conversaciones que el comisario tenía con sus superiores sobre el caso Malaya y que ahora están saliendo a la luz.

La investigación de Asuntos Internos contra Bahut, acusado de extorsionar a locales quedó exonerada. En su día el Juzgado número 11 de Málaga condenó a este, mando junto al inspector Alfredo Marijuán. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo y éste absolvió a los dos policías. El Supremo aprovechó su sentencia absolutoria para criticar la instrucción llevada a cabo por el juez y por el equipo de Asuntos Internos.

El abogado Antonio Urdiales, personado en el caso Malaya y en el caso de Marco Torello Rollero, el presunto narco que colaboraba con Valentín Bahut, ha sacado a la luz estas grabaciones de la Policía por entender que es “un ejercicio de transparencia para las investigaciones”. En estas cintas también aparece que la Policía descartó incluir a Blanca Conde-Pumpido, sobrina del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las pesquisas de la operación Malaya.

Según Valentín Bahut  en las conversaciones con su superior José Luis Olivera le informaba que “una de las empresas que está pendiente de ser investigada se llama Solución de Pago en Línea, y que entre sus socios está, además de Oscar Benavente, (el testaferro de Roca) José Luis (María) Fuentes González, marido de Blanca Conde-Pumpido Soto”. Desde la Brigada de UDEF descartaron seguir esta investigación “a pesar de todas las pruebas que había para seguir con ella” denuncia Urdiales.

En este sentido, el Partido Popular va a pedir explicaciones en el Congreso. Ignacio Gil Lázaro, argumenta que es la “utilización espuria e ilegítima, prácticamente ilegal, de un sector de la Policía para conveniencia y beneficio del Gobierno”.