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Comenzó la cuenta atrás. Dentro de una semana Marbella estrenará su nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Nadie espera sorpresa por parte de la Junta, pero sí de los 3.000 afectados que ya han recibido instrucciones por parte de sus letrados de recurrirlo una vez se apruebe definitivamente. Los que han abierto la veda han sido los vecinos del complejo residencial Banana Beach, que ayer por la mañana pusieron las cartas sobre la mesa en Sevilla antes de recurrir a los tribunales.

La lucha es a muerte. El PGOU de Marbella no les legaliza los 300 apartamentos en primera línea de playa que ocupan estas familias desde hace años. Su suelo está calificado como fuera de ordenación y amenazado por una sentencia firme de derribo. Es por eso que el portavoz de la comunidad de propietarios, José Ortiz, ha decidido exponer ante el consejero el “trato discriminatorio e injusto" que se les ha dado mientras que, desde el Consistorio, se está apoyando y dando trato de favor a edificaciones como las adquiridas por el empresario Tomás Olivo.

“De equipamiento público a pelotazo privado; así se escribe la historia de Marbella”. De esta forma resumía a El Confidencial el portavoz de IU, Enrique Monterroso, los trámites urbanísticos que han desembocado en la concesión de una licencia al empresario imputado en el Caso Malaya,  para la construcción de un bloque de viviendas en el antiguo edificio de Radio Nacional.

El concejal pone en duda la legalidad del permiso de obras, otorgado en virtud del PGOU de 1986, al estar pendiente de aprobación definitiva un nuevo planteamiento urbanístico e instó a la Junta de Andalucía a intervenir en relación con estos hechos. “El PP está favoreciendo a los mismos que favoreció el gilismo, mientras que otras familias quedan desamparadas incluso con las viviendas ya ocupadas”.

A través de una urna simbólica en Ricardo Soriano, los vecinos de Marbella realizaron una consulta popular para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el destino que debe tener el inmueble: uso público o residencial. Pero será la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía quien tenga la última palabra la próxima semana. Este órgano consultivo evaluará la legalidad y viabilidad del documento urbanístico y el dictamen que emita es vinculante para su aprobación definitiva. Si considera que el PGOU cumple todos los requisitos normativos necesarios lo aprobará el próximo 29 de enero y su texto entrará en vigor en menos de un mes.

Bastión del ‘gilismo’

Los vecinos del Banana Beach piden clemencia al gobierno andaluz. Así lo manifestaron ante el consejero Espada como última alegación en la sede central de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Explicaron  que “sus viviendas están en las mismas circunstancias urbanísticas que otros inmuebles marbellíes que, sin embargo, sí han quedado legalizados en el nuevo Plan General. Por lo tanto, es perfectamente posible salvar el Banana Beach, todo ello avalado por informes técnicos que respaldan su postura”.

Lo que muchos se temen es que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella no termine con su aprobación definitiva. Tras ésta se iniciará un nuevo proceso, el judicial, ya que el plan será impugnado por los afectados que estén disconformes con sus directrices ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El PGOU marbellí es un documento "bastante especial". La historia reciente de la ciudad ha estado caracterizada por el permanente escándalo urbanístico. Un caos que está llamado a resolver este plan que, de entrada, ha generado más de 8.500 alegaciones en su contra en las exposiciones públicas.La normalización de alrededor de 18.000 inmuebles irregulares y el sistema de compensación estipulado para ello son los aspectos más criticados y polémicos del nuevo planeamiento. Pero no son los únicos.

Olivo no tendrá que compensar

El edificio que primero fue sede de la hermandad de Labradores, y luego de la Cofradía de Pescadores hasta convertirse en sede de los sindicatos de RNE, será convertido en escombros por Tomás Olivo. El empresario invertirá 4,2 millones de euros en derribar el antiguo inmueble donde levantará un bloque de viviendas. La aplicación del Plan Urbanístico del 86 le beneficia doblemente, no sólo por la calificación y uso del suelo, sino también le exime de ceder terreno al Ayuntamiento como compensación.

El Ayuntamiento ha dado luz verde a la licencia en base al PGOU de 1986 aún vigente, que declara la parcela como suelo residencial, con tipología de vivienda unifamiliar. Olivo solicitó el permiso de obras en octubre de 2008.

El nuevo PGOU que apruebe la Junta destinó inicialmente la parcela a uso cultural y ahora lo contempla como uso de servicios terciarios para la edificación y recomienda su uso hotelero. Además, su aplicación supondría ceder al Ayuntamiento 1.200 metros cuadrados cuadrados de superficie para equipamiento público.

Sólo en un punto le ha perjudicado: la aplicación del antiguo plan urbanístico. El futuro PGOU contempla una edificabilidad en la parcela de 6.800 metros cuadrados, casi el doble que el Plan de 1986 en base al cual el equipo de gobierno ha otorgado la licencia.