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Cerca de 300 personas iniciaron ayer en la localidad toledana de Seseña una marcha de 40 kilómetros hasta el Congreso de los Diputados convocada contra la corrupción. Organizada e ideada por Izquierda Unida, la comitiva fue encabezada por el coordinador general de la coalición de izquierdas, el ciudadrealeño Cayo Lara; el coordinador regional, el albaceteño Daniel Martínez, y el alcalde de Seseña, también de IU, Manuel Fuentes. [Vea el vídeo]

La marcha partió de la Plaza del Ayuntamiento, donde se ofrecía chocolate caliente para todos los asistentes desde las siete, para combatir la oscuridad y el frío de la Sagra toledana. Otro combate, esta vez contra la corrupción, es el que simboliza en sí la población de Seseña, a raíz de la negativa de su alcalde a dar el visto bueno al Programa de Actuación Urbanística (PAU), de El Quiñón. Se trata de una macrourbanización levantada en zona prácticamente limítrofe con Madrid, para la que se planificaron 13.500 viviendas con importantes deficiencias en cuanto a informes preceptivos y cobertura de servicios, y que su constructor, Franciso Hernando El Pocero, dejó abandonada en junio de 2009, con 5.800 viviendas construidas.

Paquete de 48 medidas

Es decir, la elección de esta población para iniciarn la marcha obedece a razones prácticas, como es su cercanía con Madrid, y también al símbolo que supone de resistencia de una Corporación municipal a los intereses privados de un constructor. Esta isla  urbanística contó con el parabién de la Junta de Comunidades, así como del ex alcalde José Luis Martín (PSOE), hasta el punto de que el PAU recibió su primera luz verde el 8 de mayo de 2003, en la última sesión hábil del Ayuntamiento antes de las elecciones autonómicas y locales del mismo año. Las mismas en las que Martín cedió el bastón de mando a Fuentes.

La marcha, que concluye hoy con un acto simbólico en el Ateneo de Madrid, se plantea además como objetivo llevar al Congreso de los Diputados un paquete de 48 medidas para hacer frente a la corrupción. Medidas para las que Lara desea el concurso de todas las fuerzas políticas, pues en su opinión se trata de uno de los mayores lastres para una organización de la convivencia armónica y en democracia.

Su recorrido transcurre a lo largo de la A-4, o Autovía de Andalucía. La primera escala del sábado fue al alcanzar la población madrileña de Valdemoro, cerca de las 11 de la mañana. La comitiva prosiguió después camino hasta Getafe, donde hizo un alto para comer, y pernoctó después de otros nueve kilómetros de caminata en el Albergue San Fermín, en el distrito madrileño de Usera. A la hora de cerrar estas líneas estaba prevista la celebración de un acto público en el Pabellón Polideportivo San Isidro de Getafe. La mañana de hoy domingo cuenta con una agenda más suave: sólo 5,6 kilómetros hasta el Congreso y unos metros más hasta el Ateneo, donde el acto público del mediodía clausura estos 40 kilómetros contra la corrupción.

Una sacudida de norte a sur

Sobre el papel, la idea de Izquierda Unida es dejar constancia de un problema que en su opinión afecta por igual a cargos públicos de los dos partidos mayoritarios: desde el caso Gürtel a la trama malaya, pasando por los puntos de conexión entre ambas que se encuentran en ciertas actuaciones empresariales de Castilla-La Mancha, sin olvidar las megalómanas urbanizaciones como la de Seseña, las de la costa levantina o andaluza, o las utilizadas de forma torticera para fines lucrativos de los cargos públicos, y que recorren la geografía de norte a sur.

Pero además supone un apoyo explícito al alcalde Fuentes frente a las once querellas presentadas o anunciadas por El Pocero, de las que ha perdido siete, aunque ha conseguido una sentencia contra el regidor: una multa de 3.600 euros (y 15.000 de responsabilidad solidaria para IU) a consecuencia del artículo El mago del ladrillo, aparecido en el boletín de mayo de 2007 de la Asamblea Local de esta formación política en el municipio toledano. Un año antes IU había decidido reunir pruebas para denunciar la urbanización ante la Fiscalía Anticorrupción, después de varios tiras y aflojas entre Fuentes y Hernando. El constructor llegó a tacharle de "gilipollas" poco después de ganar en las elecciones locales y autonómicas de 2003.

La coalición de izquierdas considera que la corrupción es un riesgo para la credibilidad de la gestión pública en las diversas administraciones. Por ello ofrece esta marcha de 40 kilómetros como forma de hacer visible su repudio contundente a las corruptelas en torno a la política y el urbanismo. Y busca denunciar también la escasa plasmación de las declaraciones institucionales de populares y socialistas en sus políticas concretas. Esto es: la diferencia abismal entre sus posicionamientos públicos y sus decisiones a la hora de la verdad.

El último episodio de los rifirrafes entre El Pocero y Manuel Fuentes llegó el pasado 14 de enero, cuando el tribunal impuso al alcalde una fianza de un millón de euros. La cifra originó un revuelo inmediato en los medios de comunicación, que llevó a la jueza a subsanar el “error informático” y reducir dos ceros la cantidad, hasta dejarla en 10.000 euros. Aunque Fuentes se ve obligado a confiar en que efectivamente se trató de un error, numerosos dirigentes de Izquierda Unida han mostrado en público sus sospechas de que es una cantidad inducida por el propio Hernando. Y entre los 300 convocados que ayer marcharon sobre Madrid, está más presente la idea de que, más que un error, se trata de una nueva operación de acoso contra el alcalde.