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El PP se dispone a encajar un nuevo golpe del caso Gürtel, precisamente cuando atraviesa su momento más dulce en las encuestas. Entre 10.000 y 12.000 folios del sumario que instruye Antonio Pedreira están listos para ser repartidos a las partes. De hecho, según explican fuentes cercanas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez pretendía haber dictado el pasado viernes el auto que levanta el secreto sobre un tercio del sumario. Problemas técnicos a la hora de digitalizar los documentos están demorando la fecha, pero se espera que se produzca antes de que finalice el mes.

En realidad, ya no depende de Pedreira, sino del penoso sistema de trabajo con el que cuenta la justicia española. Los más de 10.000 folios deben ser escaneados uno por uno para, una vez guardados en un ordenador, grabarlos en los CD’s que se reparten a las partes personadas. Cuando los funcionarios terminen esta ardua tarea, el juez levantará inmediatamente el secreto.

De acuerdo con las fuentes consultadas, también se está ultimando la expurgación del sumario, es decir, la eliminación de aquellos detalles que afectan a la privacidad o reputación de los investigados, y que no son estrictamente necesarios para la investigación. Dicho de otro modo, el juez busca evitar el espectáculo mediático que han provocado las porciones del sumario desveladas con anterioridad, especialmente por las transcripciones de conversaciones grabadas o aspectos de carácter personal de los implicados.

A esta limpieza del sumario se aferran en el PP con la esperanza de que el impacto de esta nueva dosis de Gürtel será menor que en ocasiones previas. En la calle Génova no se espera que aparezcan nuevos nombres populares en la instrucción, y que el relato de los hechos sea una mera constatación de lo ya apuntado hasta ahora. Fuentes del PP señalaron que el impacto se concentrará en los diputados autonómicos imputados (Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco), que fueron expulsados del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid; y en los ex alcaldes madrileños de Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda), Arganda del Rey (Ginés López) y Majadahonda (Guillermo Ortega).  

Sobre los supuestos cabecillas de la red corrupta (Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y Álvaro Pérez, El Bigotes) fuentes judiciales señalaron que habrá nuevas pruebas sobre sus operaciones inmobiliarias en Miami, y sus desvíos de dinero a paraísos fiscales. Por ejemplo, las comisiones rogatorias a Estados Unidos han sido fructíferas, ya que la justicia de este país ha colaborado con diligencia, algo que no ha sucedido con otros países.

Así, los populares no esperan muchas novedades del TSJM, pero asumen que durante unos días las portadas de los periódicos volverán a la carga con la trama de corrupción. En octubre, el levantamiento de parte del secreto de sumario provocó una fuerte convulsión, ya que mostró como la corrupción había infectado la estructura del partido en diferentes comunidades autónomas. Además, indirectamente, aparecieron citados en el sumario los nombres de relevantes populares, como Alejandro Agag, Francisco Álvarez Cascos o Ana Botella.

Una nueva tormenta que en Génova se prevé pasajera, cuyos efectos ya se han demostrado limitados en cuanto a coste electoral, pero que puede desviar la atención de las materias que interesan al PP: crisis económica, las relaciones con Cuba, el refuerzo de las tropas en Afganistán, el caso Faisán y las denuncias de recorte de libertades, como es el caso del cierre de webs.

Bárcenas y Camps, a la espera

Por otra parte, queda pendiente de conocer qué sucede con la investigación del Tribunal Supremo sobre el ex tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas; y el diputado popular Jesús Merino. El Alto Tribunal anunció este martes una nueva prórroga de un mes sobre el secreto de sumario. El futuro de estos imputados, especialmente el de Bárcenas, sí preocupa en el seno del PP, porque significaría que la corrupción ha llegado al corazón y a las cuentas nacionales del partido. No obstante, la dirección mantiene la esperanza de que el Supremo tome una decisión favorable, y Mariano Rajoy ya anunció que no dimitiría aunque se hallaran pruebas de financiación irregular.

El otro polo de Gürtel se encuentra en la Comunidad Valenciana. El juez Pedreira ha rechazado investigar la supuesta financiación ilegal del PP en esta comunidad, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, y dejar que actúe el Supremo. El Alto Tribunal todavía tiene que decidir sobre el recurso contra el archivo de la causa que pesaba sobre Francisco Camps, Ricardo Costa y otros tres miembros del PP valenciano.