Interior retiró la escolta a ex ministros y altos cargos antes del anuncio de ETA

El Ministerio de Interior ha ordenado retirar el servicio de escoltas a varios ex ministros y altos cargos del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Este repliegue, que fuentes gubernamentales solventes califican de “generalizado”, se hizo efectivo el pasado 1 de septiembre, cuatro días antes de que ETA difundiese su decisión de no llevar a cabo más “acciones armadas ofensivas” y viene a demostrar que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sabía desde hace tiempo de la inactividad de la banda y de su incapacidad para atentar.

A pesar de que Rubalcaba salió a principios de julio alertando de posibles acciones durante el verano, el titular de Interior ya era entonces conocedor de lo que se estaba fraguando en las tripas de ETA, según fuentes de toda solvencia. La decisión de retirar las escoltas también obedece a una cuestión económica. Las fuentes subrayan que el reajuste en los servicios de protección, decidido durante una reunión entre mandos de los cuerpos de seguridad y responsables de Interior celebrada a mediados de agosto, se debe a una alarmante escasez de medios materiales y humanos. “No hay una peseta, por eso les han quitado la escolta a todos (los ex ministros). La retirada es generalizada por esta grave falta de dinero”, aseguran. Interior no ha querido hacer ningún comentario al respecto.

A principios del pasado mes, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba proyectó recortar gastos prohibiendo que los escoltas acompañasen a los ex ministros y altos cargos que protegían en sus viajes fuera de Madrid. El objetivo era ahorrarse las dietas de los guardaespaldas. Poco después, el Ministerio se decantó por retirar íntegramente a los ex ministros el servicio de sus escoltas, quienes desde hace tiempo han reiterado sus quejas por la condiciones de trabajo y la falta de medios, que a menudo les obliga, por ejemplo, a pagarse las dietas de su propio bolsillo.   

Un repliegue “generalizado”

Tal y como informó este diario (Aprender a vivir sin la amenaza de ETA), el Ministerio y la consejería vasca de Interior decretaron este verano un reajuste en el servicio de protección a personas amenazadas por ETA que afectaba, en un principio, solo a ex concejales del PP y del PSE que habían dejado de residir en Euskadi o abandonado la primera línea política. Es decir, la medida respondía, en palabras del consejero Rodolfo Ares, a una evaluación de riesgos que analizaba los expedientes de cada uno de los amenazados.

Aunque se desconoce cuántos ex cargos públicos se verán afectados, fuentes del Partido Popular indicaron a El Confidencial que la reorganización atañía a 46 ex concejales populares, pero “nunca a aquellos que continúan en activo”. Mientras, el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz, cifró en 90 las personas que perdían la protección, entre ellos “cuatro o cinco empresarios vinculados con la Y vasca”, y achacó el recorte a criterios económicos.

Ahora, el departamento que dirige Rubalcaba ha decidido ampliar el reajuste hasta los ex ministros y ex altos cargos del Ejecutivo de Zapatero, cuyos escoltas eran públicos, alegando razones presupuestarias. Algunos de los afectados relacionan este recorte con la crisis de Gobierno, porque “necesitan guardaespaldas para los nuevos (ministros) y están tirando de la gente que ya tenían”, indican a El Confidencial.     

Mucha protección privada, poca pública

En los últimos tiempos, las partidas para medios materiales y humanos se están viendo afectadas de manera significativa. Desde 2004, cuando al frente de Interior se encontraba José Antonio Alonso, el ministerio ha ido revisando los servicios de escolta que prestan las Fuerzas de Seguridad y empresas de seguridad privada. En esos tiempos hasta 5.200 personas disponían de servicio de protección, lo que suponía que casi el 15% de la plantilla de la Policía se dedicase a estas labores. Cuatro años más tarde, se retiro la escolta a 60 altos cargos, ex altos cargos y figuras del mundo judicial.     

“En una reunión de Interior con las compañías de seguridad privada se habló de una evaluación de riesgos, pero también de un reajuste económico. Ya en julio nos comentaron que el recorte era para reducir la partida, porque el porcentaje de seguridad privada frente a la pública es de más de un 70%. La protección pública es minoritaria”, señalan fuentes del sector de seguridad privado.